Este conflicto socioambiental es precisamente el tema que aborda la doctora Basto con una mirada bioética, a fin de aportar elementos teóricos que permitan entender y fundamentar el debate con un enfoque de ecología política, no solo en Colombia sino en América Latina. El punto de partida es el análisis bioético de un problema local, el de las comunidades aledañas al páramo Santurbán y su afectación por la explotación del oro, considerando variables como los discursos de los diferentes actores sociales que en él intervienen, sus ideas de naturaleza y las estrategias de reapropiación desarrolladas por los movimientos sociales. El propósito es determinar si “la igualdad en la diferencia” como valor bioético está presente en las alternativas de desarrollo ofrecidas a las comunidades del páramo y, más allá, presentar una visión distinta del problema y otras opciones para la futura toma de decisiones respecto a los conflictos socioambientales en la región, la minería responsable y las políticas extractivistas y de expropiación.
La autora, nacida en Bucaramanga, es comunicadora social - periodista, especialista en Gerencia social y cultura, magíster en Pedagogía y doctora en Bioética. Se ha desempeñado como docente universitaria, tutora e investigadora en temas relacionados con medio ambiente, pedagogía, epistemología, semiótica, paz, educomunicación, educación y currículo. Actualmente es docente formadora de maestros de preescolar y primaria en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y catedrática de la Universidad Industrial de Santander, y adelanta investigaciones en el área de educación ambiental.
Esperamos que este libro contribuya no solo a la comprensión y superación de conflictos en los ámbitos social, ecológico y educativo, sino al fortalecimiento de la bioética como un campo generador de criterios para la formulación de políticas de gestión ambiental y resolución de los conflictos sociales conexos.
Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia, 2019
Los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia vienen en aumento a causa de las políticas extractivistas de los Gobiernos, para los que los recursos naturales constituyen fuentes de riqueza y desarrollo, sin importar que esto signifique el detrimento de los ecosistemas y, por ende, de la calidad de vida de las poblaciones que los habitan y que han establecido con ellos una relación distinta a la del modelo capitalista. En esa medida, para estas comunidades la explotación de los recursos representa la violación de su territorio, su autonomía y sus derechos colectivos.
Los antecedentes investigativos en el campo de los conflictos socioambientales establecen que el 40 % de estos se presentan en América Latina, siendo Colombia el país que ocupa el segundo lugar en el mundo después de la India, con 95 casos. Estos conflictos implican la degradación ambiental de ecosistemas, biodiversidad, bosques y recursos hídricos, así como la afectación a comunidades campesinas e indígenas y grupos étnicos (Environmental Justice Organization, s. f.).
Según Pérez-Rincón (2014b), en Colombia las zonas más afectadas por estas disputas son la región andina (con 45 casos), especialmente por la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos, y la costa caribe (con 23 casos), por la extracción de energía fósil. Estas dos regiones concentran el 90 % de los habitantes del país. El autor afirma que el recurso más comprometido es el agua, con 32 % de los casos, y destaca el litigio del páramo Santurbán, que afecta a más de dos millones de habitantes. Además, resalta que los movimientos sociales han sido fundamentales para detener los proyectos de explotación mediante mecanismos de resistencia como paros, marchas y bloqueos, así como mecanismos legales y jurídicos. La lucha de estos grupos se da en situaciones desiguales; no obstante, a la fecha se han detenido diecinueve proyectos, en lo que él denomina “triunfos de la justicia ambiental”.
La ecología política es un enfoque que se ha orientado a analizar el modo en que la naturaleza ha sido desnaturalizada desde la conquista y la colonización de América, y la pervivencia de esa idea hasta nuestros tiempos, que ha suscitado la expropiación de territorios, culturas e identidades. No obstante, las poblaciones expropiadas luchan –de manera desigual– por la reapropiación de sus mundos, sus cosmovisiones y, por tanto, sus recursos naturales, que representan sus estilos de vida y, ante todo, sus posibilidades de subsistencia. Este enfoque analiza los conflictos socioambientales desde dos horizontes: por un lado, las ideas de naturaleza de las diferentes identidades culturales; por otro, los movimientos sociales.
En cuanto al primer horizonte, las investigaciones señalan que las nociones de naturaleza en diferentes grupos latinoamericanos son diversas (Flores, 2008; Escalona y Pérez, 2006; Tarrío, Porter-Bolland y Sureda, 2010; Vanegas, 2013; Sanabria, Socarrás, Herrera, Marín y Noriega, 2013; Muriel, 2013); no obstante, aún hay una tendencia al tipo antropocéntrico, es decir, la percepción de la naturaleza como un asunto biológico y, por tanto, un objeto de consumo. En cuanto al segundo, Chile es pionero en la documentación de casos. Saade Hazin (2013) identificó que los conflictos socioambientales mineros en Colombia, México y Perú enfrentan a los actores de dos modos: por un lado, los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades; por otro, los conflictos entre el Gobierno nacional y las autoridades locales a causa de la inequitativa distribución de los ingresos tributarios provenientes de la minería.
Walter y Urkidi (2013) señalan que entre 2002 y 2012 en América Latina (Perú, Guatemala, Argentina, Colombia y Ecuador) se realizaron 68 consultas comunitarias sobre actividades de minería a gran escala, que desafiaron la toma de decisiones centralizadas, en algunos casos detuvieron los proyectos mineros y en otros aliviaron las tensiones.
Sabatini (1998, p. 6) analizó tres estudios de caso en Chile a fin de entender las relaciones entre los actores enfrentados. Según este autor, los problemas locales ambientales son de carácter único e irrepetible, por lo cual las legislaciones se quedan cortas para dar soluciones. Asimismo, considera que el concepto de medio ambiente tiene múltiples dimensiones, entre ellas la justicia, y que esta no se puede abordar solo desde un modelo de justicia distributiva, sino que debe considerar las nociones de los implicados y sus configuraciones en relación con su mundo socioambiental.
Por su parte, Urán (2013, p. 256) anota que una de las mayores causas de los conflictos socioambientales en Colombia es la minería a gran escala practicada por las multinacionales, la cual cuenta con todas las garantías, mientras que la minería artesanal es satanizada por el Gobierno, lo que disminuye las opciones de vida de quienes tradicionalmente han dependido de esta actividad.
El conflicto socioambiental de Santurbán, según el análisis realizado por el Observatorio Nacional de Paz ONP (2011, pp. 123-125) a partir de las voces de los actores populares en disputa, evidencia la diversidad de los intereses enfrentados: los campesinos de la región, en defensa de la economía local, la soberanía y la seguridad alimentaria; los pequeños mineros, a favor de la minería de bajo impacto y, por tanto, su derecho al trabajo; y el movimiento ambientalista, por la defensa del agua y la biodiversidad.
Alimonda (2011, p. 21) considera que el análisis de estas disputas suscitadas en la relación cultura-naturaleza-vida, que se están canalizando a través de los movimientos sociales en América Latina, debe comprender la perspectiva histórica de la región, que ha sido y continúa siendo la de una naturaleza colonizada, expropiada y desnaturalizada. Si bien el enfoque de la ecología política contempla dimensiones importantes como las mencionadas, las éticas de la vida de los grupos sociales contra la “desnaturalización de la naturaleza” aún aparecen tímidamente en esta perspectiva.
La bioética nació en 1927 con el alemán Fritz Jahr (Sass, 2011, pp. 20-23), quien acuñó este término para llamar la atención a los seres humanos sobre las consideraciones éticas que debemos tener hacia todas las formas de vida –especialmente los animales y las plantas–, las cuales reconoce como fines en sí mismas. Hacia la segunda mitad del siglo xx,