No fueron movimientos regionalistas, pero sí territoriales, los que pusieron en la agenda pública las particulares condiciones que enfrentan determinados territorios, en el contexto de un país marcado por una extraordinaria diversidad (y desigualdad) territorial.
Otros episodios expresan la dificultad de convivir con las externalidades negativas de la actividad industrial, es decir, con relaves, desechos tóxicos, escasez y contaminación del agua, ruidos y olores molestos, entre otros problemas derivados de la producción agroindustrial, acuícola forestal, así como también minera y eléctrica.
Especialmente visibles en el último tiempo han sido algunos de estos movimientos, como el de la comunidad de Til-Til, que regularmente, desde el año 2010, se manifiesta en protesta contra una variedad de problemas a los que se ve expuesta por la operación en la zona de empresas mineras, energéticas y de saneamiento ambiental. Primero fueron los riesgos relacionados con los tanques de relave de la minería; más recientemente, la instalación de un vertedero de residuos industriales.
En agosto de 2018 estalla el primer episodio de intoxicaciones por contaminación en Quintero-Puchuncaví que deriva en protestas masivas por el probable incumplimiento de normativas ambientales de parte de algunas empresas de la zona. Con este conflicto se instala en la opinión pública la noción de «zona de sacrificio», pues el desarrollo industrial de Ventanas y Quintero fue planificado en los años sesenta como un complejo destinado a la instalación de industrias molestas y peligrosas.
Pascua Lama en Atacama, Punta Alcalde en Huasco, Alto Maipo en San José de Maipo, Río Cuervo e HidroAysén en Aysén, Isla Riesco en Magallanes, son algunos de los muchos casos que engrosan la lista de conflictos territoriales, esta vez como anticipación a posibles externalidades derivadas de la acción de proyectos mineros, hidroeléctricos o termoeléctricos.
En síntesis, y a pesar de la notoriedad pública que adquiere la expresión de rechazo abierto a estos proyectos, es importante evitar simplificar y romantizar la lucha y caer en la trampa normativa al estudiar los conflictos territoriales que resultan de proyectos extractivos. La resistencia tiende a convivir en el territorio con muchos otros procesos, incluidas las luchas dentro de las comunidades y los movimientos sociales, que operan en alianzas cambiantes. Si bien la oposición total a los proyectos es cada vez más frecuente, a partir del análisis de casos en distintos países de América Latina, Bebbington y Bury (2013) muestran que la mayoría de las luchas son reformistas, lo que implica demandas para una mejor planificación de los proyectos.
Consecuencias de los conflictos
En la literatura especializada existe debate acerca de si la elección de zonas de sacrificio para el desarrollo industrial deriva de su condición de pobreza y marginación o si, por el contrario, el menor bienestar relativo al que acceden los habitantes de dichos territorios se produce como resultado de las «malas prácticas» de la actividad industrial (Scott & Smith, 2017).
Independientemente de cuál sea la causa y cuál el efecto, lo cierto es que existe una importante relación entre conflictos territoriales, pobreza y deterioro ambiental. La introducción de actividades productivas ajenas a la dinámica territorial perturba los modos tradicionales de producción y las economías domésticas, conlleva la pérdida de sectores productivos o zonas de producción, restringiendo el acceso de las familias campesinas a ciertos recursos y mermando su actividad económica agropecuaria (Fernández, 2019).
Llegados a este punto, resulta más que evidente lo que señalábamos al comienzo de este artículo: no hay posibilidad de cumplir al mismo tiempo los objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico mientras persistan los conflictos.
En su investigación sobre dinámicas territoriales rurales, Rimisp analiza en profundidad un conjunto de territorios que crecen, reduciendo pobreza y desigualdad de ingresos (Berdegué et. al., 2015). Al indagar en esas dinámicas, surgen con claridad distintos patrones de «crecimiento con inclusión»: algunos con altas tasas de crecimiento y reducción de pobreza monetaria, y otros con cifras de crecimiento más modestas, pero con sociedades más equitativas. Estas diferencias se observan fácilmente de un análisis de las cifras de evolución del PIB, la pobreza monetaria y el índice Gini de ingresos. Por ejemplo, uno de los casos estudiados en Chile es Chiloé, provincia que entre los años 1992 y 2003 registra un incremento positivo de los ingresos de los hogares, muy superior a la media nacional. La reducción en pobreza es también muy fuerte y supera los 15 puntos porcentuales en dicho período, también por sobre el promedio país. Pero los resultados no son igualmente auspiciosos en materia de equidad, pues se observa un pequeño empeoramiento de la distribución de ingresos (Modrego et al., 2011) y se revierten, sobre todo en lo que a pobreza respecta, tras la crisis del virus ISA que afectó a la producción de salmón en 2008 e hizo evidente el conflicto latente en la isla (Nussbaum, Pavez y Ramírez, 2012).
Mientras que el explosivo crecimiento de Chiloé en un corto período de tiempo se explica por la llegada de una fuerte inversión extraterritorial (la acuicultura), territorios estudiados en otros países de América Latina registran un crecimiento menos llamativo pero sostenido y más equitativo. Es el caso de la provincia de Tungurahua, en Ecuador, que «se distingue por su marcado dinamismo y diversificación productivos, por su gran importancia como centro comercial nacional y por el notable predominio de pequeñas y medianas empresas familiares en la estructura económica regional» (Hollenstein & Ospina, 2014: 205).
Estos distintos patrones tienen un correlato más o menos evidente en el tipo de coaliciones sociales que se despliega en cada tipo de territorio. Llegamos acá a un factor crítico para entender las posibilidades de desarrollo de un territorio, cual es la existencia de actores sociales colectivos. Definimos una coalición como un conjunto de diferentes actores que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo. Pero no cualquier coalición tiene ese potencial. Éste se despliega cuando la coalición es socialmente inclusiva y representa una variedad de actores que comparten de forma tácita o explícita algunos objetivos de desarrollo importantes, incluso si sus motivaciones son diferentes, o si hay conflicto o desacuerdo sobre otros temas. Los actores en la coalición participan en una acción colectiva con una perspectiva a largo plazo y tienen suficiente poder para, al menos, refutar la dinámica de desarrollo vigente. Este poder está basado en una combinación de diferentes capitales (económico, político, social, cultural) suministrado por los diferentes miembros, de modo que ninguno está en una posición completamente subordinada respecto de los demás en la coalición. Finalmente, una coalición transformadora es capaz de socializar y legitimar su visión y estrategia de desarrollo de tal forma que estas sean gradualmente aceptadas e incluso internalizadas por otros actores en el territorio (Fernández y Asensio, 2014).
En un análisis sobre el tema basado en seis casos, distinguimos tres tipos de coaliciones territoriales: «(i) coaliciones que apuestan al crecimiento económico como objetivo principal; (ii) coaliciones que apuestan por la equidad y la inclusión como objetivo principal; (iii) coaliciones que impulsan dinámicas que conjugan ambos objetivos» (Fernández et. al. 2014: 26-27). Mientras que las coaliciones del primer tipo son lideradas e impulsadas por actores de fuera del territorio en alianza con el Estado (como Chiloé), las del tercero son coaliciones de actores endógenos (como Tungurahua, en Ecuador), en ausencia de grandes inversiones extraterritoriales y, consecuentemente, en ausencia de conflictos como los que nos ocupan.
Lo que muestran, en síntesis, estos resultados es que allí donde el motor del crecimiento y desarrollo del territorio está puesto en inversiones extraterritoriales de gran escala (como la industria acuícola en Chiloé, entre los casos de estudio del proyecto), se observan consistentemente situaciones de crisis ambiental y exclusión social.
¿Debemos, entonces, acostumbrarnos a la persistencia de conflictos y abandonar los objetivos