Simancas se negó a pactar con Renovadores por la Base y luego pasó lo que pasó. Tras el «Tamayazo», se embarcó en la denuncia de una «trama inmobiliaria corrupta» vinculada al PP, que supuestamente había desbaratado el primer Gobierno progresista en Madrid desde los años ochenta para proteger los intereses de especuladores y grandes empresarios. Uno de los culpables a los que señalaba Simancas era Francisco Bravo, dueño de una empresa de autobuses y militante del PP, quien alquiló dos habitaciones y una sala de conferencias en las que se alojaron los tránsfugas justo después de su deserción1. Aquel 10 de junio, por la mañana, Bravo tenía una cita en la sede del PP de Madrid, en la calle Génova, con el entonces secretario general del partido, Ricardo Romero de Tejada, quien le recibió para tratar un asunto sobre el municipio de Sevilla la Nueva, según declaró después en la comisión de investigación parlamentaria que se organizó para esclarecer los hechos: «Hablé entre uno y tres minutos con él. Lo conocí hace un año más o menos y lo he visto en dos o tres ocasiones. No sabía que era promotor inmobiliario y tampoco que era afiliado al PP», añadió2.
El segundo indicio que vinculaba a los desertores socialistas con el PP eran las llamadas que, el día antes del golpe de mano, se intercambiaron Romero de Tejada y el abogado José Esteban Verdes, también afiliado al PP, quien a su vez estaba en contacto con Tamayo. Ambas sospechas fueron recogidas en una denuncia escrita por el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, que el PSOE presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y que tardó cinco minutos en ser archivada. Los magistrados argumentaron que los socialistas presentaban como pruebas meras «conjeturas inconexas y sujetas a interpretación múltiple», y que no existían indicios de que los diputados hubieran sido comprados y, por lo tanto, incurrido en un delito de cohecho.
En 2003, la burbuja inmobiliaria crecía a un ritmo nada desdeñable, espoleada por la liberalización que permitió la reforma de la Ley del Suelo de 1998. Esta norma consideraba urbanizable todo el suelo que no fuera urbano ni protegido, bajo la sacrosanta convicción liberal de que, al poner en el mercado una gran cantidad de terreno disponible para construir, su precio bajaría. Los grandes proyectos urbanísticos encontraban financiación pública y privada sin demasiados problemas. En ese ambiente de efervescencia del ladrillo, Simancas comenzó a oficiar en aquellos días previos al «Tamayazo» como presidente in pectore. En una entrevista con el entonces periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, Simancas aseguró que tenía previsto trasladar la nueva mayoría progresista que existía en la Asamblea hasta el Consejo de Administración de Caja Madrid, en el que, bajo la presidencia de Miguel Blesa, ya circulaban alegremente las tarjetas black desde hacía varios años.
El candidato socialista se presentó a la investidura y la perdió a causa de la abstención de los dos díscolos felones. Sin embargo, la crisis política e institucional posterior, la más grave en la historia de la Comunidad, se saldó con una comisión de investigación esperpéntica que perjudicó sobremanera a la FSM, pues salieron a relucir todos sus trapos sucios, los follones recurrentes por los que la dirección federal del PSOE consideraba a la federación madrileña «una jaula de grillos». El PP, desplegando una estrategia magistral que ha ido perfeccionando con los años, consiguió que calara en la opinión pública un relato que explicaba el transfuguismo no por la intervención de los populares, sino como consecuencia de la actuación de los propios protagonistas; en este caso, por las disputas urbanísticas entre Tamayo y Enrique Benedicto Mamblona, marido de la número dos de Simancas en la Asamblea, Ruth Porta, quien trabajó para una fundación que participaba en la construcción de viviendas protegidas.
De aquel escándalo mayúsculo para la democracia, que nos tuvo todo el verano encerrados en un edificio inteligente —el de la Asamblea— en el que era posible morirse de frío en Madrid en pleno mes de agosto, me quedan básicamente dos recuerdos, y los dos son frívolos, lo que demuestra que la estrategia con la que el PP afrontó aquella comisión de investigación fue todo un éxito. El primero es el ciclópeo «embolicamiento» que la compañera de fuga de Tamayo, María Teresa Sáez, sufrió durante su comparecencia parlamentaria. Abrumada por las preguntas, perdió los nervios y acabó zanjando el asunto con un concluyente «No a todo». Lejos de beneficiar al PSOE, su nula capacidad argumentativa puso de manifiesto la falta de exigencia que el partido tenía a la hora de confeccionar sus listas, con candidatos y candidatas de escasa preparación hasta para hablar en público. El segundo recuerdo que guardo es el denominado «Rap de Tamayo», que Pablo Motos y Raquel Martos cantaron en la Cadena Ser para describir las decenas de llamadas que el tránsfuga se intercambió, el día antes de su deserción, con José Esteban Verdes —pareja de la viceconsejera de Presidencia de la Comunidad, Paloma García Romero, próxima a Ruiz-Gallardón— y con el número dos de los populares madrileños, Ricardo Romero de Tejada: «Vaya trasiego de llamadas. Tamayo llama a Verdes y Verdes a Tejada, Tejada a Verdes vuelve a llamar, van acumulando puntos Movistar»3, decía el rap. Nunca se supo con certeza de qué hablaron los tres en aquellas horas cruciales.
Al cabo de los años, resulta tragicómico que el único condenado por el «Tamayazo» sea Alberto Moreno de Lucas, el extrabajador de Telefónica que sustrajo los datos de las llamadas y que los filtró a la prensa. En una entrevista concedida en 20184, Moreno juró «por la vida» de sus padres que no había filtrado las comunicaciones, y denunció que la investigación, que llevó a cabo el juez de Plaza de Castilla Adolfo Carretero, se había prolongado demasiados años. «Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años: “¡Dime que has sido tú. Si has sido tú, dímelo!”. Y siempre le he dicho lo mismo: “Padre, le juro por madre que yo no he sido”», relató.
El periodista Felipe Serrano, quien mejor ha contado el «Tamayazo» y sus angostos recovecos, sostiene en su libro sobre el escándalo5 que el PP no estaba interesado en investigar el caso por razones obvias, y que, cuando Zapatero llegó a La Moncloa en el año 2004, también se desentendió del asunto. Ni siquiera el PSOE ahondó. Un confuso episodio señala que el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José Bono, siendo ya ministro de Defensa, confió a Simancas que tenía «pillados» a quienes estaban detrás de la deserción, pero que no había encontrado en Zapatero «una actitud muy positiva para mover el asunto»6.
Que el «Tamayazo» es una historia inconclusa lo demuestra también la escena que se produjo el 18 de marzo de 2010 en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, siete años después del escándalo. El exdiputado socialista se presentó en la puerta del edificio y, tras enseñar su carné de identidad, apuntó que tenía una cita con la presidenta, Esperanza Aguirre. Cuando los empleados de seguridad comprobaron que no aparecía en la agenda de reuniones, le invitaron a marcharse, pero Tamayo aprovechó la presencia de algunos informadores para adelantar que quería entregar a la jefa del Ejecutivo regional «cierta información relacionada con el exdiputado Ricardo Romero de Tejada» y con la parlamentaria Carmen Rodríguez Flores. «Algo tienen que ver con lo ocurrido en 2003», deslizó, enigmáticamente7. La mencionada diputada era amiga íntima del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, quien supervisó durante veinte años la contabilidad B de la formación junto a Luis Bárcenas. Esa caja B se nutría de las donaciones ilegales que abonaban —en metálico— grandes constructoras, que posteriormente resultaban adjudicatarias de concursos públicos, según quedó acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel —sentencia ratificada después por el Tribunal Supremo8—. En 2013, la tránsfuga María Teresa Sáez indicó que la popular Carmen