A ambos los puso al tanto de la situación en la que se encontraba. Al fiscal, a quien contactó ocho veces, le informó en un primer llamado que estaba en una comisaría de Providencia denunciando a Rebolledo por violencia intrafamiliar. Le preguntó qué podía hacer. Moya Lehuedé, según la declaración que prestó después, le comunicó las diligencias que vendrían luego de su denuncia y le pidió que colaborara con la investigación, que lo llamarían de Carabineros para evaluar el “grado de riesgo” en el que podría encontrarse, siguiendo el protocolo institucional.
El fiscal agregó que, como el procedimiento arrojó un rango de riesgo “alto/vital”, envió a un policía de punto fijo al domicilio del exministro.
En llamados posteriores, Elgueta le preguntó, muy alterado, si se había notificado la orden que prohibía a su mujer acercarse a sus hijos. Le respondió que no, pero que se comunicarían con la comisaría y con el juez Avilés para pedir una constancia judicial.
Luis Avilés dijo que no sabía cómo Emilio Elgueta consiguió su número telefónico y que era primera vez que hablaba con él. Cuando contestó, agregó, su interlocutor se identificó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que luego lo puso al tanto de la situación y le avisó que el fiscal Moya Lehuedé lo iba a contactar para pedirle una orden en contra de su señora. Horas después, el juez Avilés recibió el llamado de la Fiscalía.
¿Puede un gásfiter hacer lo mismo?
El último llamado de Elgueta al fiscal Moya Lehuedé está registrado el 3 de agosto. Justo el día anterior, los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se reunieron para decidir la terna entre los nueve candidatos que se postulaban para el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte. Entre ellos figuraba el fiscal Moya Lehuedé. Andrés Montes –quien finalmente ocuparía el puesto– obtuvo 22 votos. Moya Lehuedé solo tres. Uno de ellos, de Elgueta.
En este primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta, Moya Lehuedé declaró que el entonces ministro solo recibió trato de víctima, que nunca se sintió presionado por él y que jamás le hizo referencia al concurso para fiscal regional. Moya Lehuedé, de buena trayectoria en el Ministerio Público, dejó esa institución a comienzos de 2015.
El 2 de septiembre de 2010, el juez instructor a cargo del proceso disciplinario propuso que Elgueta fuese sancionado con una amonestación privada por el siguiente cargo:
Vulnerar el principio de ética judicial, vinculado a la probidad, que exige abstenerse de intervenir de cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate, lo que se traduce en la especie en una presión indebida con el objeto de conseguir un beneficio directo.
Como sabemos, fue sobreseído –con cuatro votos en contra– por sus pares de la Corte de Apelaciones. En la Suprema, con el voto de la exministra Gabriela Pérez, las cosas cambiaron.
En medio de este proceso, una de las cosas que más desestabilizó al ministro Elgueta fue ver su nombre en la prensa. No por un logro, claro, sino asociado a una causa de violencia intrafamiliar y a la mala utilización de su cargo. También que su intimidad quedara expuesta –y sin mucho filtro– ante colegas y funcionarios de la corte de Santiago.
A principios de agosto de 2010, pocas semanas antes de que le formularan los cargos, Emilio Elgueta solicitó ser trasladado de la corte de Santiago a la de San Miguel, pero le denegaron la petición. Fue una permanencia incómoda que se extendió por nueve meses más, hasta que encontró la fórmula.
En abril de 2011, la Corte Suprema autorizó su traslado, luego de que adujera “razones familiares estrictamente personales”. Pero no fue San Miguel el destino. Fue en Rancagua donde encontró a un ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad dispuesto a hacer un enroque con él. En argot jurídico, fue una permuta de cargos.
En mayo de ese 2011, Emilio Elgueta fue nombrado ministro del máximo tribunal de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. No tan lejos de Santiago, pero lo suficiente como para que las cosas se calmaran, para dejar atrás los rumores de pasillo y enterrar, de a poco y para siempre, ese negro episodio.
Estando en Rancagua, las chances de llegar a la Suprema en el futuro aún se mantenían. Al año siguiente de su designación, de hecho, ocupó la presidencia de esa corte en reemplazo del ministro Carlos Aránguiz, quien fue promovido precisamente al pleno del máximo tribunal. No estaba todo perdido y así lo entendió. Prueba de ello es que en diciembre de 2016, y estando como ministro en Rancagua, postularía a una plaza –como fiscal judicial– en la Corte Suprema. No tuvo éxito.
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En el primer proceso administrativo en su contra, en 2010, Emilio Elgueta declaró que la disputa con su esposa, Alejandra Rebolledo, se produjo cuando él le pidió la tuición voluntaria de los dos hijos que tienen en común.
En sus descargos omitió un acontecimiento clave: en octubre de 2007, se convirtió en padre por quinta vez, luego de más de dos años de relación con su exalumna de derecho procesal en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, Cristina Rosas.
La relación entre el exministro y Rosas partió como una amistad. Hacia fines de 2004, Cristina Rosas terminaba sus estudios y Elgueta le ofreció una suplencia en el 5to Juzgado del Crimen, y luego le consiguió una práctica profesional en el 4to Juzgado Civil, ambos de San Miguel. Era la jurisdicción donde su profesor –antes de ser promovido a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– se desempeñaba como fiscal judicial.
Cristina Rosas retrataría al Elgueta de entonces –el hombre de quien se enamoró– como un caballero, buena persona y, por lo que él mismo le contaba, un excelente padre. Elgueta no le ocultó que estaba casado. Su matrimonio, a esas alturas, solo se sostenía en el papel. Le presentó a algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos al exministro Marcelo Vásquez Fernández, también expulsado del Poder Judicial.
La percepción de Rosas sobre su pareja solo comenzó a cambiar a mediados de 2007, después de dos años y algo más de idilio. No estaba en los planes de Elgueta convertirse nuevamente en padre. Rosas –quien trabajó en tribunales de Viña del Mar y Santiago– diría después que, por motivos laborales, tuvo que mantener bajo reserva su embarazo el mayor tiempo posible.
La relación continuó “con más penas que alegrías”, según ella misma la definió en una declaración. Elgueta seguía viviendo con su esposa y el sueño de hacer una vida juntos se desvanecía para Rosas. En 2010, ella le dio un ultimátum. Ahí fue cuando Elgueta, en junio de ese año, le pidió la tuición voluntaria de sus hijos a Alejandra Rebolledo, lo que desencadenó la serie de acontecimientos que le valieron una sanción de la Corte Suprema por sacar ventaja de su cargo.
Tras el quiebre matrimonial con Rebolledo, Elgueta y Rosas alcanzaron a vivir juntos durante un año, hasta septiembre de 2011. Ahí, en la convivencia diaria, la relación se fue al despeñadero. A fines de ese mismo año rompieron. Según dichos posteriores de Rosas, Elgueta llegaba tarde y buscando siempre una excusa para discutir.
Para entonces, Elgueta ya ejercía labores como ministro en la judicatura rancagüina y había encontrado un puesto como profesor de derecho procesal en la Universidad de Aconcagua, sede Machalí. Poco después de la ruptura definitiva con Cristina Rosas, Emilio Elgueta se reconcilió con su esposa, Alejandra Rebolledo, y volvieron a vivir juntos, esta vez en una casa fiscal en Rancagua, asignada por el Poder Judicial.
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En enero de 2014 –al igual que lo hiciera Alejandra Rebolledo en julio de 2010–, Cristina Rosas denunció a Emilio Elgueta ante sus superiores de la Corte Suprema. Se abrió en su contra un segundo expediente administrativo –número de ingreso 80/2014– en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Son seis los hechos relevantes de este nuevo capítulo sentimental que volvió a comprometer el desempeño laboral del ministro: