La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».
Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:
—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.
—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?
—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?
—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.
—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.
—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?
—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.
Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica13 consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».
En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras cotejar toda la información en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conseguí dar la noticia, a pesar de que los responsables de prensa de la consejería nos tuvieron casi una hora al teléfono intentando convencernos para que no la contáramos. El caso tuvo cierta repercusión y el diputado de IU Eduardo Cuenca presentó varias preguntas escritas sobre la cuestión. El PSOE prefirió no entrar en el asunto. «Si les sacas a los suyos, ellos nos sacan a los nuestros», me dijeron en la Asamblea. El mismo funcionario que me había puesto sobre la pista de la sobrina me contó que había infraestructuras que se llegaban a inaugurar varias veces, y que las presiones que recibían para informar en un determinado sentido iban en aumento con el paso de los años. Para escribir este libro, quince años después, intenté volver a contactar con él, a través de una persona próxima, para que me refrescara la memoria. Tras declinar educadamente la invitación, contestó con un mensaje que no quiero dejar de reproducir: «No os puedo ayudar. Desde hace un tiempo formo parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dedico todo mi esfuerzo profesional a que [el cargo] que me han encomendado sea un éxito». El funcionario filtrador acabó prosperando.
En abril de 2021, un día antes de que comience la campaña electoral madrileña que encumbró de manera incontestable a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, charlo con Esperanza Aguirre y le pregunto por los indicios de corrupción que pesan sobre sus dos lugartenientes, Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre rechaza todas las imputaciones, con este primer argumento:
—Mi opinión es que la instrucción ahora es una investigación. Entonces, en lo que hay condenas es en la primera etapa de Gürtel. En Púnica ni siquiera se ha abierto el juicio oral, en Lezo creo que sí, pero no estoy muy segura. ¿Y el otro cuál era?
—Básicamente, las piezas de Lezo, Púnica y Gürtel. Yo lo que quiero preguntarle es si nunca supo usted en realidad a qué se dedicaban, presuntamente, el señor Granados y el señor González.
—Vamos a ver, yo, de ninguna manera, Alfonso, puedo condenar a gentes que no han sido ni tan siquiera juzgadas. La presunción de inocencia es la columna vertebral del sistema de justicia penal y, por lo tanto, cuando el juez investigue y les condene y la condena sea en firme, te diré algo.
—Pero hay muchos indicios [de corrupción] sobre González y Granados.
—¡Pero yo no soy el juez! Ignacio González y Francisco Granados tendrán sus abogados defensores y yo les concedo la presunción de inocencia.
—Pero, señora Aguirre, eran su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido. Más allá de la responsabilidad in vigilando…
—Les concedo, les concedo la presunción de inocencia, ¿vale? Se la concedo. Yo he dimitido en los dos casos cuando les han detenido. ¿Por qué? Pues porque entiendo que, si un juez detiene a alguien, será porque ha encontrado indicios suficientes. Pero hasta que esos indicios no se transformen en pruebas, yo no les voy a quitar la presunción de inocencia. ¿Me entiendes?
—Sí, perfectamente. Le quería preguntar otra cosa: hay una grabación de Ignacio González en el caso Lezo en la que afirma que López Viejo estaba «chantajeando con la agenda de la presidenta». Llega a decir que se lo dijo a usted, que le avisó de esa circunstancia y que usted no hizo nada. ¿Qué le parece esa grabación que, insisto, es de Ignacio González y aparece en el sumario?
—Lo que me parece es que yo cesé a López Viejo. Y ya no te voy a contar más cosas, querido Alfonso. Me parece muy bien y te deseo mucho éxito con tu libro, ¿vale?
—No sé si le puedo preguntar una última cosa…
—La anterior era la última, macho.
—La penúltima.
—No, no, esta es la última.
—Esta es la última. Pasados ya los años, con el reposo que da todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué fue exactamente el «Tamayazo», en su opinión?
—Pues el «Tamayazo»