—Lo que me cuenta es que había llegado a un acuerdo para formar un gobierno con el PP porque no estaba de acuerdo en cómo funcionaba su partido, la guerra aquella entre Renovadores por la Base, guerristas y toda aquella ensalada que había en el PSOE de Madrid. Ese acuerdo no llega a buen puerto porque, finalmente, gobierna el PP en solitario, y Tamayo me dice que quiere una compensación económica porque no ha conseguido lo que supuestamente se había pactado en aquellas reuniones. Le digo que no sé de qué me está hablando, que me suena a chino todo lo que me está diciendo, pero que se lo voy a trasladar a la presidenta. Aguirre me dice que ella no conoce esos acuerdos, y, por lo tanto, que de compensación económica, nada.
—¿Y qué compensación económica decía que había pactado? —pregunta Inda.
—Algún millón de euros, más de dos y menos de cinco. Se los negué, porque Aguirre no conocía nada de ese acuerdo. Tamayo después se presentó algún día en la Puerta del Sol exigiéndolo. Eso es todo lo que sé del «Tamayazo», que es nada. Es lo que me contó Tamayo y que yo no me creo, porque vi cómo Esperanza Aguirre dijo: «A este señor, nada de nada».
—¿Y con quién le dijo que había pactado?
—Con los que entonces mandaban en el PP de Madrid. No me especificó.
—¿Pío García-Escudero?
—Tamayo me dijo que él había hablado con la dirección del PP en Madrid. No sé si fue con uno o con tres. O con ninguno.
La tesis de la traición remunerada también se desprende de los denominados «Papeles de Tamayo», publicados por Infolibre11. Son cuatro folios manuscritos, supuestamente elaborados por el exdiputado socialista, en los que, de forma bastante embrollada, sitúa a Dionisio Ramos en el centro de la trama. Este enigmático personaje había sido compañero de militancia de José Luis Balbás en UCD. Balbás, a su vez, fue el mentor de Tamayo, y también compañero en la Universidad Complutense de Madrid de la entonces diputada y después presidenta regional Cristina Cifuentes, a quien además recomendó el máster que posteriormente supuso el principio del fin de su carrera política.
Alrededor del «Tamayazo» se repiten siempre los mismos nombres propios. Y se suceden las coincidencias. En los años previos a la traición, entre 1999 y 2002, la Complutense mantuvo también una caja de fondos B que funcionaba de forma paralela a la contabilidad oficial, con la que se realizaron gratificaciones a personal ajeno a la institución por valor de 894.000 euros. Entre los beneficiarios de esa contabilidad oculta, que supuestamente gestionaba Dionisio Ramos, se encontraba José Antonio Expósito, el vigilante privado que acompañó a Tamayo y Sáez cuando abandonaron la Asamblea aquel día que todo comenzó a joderse12. Expósito, según El País, trabajó en el Banco Santander durante diez años, primero como miembro del equipo de seguridad y después, como conductor. Más tarde, fue empleado del Grupo Intereconomía. En 2010 fue condenado a 22 meses de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y conseguir que dos agentes le facilitaran información reservada entre 2003 y 2004. El falso espía se bautizó a sí mismo como «Agente Tango 00»13.
Tamayo, por su parte, se mudó a Guinea Ecuatorial, donde comenzó a hacer negocios relacionados con la asesoría empresarial y la construcción en 2009. Once años más tarde, en 2020, un juzgado de Vigo llegó a imputarle por una presunta extorsión a un empresario — junto al líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad—, pero la Audiencia Provincial de Pontevedra archivó la causa por falta de indicios.
Uniendo todas las piezas del puzle, se llega a la conclusión de que el PP tenía abiertos canales de comunicación con Tamayo y con las personas que posibilitaron su escapada en un momento en el que el partido recibía aportaciones millonarias para su caja B de grandes constructoras, empresas que, a cambio, multiplicaron sus beneficios en la Comunidad durante el auge de la burbuja inmobiliaria. La deserción del socialista contribuyó decisivamente a que la izquierda no haya vuelto a gobernar en Madrid desde 1995. Pero el «Tamayazo» nunca se llegó a investigar en los tribunales. El entonces fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, más tarde ministro de Justicia con el PSOE, aseguró en 2007 que recibió órdenes para no hacerlo14. Al frente de la Fiscalía General del Estado se encontraba en aquel momento Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno de Aznar. Los perfiles que se publicaron sobre Cardenal le definían como «un alma educada, disciplinada, obediente y muy conservadora», que además era miembro del Opus Dei15.
Dieciocho años después de aquellos hechos, charlo con el principal afectado del «Tamayazo», Rafael Simancas, el hombre que pudo ser presidente. Repite los mismos argumentos que decía en aquel lejano 2003. Si cierro los ojos, me puedo ver a mí mismo, con veintipocos años, tomando notas en alguna de las maratonianas ruedas de prensa que Simancas protagonizaba en la Asamblea de Madrid o en la destartalada sede de los socialistas madrileños en la calle Santa Engracia. Simancas es el único protagonista que sigue en primera línea de la política, como portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, desde el que defiende al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez frente a la oposición de derechas. Continúa negando con la misma contundencia que el «Tamayazo» se debiera a presiones entre las familias socialistas: «Fue una operación artera, ilegítima y antidemocrática que les dio una sensación de impunidad extraordinaria», afirma muy serio. Reconoce, meneando un poco la cabeza, que la traición le causó «una gran frustración personal» y que supuso «una decepción colectiva» para su organización. Pero, sobre todo, lamenta las consecuencias para la sociedad madrileña: «Urbanismo salvaje, depredación de lo público y privatización de la sanidad y la educación».
Para Simancas, lo que propició aquel episodio negro fue el enriquecimiento desbocado de la burbuja inmobiliaria: «Estábamos en los tiempos en los que la legislación de Aznar liberalizaba el suelo, y algunos entendían que las recalificaciones urbanísticas eran el gran maná. De pronto, aparece un candidato que habla de someter el suelo a una mayor regulación; de hacer un plan de estrategia territorial en el que iban a participar las universidades y en el que los ayuntamientos, de uno y otro color, no iban a tener vía libre para transformar suelo rústico o dotacional en suelo residencial». Mientras mueve las manos con vehemencia, añade: «¡Unos cuantos decidieron que mejor no!, ¡que quiénes eran los madrileños para elegir a su presidente!, ¡que para eso estaban ellos!». Simancas sostiene que el «Tamayazo» abrió la puerta de la corrupción en Madrid: «Fue el principio de toda esta escalada de corruptelas que han protagonizado los Gobiernos del Partido Popular. Allí, en buena medida, empezó todo; significó la barra libre. Si podían comprar un Gobierno y salir impunes, recalificar un par de parcelas y repartirse los beneficios, o ejercer de comisionistas y poner la mano ante los contratistas en la Administración, eso eran asuntos menores. Si habían podido hacer lo mayor, ¿por qué no iban a hacer, con total impunidad, lo menor?».
CAPÍTULO 2
EL GOBIERNO DE LOS MEJORES...
ABOGADOS
De aquella bochornosa comisión de investigación del «Tamayazo», en la que solo salieron a la luz las miserias políticas de los socialistas madrileños y en la que la política quedó enfangada en lo que se llamó la «táctica del calamar» —echar la tinta sobre el oponente, por decirlo finamente—, emergió un político simpático y campechano, encargado de presidir la mesa que controlaba los interrogatorios. Lo hizo con mesura y sentido común, y fue elogiado a izquierda y derecha por la sensatez con la que había manejado una situación institucional tan delicada. Su ascenso en el partido, paralelo a los negocios que años después fue desvelando el sumario del caso Púnica, resultó meteórico.
Francisco Granados Lerena llegó a la Asamblea de Madrid como el alcalde de moda en el PP, pues había conseguido