En efecto, esta expansión está signada por su ausencia completa de planificación y débil regulación. Como argumenta José Julio León en su capítulo, la laxitud en las regulaciones o el bajo involucramiento del Estado en el sistema no se puede imputar completamente, ni aun principalmente, al marco jurídico legado por Pinochet. Coincide en esto con Enrique Fernández, quien en su capítulo sobre las políticas públicas desde 1990 destaca factores políticos como los centrales en la mantención durante los gobiernos de la Concertación de la estructura del sistema diseñada en la década de 1980, con enmiendas y ajustes “pragmáticos”, como los llama Fernández, acotados a algunos ámbitos, como la expansión del financiamiento estudiantil, el incremento de los montos y los instrumentos de apoyo a la investigación, la creación del sistema de acreditación, el mejoramiento de la información pública y el fomento al desarrollo de las instituciones a través de fondos concursables y convenios de desempeño.
Al encontrarse la educación superior chilena configurada fundamentalmente por las adaptaciones de las instituciones a los mercados en que operan, la trayectoria del conjunto resulta de la agregación de las decisiones que adopta cada una de las instituciones por su cuenta y riesgo, como planteo en mi capítulo sobre el gobierno de las instituciones. Así las cosas, la calidad de ese gobierno y, en especial, la capacidad de los líderes para interpretar el entorno estratégico de sus instituciones son cruciales para la salud del sistema. A esta cuestión dedican parte importante de su capítulo Emilio Rodríguez y Liliana Pedraja, quienes encuentran vacíos y debilidades importantes en las prácticas de gestión de las instituciones chilenas de educación superior, especialmente en el campo de la dirección estratégica. Una ilustración de lo anterior, desde el ámbito específico de la internacionalización, se encuentra en el capítulo de Claudia Matus, quien llama la atención a la frecuente ausencia en las instituciones de educación superior de una conciencia política —y no una puramente económica o burocrática— del significado y las consecuencias de la internacionalización en un ambiente de globalización.
Las deficiencias de la coordinación del sistema “desde arriba”, es decir, por la acción de la autoridad pública, es abordada también en mi capítulo sobre el gobierno de las instituciones, así como en el de Enrique Fernández. Una vez más, el crecimiento del sistema y su creciente complejidad parecen haber superado la capacidad instalada en las políticas públicas, en la coordinación del sistema y en el gobierno de las instituciones, para canalizar dentro de parámetros mínimos de bien común la legítima autonomía institucional.
Creo que los antecedentes hasta aquí presentados sobre las novedades que ha traído la última década, más muchos otros que el lector encontrará más adelante en el libro, justifican con creces la necesidad de una obra como esta. Sin embargo, la atención de los autores no se restringe a dicho período, sino que se remonta a los primeros años del retorno a la democracia y aún más atrás, al momento del rediseño del sistema en 1981. Con todo, como advierte José Julio León en su contribución a este libro, varias instituciones jurídicas plenamente vigentes hoy remontan sus orígenes a principios o mediados del siglo XX, e incluso a la segunda mitad del siglo XIX. Más ampliamente, en el ensayo de interpretación del arco temporal largo que va de 1964 al presente, José Joaquín Brunner encuentra suficiente identidad entre las fases históricas de ese camino como para procurar englobarlas todas en una narrativa común.
Lo anterior nos lleva a la explicación del título de este volumen: la educación superior “de” Chile, no la educación superior “en” Chile. Lo convencional para referirse a un sistema nacional de educación superior es la segunda forma. Así se encuentra en la literatura internacional (higher education in…) y así, de hecho, la llamamos en nuestro libro de 2004 con Fernando Rojas, que fue inspiración para este.
Sin embargo, nuestra educación superior no es solo la que “existe” en Chile, o la que “está” en nuestro país, como si fuese en parte ajena a las decisiones que como sociedad hemos ido tomado a lo largo del tiempo. Como fluye claramente del trabajo de Brunner, la educación superior que tenemos refleja la trayectoria de nuestro país. La coyuntura actual lo manifiesta muy claramente: lo que emerge como una expectativa social de cambio —o al menos, correcciones— del modelo de desarrollo del país se vuelca luego en la elección presidencial de 2013, y se expresa finalmente en un nuevo “paradigma” (como lo llama Brunner) de política pública para la educación superior.
Y la relación entre educación superior y sociedad no va en una sola dirección, desde la sociedad hacia la educación superior, sino que obra en el sentido inverso también. Podría decirse que la reforma universitaria de 1967-1968 tuvo consecuencias políticas que trascendieron los campus y se volcaron al país, de forma análoga al modo como el giro neoliberal de la década de 1980 tiene una de sus bases en los decretos con fuerza de ley que redefinieron la educación superior en 1981.
Por estas razones, me parece apropiado entender que el objeto de este libro es la educación superior de Chile, la que el país se ha dado a lo largo de una evolución histórica larga, no obstante el interregno dictatorial (que cambió muchas cosas, pero no todas) e incluso que su configuración actual no sea satisfactoria para muchos y no los interprete. El descontento social con el sistema confirma este sentido de pertenencia: se demandan cambios a la educación superior precisamente porque nos importa que ella represente las prioridades y valores actuales de la sociedad.
¿Cuál es el objeto del descontento social con la educación superior? Decía al inicio que con las reformas de la década de 1980 quizás había cambiado el sentido y la finalidad de la educación superior chilena. Así parece haberlo entendido el movimiento estudiantil de 2011, que protesta contra una educación superior quizás demasiado centrada en la formación de recursos humanos y en su contribución a la competitividad de la economía y aparentemente alejada de su misión de configuración de la cultura, sostén de la cohesión social y “conciencia crítica de la sociedad”, ideas con las que se solía explicar la misión última de la universidad en la época de la reforma de fines de 1960. Esas ideas continúan presentes, aunque en forma vaga, más como una cierta nostalgia de un pasado idealizado que como un discurso articulado, en el sentimiento crítico respecto del giro neoliberal de la educación superior y de la educación en general.
En efecto, este libro se publica en un tiempo de exacerbada atención social a la educación superior, de una magnitud que no se observaba en el país quizás desde la reforma universitaria de 1967-1968, interés generalizado que ciertamente no estaba presente hace una década. Mientras se escriben estas líneas, se prepara una profunda reforma a la educación superior de Chile, que propondrá, según el programa de gobierno, un rol más activo del Estado en la prestación de servicios educacionales y en la regulación del sistema, y la gratuidad de los estudios superiores para el 70% más vulnerable de la población. Varios de los capítulos de este libro se asoman a estos nuevos escenarios. La agenda de transformaciones aspira a recoger e interpretar las expectativas del movimiento social que rechazó las estructuras educacionales prevalecientes en el país, caracterizadas, según dicho movimiento, por el predominio de la oferta privada y el abandono de las funciones propias del Estado, el lucro explícito o encubierto, la educación como “mercancía” y el excesivo endeudamiento de estudiantes y graduados por un bien que debió ser un derecho y no una oportunidad de inversión.
No sabemos cuánto de estas aspiraciones de cambio se plasmarán en la educación superior de nuestro país ni cuándo. La agenda del gobierno para este sector tiene el potencial de reconfigurar vastas zonas del sistema, pero aún no está definida en cuanto a estrategias y medidas. El diseño no será fácil, ya que el ímpetu de cambio no se basa tanto en un diagnóstico de las deficiencias del sistema actual como en una voluntad refundacional asentada en principios generales, como la noción de “derecho social fundamental” (que José Julio León discute en su capítulo). Es decir, en gran medida, la reforma a la educación superior se deduce de una cierta doctrina sobre los respectivos roles del mercado, el Estado y la sociedad, en lugar de inducirse a partir de las lecciones de la experiencia de lo que funciona bien y lo que funciona mal con las instituciones existentes.
Que el punto