La bioética de los actores sociales de Soto Norte se orienta a los intereses individuales por encima de los colectivos: prima la supervivencia sobre la conservación del páramo y, por ende, del agua. Sus intereses apuntan a lo inmediato, no al futuro. Los valores de autodeterminación, equidad y justicia están presentes en la identidad de estos actores, pero en un sentido distinto al sugerido por los análisis de la ecología política: al constituirse la comunidad en aliada de las multinacionales, este se convierte en un caso de estudio diferente a las luchas de los movimientos de campesinos e indígenas contra la desnaturalización de la naturaleza. En esa medida, la cultura minera de Soto Norte se configura como un referente particular dentro de este enfoque.
En la bioética de los ambientalistas se percibe un sentido de defensa del agua como recurso vital para las generaciones presentes y futuras. Aunque sus principios de relación con la tierra no son del tipo idílico de las filosofías andinas, proclaman la correspondencia y la complementariedad con la naturaleza como ejes para la supervivencia y la calidad de vida humanas. Para ellos prima el bien colectivo –el derecho al agua– sobre el bien particular.
La bioética de los actores individuales se orienta a proclamar la minería responsable como posibilidad para continuar explorando y explotando el oro de Santurbán; no obstante, sus discursos evidencian contrasentidos.
En los enunciados del actor mediador se vislumbra el principio de equidad y justicia, al proclamar la necesidad de un futuro digno para estas comunidades de Soto Norte; sin embargo, la bioética del Gobierno está aún en deuda con la región, ya que no tiene en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones ni el diseño de su futuro.
Durante muchos años, las comunidades de Soto Norte no conformaron movimientos sociales por el temor de que las relacionaran con los grupos armados al margen de la ley que azotaron la región en el pasado.
La mayor demanda de los actores sociales de la región es el empleo. Aspiran a que este sea el resultado de la minería responsable que, según ellos, se debe realizar en el páramo.
Para los ambientalistas, la estrategia de reapropiación es la vía jurídica, que en últimas dirimirá la importancia del agua como derecho fundamental.
La autodeterminación de los pueblos de Soto Norte implica la vulneración del derecho al agua de la mayoría.
Este conflicto socioambiental no ha sido abordado desde la diversidad cultural. En esa medida, los pequeños mineros son los más afectados por decisiones jurídicas que, aunque en la teoría pretenden favorecer el derecho al agua, en la práctica no lo garantizan, puesto que las multinacionales podrán continuar operando debajo de la línea de páramo. La inequidad y la injusticia se evidencian en la toma de decisiones, pues no se contempla este ecosistema desde una perspectiva holística.
La igualdad en la diferencia como valor bioético no está presente en las alternativas de desarrollo propuestas a las comunidades tras la delimitación del páramo, pues estas significan una expropiación de recursos, culturas e identidades.
En su texto ¿Qué es la bioética? (2007), el filósofo francés Gilbert Hottois alude a estos tres ámbitos hacia los cuales la bioética ha dirigido sus objetivos.
ABORDAJE METODOLÓGICO DEL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL DE SANTURBÁN
El páramo Santurbán como contexto de la investigación
El páramo Santurbán es un complejo ubicado en los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander, cordillera Oriental de los Andes, con una extensión de 260 000 hectáreas. Este ecosistema se conecta con los complejos del páramo Almorzadero, Cocuy, Pisba y Tota. Es estratégico como reserva natural por su rica biodiversidad y como zona de recarga y regulación de agua, puesto que abastece a 48 municipios: 15 en Santander y 33 en Norte de Santander, con una población aproximada de 2,3 millones de personas. Además, el agua de Santurbán es el afluente más importante del lago Maracaibo, en Venezuela.
El conflicto socioambiental por los límites del páramo Santurbán se inició a finales de 2011, cuando los ambientalistas comenzaron a protestar, mediante marchas, por lo que consideraban un atentado ecológico y social: el Gobierno nacional había permitido la explotación a cielo abierto a la empresa canadiense Greystar, hoy Eco Oro, cuyo proyecto Angosturas afectaría el agua que consumen más de dos millones de habitantes de los departamentos de Santander y Norte de Santander y vulneraría la biodiversidad del ecosistema. Ante la presión, el Gobierno decidió marcar linderos al páramo a fin de conservar el ecosistema; no obstante, aplazó la medida durante tres años, alegando que daría un supuesto manejo social a las comunidades, para que sus formas de vida no fueran afectadas. Estos grupos sociales se constituyeron en la otra cara del conflicto, pues al quedar las multinacionales en standby, sus opciones de vida se vieron perjudicadas: muchos pequeños mineros habían vendido sus títulos a estas compañías, a medida que la minería tradicional decaía por las grandes exigencias de las normas ambientales.
Por fin, el 23 de diciembre de 2014 el Gobierno nacional dictó la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual delimitó el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y adoptó otras determinaciones. Esta Resolución estableció que 129 743 hectáreas de las 260 000 del páramo Santurbán serían protegidas. También consideró que este complejo es una valiosa fuente hídrica para los departamentos de Santander y Norte de Santander –por tanto, para 2,5 millones de habitantes– y que las actividades mineras y agrícolas allí realizadas benefician aproximadamente a 8965 personas. Ante la necesidad de garantizar la conservación de este ecosistema, estableció su ordenamiento en cabeza de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) dentro de los tres años posteriores a la Resolución.
Este ordenamiento debería instaurar, en el plazo señalado, tres tipos de zonas en el páramo: de preservación, de restauración y de uso sostenible. Las primeras deben mantenerse sin intervención humana; las segundas deben ser restauradas para mejorar el flujo de los servicios ecosistémicos del páramo, y en ellas son posibles ciertas actividades; y en las terceras es viable el desarrollo de actividades productivas, pero haciendo uso de los componentes de la biodiversidad, de tal modo que no ocasione disminución ni degradación en el largo plazo.
Asimismo, la Resolución determinó las directrices para las actividades agropecuarias y mineras. Respecto de las primeras, indicó que deben ser sustituidas o reconvertidas, de tal modo que los agroquímicos no continúen afectando el suelo; respecto de las segundas, señaló que las licencias seguirán vigentes si fueron concedidas antes de 2010, pero bajo estricto control y vigilancia. Por otro lado, desde esta fecha quedaron prohibidos nuevos contratos de concesión minera, esto es, quedó vedada la actividad minera dentro de los límites del páramo.
Según estas determinaciones, las poblaciones que deberán convertir sus actividades en sostenibles son los municipios de Vetas y California y el corregimiento de Berlín, todos ubicados en Santander. Los dos primeros son de tradición minera; el tercero, de tradición agrícola y ganadera.
La delimitación fue catalogada por los ambientalistas como un inmenso engaño, por considerar que los páramos ya estaban delimitados por la Resolución 0937 de 2011, y que solo se había favorecido a las multinacionales:
Santurbán sin duda es el más grande engaño ambiental del país. Primero, el Gobierno nacional delimita lo que