Por otra parte, la CNA ha informado de nuevas exigencias y estándares para certificar las carreras. Son doce criterios para acreditar los planes de estudio, dentro de los que se cuentan, en el marco de la institucionalidad, el propósito de la carrera; los derechos y obligaciones de los estudiantes; el perfil de egreso del estudiante; los planes de estudios y métodos pedagógicos; la interacción con el medio y la empleabilidad de los egresados.
Por otro lado, hay elementos relacionados con las condiciones de la operación que incluyen el sistema de gobierno y gestión de la carrera; la calidad y cantidad de sus profesores; la infraestructura docente (áreas de laboratorio, salas de estudio y bibliotecas); la información y participación estudiantil y la capacidad de investigación de su cuerpo docente.
Desde el punto de vista de los resultados, se incluye los mecanismos de apoyo académico y trabajo en la retención de alumnos y, por último, los mecanismos de autoevaluación y mejoría continua.
Sería importante correlacionar la acreditación con el plan de desarrollo y que exista una coherencia entre la acreditación de la institución y la de sus carreras y programas. Además, se debe avanzar en medir resultados, del tipo pruebas de egreso y opinión de empleadores. Así también, el acompañamiento y apoyo de la institución es clave para lograr un mejoramiento continuo de los diferentes aspectos de la labor institucional. Es de destacar que se haya abierto un período de consulta pública de dos meses para perfeccionar la propuesta, que considera la gran heterogeneidad del sistema.
Mejorar la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas de estudio debe estar en el centro de una reforma educacional.
El crecimiento y complejidad del sistema estimula a realizar actualizaciones y cambios, necesarios para avanzar en la calidad.
El aseguramiento de esta calidad, la acreditación de carreras y programas, debe estar orientado a apoyar de manera decidida el proceso de transformación de los jóvenes, sus familias y de la sociedad.
Publicado en el diario El Mercurio el 16 de noviembre de 2014.
Acceso universitario
La evidencia muestra que todas las pruebas educacionales –nacionales como el Simce, o internacionales, como la prueba PISA– exhiben grandes brechas socioeconómicas. Por ello, más que un problema de una prueba (la PSU) en particular, este parece ser un problema del sistema educacional nacional que nos impone grandes desafíos, en términos de calidad y equidad.
PSU: Novedades y desafíos
En los próximos días, más de 270 mil estudiantes rendirán la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que se aplica desde el año 2003. Por primera vez, el puntaje del año pasado será válido para postular, ya que permanece vigente por dos años. Otro elemento nuevo relativo a la admisión 2012 es la incorporación de ocho universidades privadas al sistema de selección de PSU con los mismos deberes y derechos que tienen las integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh). Ello implica exigir puntajes mínimos de ingreso, la utilización de puntajes ponderados y la publicación de las vacantes por carrera. En conjunto, las universidades del CRUCh y las privadas que se incorporaron ofrecerán casi 80 mil vacantes este año (30% estas últimas). El ingreso de estas instituciones es un avance en el acceso y un paso significativo para el ordenamiento del sistema, para una mayor transparencia, un mejor proceso de postulación e información sobre los estudiantes seleccionados. Este es un sistema objetivo, no discrecional, simultáneo, accesible, económico e independiente, que se organiza a nivel nacional.
Nuestra universidad postula el incorporar un ensayo a la PSU, para evaluar habilidades comunicacionales y expresión escrita, que incluyen razonamiento, argumentación, escritura, desarrollo de tesis y ortografía.
Junto con las cualidades descritas, el instrumento ha estado sometido a críticas por reflejar la brecha socioeconómica existente en todo el sistema de educación. Se ha planteado un eventual sesgo en la selección, puesto que evaluaría contenidos más que aptitudes e influirían en su buen rendimiento factores como el establecimiento de proveniencia, el acceso o no a un preuniversitario y los medios económicos que favorecen la formación del estudiante. De esta forma, la PSU revelaría la inequidad social en nuestro sistema educativo. Además, se cuestiona si es legítima una prueba que mide los contenidos mínimos del currículum científico-humanista, lo que disminuye las posibilidades de los alumnos de colegios técnico-profesionales, que atienden a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Otra polémica ha sido condicionar la postulación a becas y créditos al rendimiento en la PSU. La prueba se encuentra actualmente sometida a una evaluación internacional por una agencia especializada, para examinar su capacidad predictiva, que debiese entregar resultados que permitan despejar estas interrogantes durante el año 2012.
Con el fin de enriquecer la prueba, desde el CRUCh se ha impulsado la posibilidad de incorporar mecanismos de admisión complementarios a la PSU. Particularmente, el ranking de ubicación del estudiante en su curso ha demostrado contribuir a la disminución del peso de la variable socioeconómica, ya que el hecho de que un estudiante se ubique entre los primeros lugares de su curso en un contexto vulnerable –en el 5 a 10% superior–, pese a tener un puntaje bajo en la PSU, da cuenta de su esfuerzo y rendimiento. Con el apoyo adecuado de tutorías, este rendimiento suele replicarse en la educación superior. Este mecanismo de inclusión del ranking no tiene costo, añadiría entre 1 y 2% a la capacidad predictiva, y se asocia a mayores oportunidades de acceso.
Otro de los aspectos que se han discutido es la implementación de un propedéutico o apoyo remedial a los jóvenes que ingresan a las universidades, que este año tiene un fondo concursable dentro del presupuesto de educación. Hay diferentes formas de aproximarse al tema, y es así como la UC desde hace diez años cuenta con el programa Penta de apoyo a niños vulnerables con talento académico, que, a pesar de ser previo a su ingreso a la universidad, ha demostrado tener gran impacto en el rendimiento académico posterior y es, por ello, una de nuestras políticas para avanzar hacia una universidad más inclusiva. En este sentido, de la misma forma como hay una asignación extra por vulnerabilidad en la enseñanza escolar, sería deseable un apoyo similar en la educación superior. Esto implica reconocer la mayor fragilidad de estos estudiantes, y enfocar recursos para darles apoyo pedagógico, y así disminuir el riesgo de fracaso académico.
Por otra parte, nuestra universidad postula el incorporar un ensayo a la PSU, para evaluar habilidades comunicacionales y expresión escrita, que incluyen razonamiento, argumentación, escritura, desarrollo de tesis y ortografía. Considerando los costos y problemas logísticos asociados a su implementación, puede constituir un aporte adicional que entregue más variables para el sistema de admisión.
El perfeccionamiento de los sistemas de selección universitaria es un desafío permanente. Nuestro compromiso debe estar siempre con la identificación de los jóvenes con mayor talento académico, independiente de sus condiciones socioeconómicas y nivel de vulnerabilidad. La sociedad a la que aspiramos debe dar igualdad de oportunidades a todos. Debe ser un lugar donde el talento, el esfuerzo y la dedicación para lograr una mejor educación sean los elementos que marquen la diferencia. Es el compromiso de las universidades y debiera ser el compromiso de todo el país.
Publicado en el diario El Mercurio el 9 de diciembre de 2011.
Políticas de inclusión universitaria
La riqueza y calidad de una universidad adquiere más fuerza si la presencia de estudiantes talentosos proviene desde diversas realidades culturales y sociales. La diferencia de sus miradas es clave para la construcción de un proyecto variado y acogedor. Junto con cimentar su identidad de universidad católica y realizar una labor académica con rigor y constante