El sumario del caso Púnica es un ir y venir de relojes de marca, cestas de navidad, televisiones de plasma, escopetas, cacerías, viajes o paseos en yate. A Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio, centro neurálgico de la corrupción tejida en torno a Granados, le localizaron 146 lingotes de oro en un banco en Suiza. Antes de que Marjaliza empezara a contar lo que sabía, la Audiencia Nacional le decomisó al empresario cuatro coches, entre ellos un Mercedes Clase A-180 de color dorado, y localizó un zulo en su casa destinado a ocultar su patrimonio, que el juez Eloy Velasco cifró en más de 33 millones de euros. Su sobrina, con apenas dieciocho años, tenía a su nombre catorce inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros. Le pregunto si aquel ritmo de vida tan exagerado y tan corrupto nunca le ocasionó dilemas morales:
—En aquel momento, en el que estaban en la cresta de la ola, ¿nunca se plantearon lo que estaban haciendo? ¿Alguna vez pensó en eso?
—No, yo estaba en una vorágine con muchísimos empleados y muchísimos trabajadores. La empresa crecía y las necesidades financieras me obligaban a tener una máquina y una producción como si fuera una fábrica. Si una fábrica tiene que producir mil coches al día, yo tenía que producir cien viviendas al año, o doscientas o trescientas. Tenía una maquinaria a la que dar de comer. No te planteabas echar a nadie a la calle, quedarte los cuartos y vivir bien. No, nosotros somos empresarios. En mi caso, me considero empresario. Yo no soy un comisionista como en la Gürtel, que montabas una visita del papa, costaba un millón, cobrabas dos y te llevabas uno. Yo no he hecho eso nunca. Yo he hecho viviendas, he hecho locales, he hecho colegios, residencias. Yo no comisionaba, yo hacía producción.
—Me imagino que el regalo, el viaje, el cohecho con el político de turno era parte de la producción, un gasto que tenía presupuestado.
—Claro, era un gasto que se presupuestaba como «exceso de suelo». Lo poníamos en los planes financieros. La comisión era un exceso en el precio del suelo.
—Este eufemismo me recuerda a la «cuenta de quebrantos» de las tarjetas black, que cubría los supuestos robos.
—Algo parecido. Tú ponías que un suelo valía 300.000. Y ahí iba todo: la comisión que le ponías al político, o si tenías que hacer tres regalos, si quería que le regalaras un reloj a su mujer, o un viaje o que le invitaras a no sé dónde. Todas esas cosas iban en ese «exceso de suelo».
—¿Alguna vez los sobornados intentaban cambiar algún regalo?
—Eso me ha pasado muchas veces. Hacer un regalo y tener que cambiarlo porque a lo mejor no les gustaba el reloj que había mandado.
Marjaliza poseía una colección de plumas tan valiosa que la Fundación Montblanc le llegó a pedir prestados varios ejemplares para organizar una exhibición en una sala de exposiciones del barrio de Salamanca. Una de las plumas, de la marca Van Cleef & Arpels, fue tasada en 700.000 euros, según contó el joyero del empresario, quien le vendió relojes de la marca Versace, Rolex y Cartier. El joyero acabó su declaración ante el juez Velasco llorando y pidiendo que le desbloquearan las cuentas, pero reconoció que, mientras el dinero iba entrando, nunca se preocupó por su origen. «Me limitaba a hacer mi labor comercial», dijo, provocando la siguiente pregunta del magistrado: «¿Y tenía usted muchos clientes como Marjaliza?». En pleno trago por declarar en la Audiencia Nacional, pero sin acabar de renegar de aquellos días en los que los billetes entraban a mansalva en su caja registradora, contestó: «Por suerte o por desgracia, ya no sé qué decirle estando aquí, no». Y así se ganó la reprimenda del juez: «Cuando es un cliente serial, uno se tiene que preguntar más que cuando es algo puntual. Alguien puede hacer un esfuerzo en una boda o una comunión, pero un cliente serial…».
La impunidad con la que se desenvolvían políticos y empresarios era absoluta. En las Navidades de 2006 y 2007, Granados cargó a la sociedad pública Arpegio, que él mismo presidía, gastos que superaban los 100.000 euros para regalar cestas de navidad a familiares, compañeros de trabajo y amigos. Entre los beneficiados estaban un primo y una hermana de su mujer, los compañeros de trabajo de esta, la dermatóloga del matrimonio e incluso el médico que operó a su suegra. Todo, por supuesto, con cargo al erario público11. El constructor Ramiro Cid, uno de los más favorecidos por la política municipal en Valdemoro, también repartía cestas de navidad de hasta seiscientos euros entre los amigos de Granados. Las cajas de viandas eran tan horteras que tenían nombres como Afrodita, Diana o Cleo.
Arpegio era la empresa pública en la que supuestamente mangoneaba Granados, mientras que el Canal de Isabel II era el coto reservado para Ignacio González. Por alguna extraña razón, la primera empresa, dedicada a la compra y gestión del suelo en la región, patrocinó en marzo de 2007 un espectáculo musical llamado The night of the proms, que tiene cierta fama en otros países europeos y que ese año llegaba por primera vez al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El evento había sido organizado por la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta, ese empresario —ya fallecido— amigo de Granados al que presentaba como «el inventor de la discoteca móvil». Como las entradas no se vendían al ritmo esperado, Arpegio patrocinó el evento para reducir las pérdidas, lo que supuso un coste para las arcas de la Administración autonómica de 139.200 euros, según la investigación. El espectáculo era un pastiche de pop y música clásica: en el escenario se iban sucediendo las actuaciones de una orquesta sinfónica, un coro infantil y una pléyade de artistas que ya en 2007 parecían absolutamente desfasados, como Mike Oldfield, Tears for Fears o Ana Torroja. Según la crónica de El País, «deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los cincuenta euros que costó la entrada»12. Estuve allí aquella noche (probablemente porque no tenía otra cosa mejor que hacer) y tengo que desmentir categóricamente la primera parte de esa información y confirmar la segunda. No recuerdo haber presenciado en mi vida un espectáculo musical tan nefasto como aquel, en el que se sucedían los gallos de los solistas y las desafinaciones de la orquesta. Lo bueno es que no gasté un duro. En aquellos tiempos en los que Esperanza Aguirre repetía sin parar que el «gratis total» no existía —el mismo gratis que el PSOE quería instaurar en el transporte público para jóvenes y mayores de sesenta y cinco años—, le podían caer unas entradas por la cara al último mono que se paseaba por las dependencias autonómicas.
El sumario del caso Púnica también revela que el contratista José Luis Huerta, que supuestamente hinchaba hasta en un 50 % los contratos que hacía con los ayuntamientos del PP, pagaba de su bolsillo, a cambio, fiestas privadas para Granados y sus amigos. Las fiscales Anticorrupción sospechan de al menos dos celebraciones, entre ellas un cumpleaños del político madrileño en su casa de Valdemoro que contó con catering, equipo de luces y sonido y la actuación de un grupo musical llamado Los Hobbies, que hacían versiones de canciones de los sesenta, setenta y ochenta. La factura, que no consta que Granados pagara, superó los 7.000 euros. En el sentido inverso, las adjudicaciones se hacían a dedo. Los concursos públicos eran una pantomima, pues se organizaban para dar apariencia de legalidad. Buena prueba de ello es una conversación intervenida al ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal de Hacienda José Javier Hernández, donde el político garantizaba a Marjaliza que un contrato en lid iba a ser para alguna de sus empresas. El diálogo entre ambos lo comienza el concejal:
—¡Va a ser la empresa que este señor traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se llame! ¡Qué pinta él, qué no pintan! ¡Van a ser los adjudicatarios y no va a ser otro! En el documento que hagamos voy a poner: «La empresa tal, con representación de tal, se va a presentar». Le he dejado muy claro que el único adjudicatario de esa parcela va a ser esta gente. Me suda la polla cómo se llame el que la compre, la empresa, su puta madre, que tendrá que cumplir con todos los requisitos que saquen en el pliego. Y los únicos que van a poder comprar esa parcela, o no se venderá jamás, serán ellos. La empresa va a ser esta, con este CIF y con este no sé qué, y yo soy el barrendero. La empresa Pepito Jiménez, con CIF no sé qué y domicilio en no sé cuánto. ¡Y ya está y se acabó el problema!
—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!
—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario