En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls5.
CAPÍTULO 5
PACTO DE SILENCIO ALREDEDOR
DE UNA TARJETA BLACK
Mientras la corrupción se iba adueñando de todo en Madrid, los medios de comunicación miraban para otro lado. Entre otras razones, por la ingente publicidad institucional que recibieron de la Comunidad durante esos años. Según los datos que manejaba el PSOE, solo en 2007 el Gobierno autonómico gastó noventa millones de euros en publicidad, el triple de lo destinado a las ayudas a la vivienda1. Telemadrid se convirtió en el aparato más eficaz de propaganda del Ejecutivo, aunque, a medida que incrementaba la manipulación informativa, se iban despeñando sus índices de audiencia. En agosto de 2012, Esperanza Aguirre fue a visitar los trabajos de extinción de un incendio en el municipio de Valdemaqueda y se topó con un cámara y con una redactora de la cadena: «¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?»2, les espetó visiblemente enfadada. Su jefe de prensa, que contemplaba la bronca, no sabía dónde meterse. Unos meses después, la televisión anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que fueron despedidos 861 trabajadores, muchos de ellos remisos a colaborar con la estrategia informativa de la dirección del ente. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el ERE no era «ajustado a derecho», al entender que la situación económica de la cadena no justificaba el volumen de despidos. Cerca de sesenta trabajadores fueron readmitidos, pero el resto tuvo que conformarse con la indemnización que les correspondía por haber sido despedidos de forma improcedente.
En esa situación de corrupción generalizada, todo el mundo parecía mirar para otro lado. ¿Por qué la oposición no denunciaba los desmanes evidentes con más fuerza? ¿Por qué los medios de comunicación no cumplían con su función de informar al ciudadano y controlar al poder político? En muchas ocasiones, me pareció que existía un pacto de silencio no escrito entre el Gobierno de Aguirre, la oposición y los sindicatos, que compartían sillones en el Consejo de Administración de Caja Madrid, presidido por Miguel Blesa. Todos los directivos de la entidad disfrutaban de una tarjeta black a efectos fiscales, es decir, que no tributaba a Hacienda, tarjeta que utilizaban para gastos personales de los que no tenían que dar cuenta a los órganos de dirección. Recuerdo cómo muchos dirigentes socialistas me decían: «Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan». Al ser solo rumores sin mayor soporte documental, nada se podía publicar, pero la existencia de las tarjetas black era conocida por todos. Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número dos de la FSM, y la famosa tarjeta era la misma con la que, según los extractos validados por el Tribunal Supremo, se gastó 900 euros en una agencia de viajes el día que a Simancas le birlaron la presidencia regional. El día que se jodió Madrid.
En mi entrevista con Simancas, le recuerdo esa presencia de los socialistas madrileños en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Se produce el pasaje más tenso de la conversación justo cuando le pregunto lo siguiente:
—Allí todo el mundo estaba metido: representantes de los partidos políticos, de los empresarios, de los sindicatos… Y todos han sido condenados. ¿Había un pacto de silencio en torno a Caja Madrid?
—Distingamos la financiación de operaciones urbanísticas y de otras empresas extrañas e irregulares en las que entró Caja Madrid del caso de las tarjetas black, en el que hay involucrados, procesados e incluso condenados de varias formaciones políticas y sindicales, incluida la mía. En lo primero no estaban todos, estaba el PP. En lo de las tarjetas, sí.
—Me refiero a Caja Madrid. Estaban todos los partidos, todos y, de hecho, había peleas grandes por tener un sillón. Lo sabes y lo sé.
—Sí, sí, pero las grandes operaciones las manejaban quienes las manejaban: los que mandaban en Caja Madrid. La representación de algunos partidos políticos, a través de la Asamblea de Madrid o de los ayuntamientos, eran puestos en la Asamblea General de la Caja, que se reunía dos veces al año en Ifema, acuérdate.
—Y en el Consejo de Administración también.
—Sí, sí, es que no me has dejado terminar. Y en el Consejo de Administración. Pero, vamos, que mandaban y se enteraban de lo que se enteraban. El equipo directivo era el que mandaba. No quiero eludir responsabilidades, es evidente que ahí había una responsabilidad compartida en algunas cosas. Las decisiones importantes las adoptaba el equipo directivo que encabezaba Blesa, que era el amigo de Aznar. No obstante, el papel del Consejo de Administración en ese entramado no fue, por lo que yo sé, muy protagonista.
—Pero todos los miembros del Consejo de Administración tenían una tarjeta black que iba a la cuenta de quebrantos y que utilizaban para gastos personales.
–Sí. Eso se investigó, se enjuició, se procesó a los culpables y han estado en la cárcel, efectivamente.
—Y como líder del PSM, ¿no cabría asumir algún tipo de responsabilidad también por eso?
—En cuanto supimos lo que ocurrió, lo que hicimos fue separar a esas personas inmediatamente del partido. En algunos ayuntamientos hubo corruptelas. ¡Yo eché a seis alcaldes en ejercicio, eso no lo ha hecho nadie en este país!
El banquillo de las tarjetas juntó a dos protagonistas del «Tamayazo» en una imagen icónica de una época: Antonio Romero, número dos de Simancas en la FSM, y Ricardo Romero de Tejada, el ex secretario general del PP madrileño que se enteró por la prensa de que iba a dimitir de su cargo, y también el mismo dirigente que había recibido al empresario que pagó el hotel en el que se alojaron Tamayo y Sáez. Sentados delante del tribunal, olvidadas las rencillas que les habían hecho enfrentarse a cara de perro, Romero y Romero de Tejada compartieron —además de apellido— el argumento de que sus dispendios con las tarjetas eran perfectamente legales. «Los gastos eran adecuados todos», dijo Romero de Tejada para justificar que empleara el dinero en puros, armas o lotería. O para explicar por qué el día más luctuoso de la historia reciente de España, el 11 de marzo de 2004, en el que murieron casi doscientas personas por los atentados terroristas en los trenes de Atocha, pagó 347 euros en lotería3. Por su parte, el socialista Antonio Romero defendió que, «si tenía cargos en días festivos y fines de semana, era porque tenía actividades».
Por acción o por omisión, muy pocos se salvan de lo que se hizo en aquellos años, cuando los diputados del PP reconocían que el Parlamento regional era «un balneario» y «una bendición del cielo», y algunos de quienes se sentaban enfrente, en las filas de la izquierda, soltaban a modo de chiste que en la oposición se vivía mejor, porque en el Gobierno se trabajaba más. «Lo bueno de ser portavoz en la Asamblea y candidato a la Alcaldía a la vez es que, cuando no estás en la Asamblea, piensan que estás en el Ayuntamiento, y cuando no estás