En efecto, cuando las potencias vencedoras volvieron a reunirse en la conferencia de Potsdam, a las afueras de Berlín, a finales de julio de 1945 la euforia de Yalta había dado paso a un clima de desconfianza. En relación con España, se abandonó por completo la idea de una intervención militar para derrocar a Franco y se acordó que el «caso español» sería debatido en las Naciones Unidas. Attlee apoyó la redacción de una nota de condena del Gobierno español por haber sido establecido «con ayuda de las potencias del Eje» y arrancó del presidente norteamericano Truman el compromiso de que no sería admitido en la ONU. Era —como anotó Carrero Blanco con alivio— «menos de lo que se temía en España y de lo que se esperaba fuera»122.
El Gobierno de Giral, que desde el primer momento había contado con el respaldo de México, logró en septiembre el reconocimiento de Panamá, que expulsó al embajador franquista. Salvo en Argentina, por las repúblicas iberoamericanas se extendió un clima de general hostilidad hacia el régimen de Franco. Se esperaba una ofensiva diplomática en toda regla contra su Gobierno en el primer semestre de 1946, con dos citas en el calendario: la Asamblea de Naciones Unidas y la Conferencia Panamericana de Río. Pero la esperanza del exilio republicano en la acción diplomática conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que llegó a materializarse en la llamada «Nota Tripartita» de 4 de marzo de 1946, se desvaneció pronto123. Las potencias reiteraban su condena al régimen franquista, pero no aclaraban qué pensaban hacer para derribarlo. De hecho, ninguno de los países aliados pensaba hacer nada al respecto:
No entra en nuestras intenciones intervenir en los asuntos interiores de España. El pueblo español debe, a fin de cuentas, fijar su propio destino. […] Deseamos que unos dirigentes españoles patriotas y liberales consigan provocar la retirada de Franco, la abolición de la Falange, y el establecimiento de un gobierno provisional […], bajo cuya autoridad el pueblo español tenga la posibilidad de determinar libremente el tipo de gobierno que desea y elegir a sus representantes.
La decepción de Prieto por el contenido de esta nota —y, poco después, por el cierre «inane» de los debates sobre el caso de España en el Consejo de Seguridad de la ONU— fue tal que el 27 de junio escribió una larga carta al primer ministro británico señalando la «torpeza política» que Gran Bretaña cometía, a su juicio, al dejar en manos de la Rusia soviética la bandera de España. En esta misiva, Prieto insistía en su vieja idea de que el problema español podría resolverse incruentamente por medio de un plebiscito que organizaran y dirigieran los países americanos de habla hispana, en los que Naciones Unidas podía delegar su intervención124.
Cuando a finales de 1946 la ONU dejó a España aislada, fuera de todos los organismos internacionales, y propuso retirar a los embajadores de Madrid, la decisión resultó en realidad de menor trascendencia. Prieto, pesimista sobre el porvenir que le esperaba en el exilio, escribió a De los Ríos: «Hago votos para que 1947 nos permita volver a España. Me aterra, querido Fernando, el tener que dejar aquí mis huesos»125.
De momento, en febrero de 1947, convencido de que la única posibilidad de sacar a Franco del poder pasaba por una restauración monárquica apoyada por una parte del ejército en el interior y por las potencias anglosajonas en el exterior, Prieto escribió un artículo titulado «O Plebiscito o monarquía», en el que trataba de convencer a los republicanos de la necesidad de un pacto con otras fuerzas opositoras126:
Si rechazamos el plebiscito, la monarquía advendrá fatalmente. […] Cuanto iríamos a perder, lo tenemos perdido de antemano. Colocados en el punto de vista de los intransigentes más tenaces, perderíamos, a lo sumo, una legitimidad, perfecta desde puntos de vista jurídicos, pero inefectiva. […]. El plebiscito no nos puede situar en planos inferiores al deplorable que ahora ocupamos, ni a ese otro —la monarquía— en perspectiva, tampoco satisfactorio. Por consiguiente, cerrar el único camino practicable con romanticismos e intransigencias constituye una gran torpeza. Una monarquía implantada por decisión de Franco o de otros jerarcas militares contendría en germen el despotismo. Por el contrario, si fuese el resultado de un plebiscito, aparecería limpia de un tóxico tan pernicioso.
Prieto se trasladó a Francia en el mes de julio para imponer en el PSOE su plan de transición con plebiscito, y retomar personalmente los contactos con los monárquicos, que habían iniciado Largo Caballero en París, hasta su muerte el 23 de marzo de 1946, y Luis Araquistain en Londres. El 28 de septiembre, gracias a las gestiones de este último en el Foreign Office, se entrevistó con Bevin, quien le expresó la «gran simpatía» con que Gran Bretaña vería un acuerdo entre republicanos y monárquicos antifranquistas como paso previo para la formación de un Gobierno provisional.
El hombre clave en esta especie de «tercera vía», impulsada por el Gobierno de Londres, era José María Gil Robles. La Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947, que constituyó el nuevo Estado franquista en Reino y dejó en manos del dictador el futuro de la Corona, había contribuido a polarizar las posiciones en el campo monárquico entre los partidarios y los detractores de Franco. Gil Robles, claramente posicionado entre estos últimos en el entorno de don Juan de Borbón, viajó a Londres y el 15 de octubre se entrevistó con Prieto. Habían pasado once años desde su último encuentro. Ambos políticos llegaron a examinar la formación de un Gobierno de transición para España127:
Mi pensamiento era que, equilibradas dentro de él las representaciones políticas, varias carteras —Hacienda, Obras Públicas, Agricultura y Economía—, fuesen ocupadas por técnicos sin significación partidista. A Gil Robles le preocupaba la provisión de ministerios de los que dependen fuerzas armadas y le anticipé mi criterio: para desempeñarlos, designaríamos dos generales nosotros, y ellos otros dos, procurando que los cuatro fuesen verdaderamente prestigiosos. ¿A quiénes propondrían ustedes?, me preguntó. «Pienso que nuestros candidatos podrían ser [Emilio] Herrera y [Carlos] Masquelet», contesté.
Esta primera ronda de entrevistas, si bien no produjo resultados concretos, sentó un precedente de enorme importancia. Como señala Juan Francisco Fuentes, «a partir de aquel momento, la relación entre juanistas y socialistas, aunque con intermitencias y no necesariamente circunscrita al PSOE, se mantuvo hasta el final del franquismo como expresión de un espíritu pragmático y conciliador ligado a la recuperación de las libertades»128.
Otro acontecimiento producido en octubre de 1947 contribuyó a ratificar la falta de peligrosidad del panorama internacional para los intereses de Franco. George Kennan, influyente asesor del Departamento de Estado norteamericano, aconsejaba cambiar de política con respecto a España. Toda la política exterior estadounidense se subordinaba a partir de ese momento a la «doctrina de la contención» del comunismo y el dictador español pasaba a ser visto como un aliado potencial de los Estados Unidos en esa causa. Para la oposición antifranquista no había tiempo que perder. Había que ir a un gran acuerdo para acabar con Franco lo antes posible, porque el tiempo de la política internacional empezaba a correr en favor del dictador.
Todos estos movimientos eran contemplados en el seno del PNV con desconfianza y disparidad de opiniones: Irujo continuaba siendo el más republicano y se oponía a colaborar con los monárquicos; en el polo opuesto, Monzón quería abandonar la vía republicana y aproximarse a los monárquicos de don Juan. Aguirre inclinó la balanza nacionalista de este lado, al apoyar de forma decidida la vía monárquica de Prieto. Así, en septiembre, el lehendakari presentó una propuesta al ministro francés de Asuntos Exteriores, el democristiano Georges Bidault, coincidente con el plan del líder socialista, y el 7 de octubre de 1947, en vísperas de la reunión de Prieto