—¡Ah, vale! Que no fue la investidura de Simancas, que fue, como tú sabes si tú estabas allí, la sesión constitutiva y la elección de la Mesa de la Asamblea. ¿Por qué hicieron estos dos eso? Pues los del PSOE decían que era una trama inmobiliaria del PP. Han pasado dieciocho años y ninguno de los dos [Tamayo y Sáez] han cambiado de vida, ni les han dado dinero, ni hay trama inmobiliaria, ni nada de nada de nada. ¿Mi opinión? Es que un grupo dentro de la… ¿cómo se llama la cosa socialista?
—La FSM.
—¡La FSM! Un grupo liderado por este cuyo nombre me he olvidado ya...
—Tamayo.
—¡No!
—Balbás.
—¡Balbás, Balbás! No estaban de acuerdo con el reparto que Simancas había anunciado que iba a hacer de las consejerías, que le iba a dar... me parece que era Educación y Medio Ambiente a Izquierda Unida. Y le pareció que era una manera de presionar a Simancas que se ausentaran estos dos en esa Asamblea. A mí me vino Simancas y me dijo (está la grabación) que no era un retraso, sino un plante. Mi punto de vista es que fue un error garrafal de Rubalcaba y de Zapatero, que obligaron ese mismo día a mediodía a romper todos los lazos con estos y a… Yo creo que, si Simancas hubiera llamado a esta pareja y les hubiera dicho: «Venga, machos, vamos a hablar, ya veremos lo que haremos con las consejerías de IU, no sé qué, tal, y venid a la investidura que va a ser tal día...».
—Entiendo que, en su opinión, no tuvo nada que ver con el hecho de la «burbuja inmobiliaria» o de la construcción desaforada que había en aquella época en la Comunidad de Madrid.
—¿Pero qué burbuja inmobiliaria? [risas] Mira, si yo no estaba en la Comunidad de Madrid, estaba Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fíjate, se lo puedes preguntar a Simancas, si quieres. Cuando se inauguró una Ciudad del Atleti en Alcorcón o algo así, algo del Atlético de Madrid en Alcorcón, de repente le digo yo a Simancas: «¡Ahí va! ¿Pero esto no era la trama inmobiliaria del PP?». Y es que se cascaba de risa. A ver, ¡no! No ha habido ninguna prueba y ha pasado ya suficiente tiempo para que encontraran pruebas y eso. Pregúntale a Pepe Blanco [exsecretario de Organización del PSOE], que al principio pensaba que sí las había y no. Es que fue así de sencillo, esta chica, que no me acuerdo de cómo se llamaba, yo les llamaba Tamayo y Baus…
—María Teresa Sáez.
—Se llamaba Sáez, esta. Pues me parece que era auxiliar administrativa en el 12 de Octubre y siguió siéndolo hasta que se haya jubilado. Supongo ya que se habrá jubilado...
En mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón arrollaron a sus competidores del PSOE, Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente. Catapultada por la ampliación del Metro, la construcción de siete hospitales y cincuenta centros de salud, y por la cuestionada reducción de las listas de espera en la sanidad pública, Aguirre sacó diez escaños más que en las segundas elecciones de 2003. Simancas perdió tres diputados y presentó su dimisión. Una nueva etapa se abría en la política madrileña. También para mí, con un nuevo destino en la sección de Nacional y, concretamente, en el departamento de Tribunales, en el que, como tardaría poco en comprobar, me volvería a cruzar con muchos de los protagonistas de aquella época.
CAPÍTULO 4
LA ESPAÑA DE LOS VOLQUETES
La España de los años locos y la corrupción descontrolada, que se desarrolló desde finales de los noventa hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.
En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC1. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.
El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»2.
Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo3. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia4. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados