–Reverendo –preguntó el animador José Miguel Viñuela–, ¿existe realmente o se podría avalar la magia negra?
–Tal como existe la fuerza vivificadora que proviene de Dios, existe la fuerza negativa, la magia negra, que viene del demonio –respondió el sacerdote.
–¿Y uno la puede ocupar como ser humano? –contrapreguntó Viñuela.
–Es que son dos entidades que emanan energías: Dios, positivas; y el diablo, negativas. Ahora, si tú eres capaz de involucrarte con una de estas dos, vas a tener resultados diferentes.
Eso era lo que ofrecía la televisión abierta a las 10 de la mañana del 2 de abril de 2019. La prensa también estalló con la noticia. Vudú, magia negra, ocultismo, satanismo, brujería por todos lados. En medio de ese tráfago, los motivos de la animadversión de Elgueta hacia Gabriela Pérez pasaron a segundo plano, hasta que el diario El Mercurio logró hablar con la exministra:
–(Periodista) Cercanos a Elgueta comentan que él siempre decía que usted se habría reído de él cuando se acercó para decirle que la había reemplazado en la Corte de Apelaciones de Santiago.
–(Ministra Pérez) Es probable que se lo haya dicho, porque ya tenía problemas. Yo nunca he votado por él. No desconozco que se lo pude haber dicho. Obviamente que no me podía reemplazar, modestia aparte, porque siempre estuvo con un pie como para que lo sancionaran.
La exministra –con fama de eficiente, prolija y estricta– agregó que nunca tuvo buena opinión de Elgueta, que no era un buen ministro y que ella lo evaluaba siempre con un cuatro. Nota “regular” en la escala de calificaciones del Poder Judicial, de acuerdo con el tecnicismo del Código Orgánico de Tribunales. Baja, en definitiva, para alguien que aspira a llegar a la Corte Suprema. Las notas de la ministra Pérez le bajaban el promedio a Elgueta porque, pese a sus antecedentes administrativos, la mayoría de los ministros de la Suprema lo evaluaron por años con calificaciones sobresalientes.
Acá otro motivo probable para el encono de Elgueta con Pérez: en más de una ocasión, Gabriela Pérez ha criticado públicamente la soterrada influencia en el Poder Judicial de la masonería, institución de la que Emilio Elgueta fue expulsado en abril de 2019 y que durante años le proveyó de una red de contactos en la judicatura y entre autoridades de gobierno de la Nueva Mayoría.
Hay un tercer elemento a considerar –el más relevante– y que nos lleva de vuelta al exministro Elgueta ocupando el asiento dejado por Gabriela Pérez en el tribunal de alzada santiaguino. El 7 de diciembre de 2010, tras un proceso de meses, la Corte Suprema decidió sancionar a Emilio Elgueta. Fue una medida disciplinaria que puso fin al sumario iniciado en julio de ese año, tras la denuncia que Alejandra Rebolledo interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra su entonces marido. Dice el documento:
Emilio Elgueta Torres desplegó conductas al margen de los procedimientos establecidos por la ley al efecto, valiéndose de la calidad ya señalada [ministro] de manera tal que no cabe sino concluir que se vulneró el principio de ética judicial vinculada a la probidad, cuyo respeto irrestricto exigía al señor ministro conducirse de un modo diverso al que lo hizo y no valerse de su investidura a fin de obtener algún provecho o ventaja personal.
La suspensión por cuatro meses con apertura de un cuaderno de remoción es la sanción más grave que puede recaer sobre un funcionario del Poder Judicial. Fue justamente esa la determinación que tomó la Corte Suprema en 2019 cuando decidió apartar a Elgueta de la Corte de Rancagua y luego expulsarlo de la judicatura.
Pero hace 10 años, y en el contexto de ese sumario administrativo, el pleno de la Suprema optó por castigarlo con la medida más leve contemplada en la normativa judicial: una amonestación privada.
Fue votación dividida.
La suprema Gabriela Pérez no quedó conforme con la medida disciplinaria. La encontró insuficiente para lo que ella consideraba una falta grave. Su propuesta, a la que adhirió el también ministro Pedro Pierry, apuntaba mucho más lejos: suspender a Elgueta de sus funciones por un mes con goce de media remuneración, una sanción tres grados más arriba de la que dictaminó la corte.
Otros tres magistrados estuvieron por no levantarle cargos a Elgueta y sobreseerlo: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Araya.
–¿A qué atribuye que se le aplicara una baja sanción?
–Lo atribuyo a sus vinculaciones con algunos ministros de la Corte Suprema y de otras personas por la masonería –dijo la exministra Pérez en la entrevista con El Mercurio el 6 de abril de 2019.
Un dato de contexto: Dolmestch y Araya –quienes dejaron la Corte Suprema en 2019 y 2014, respectivamente– son miembros de la masonería. El primero, de hecho, ostenta el grado 33, el más alto de la Gran Logia, equivalente al título de Soberano Gran Inspector General de la Orden.
Un matiz, también de contexto: la postura de Dolmestch, Araya y Künsemüller estaba en línea con la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo y en la que siete integrantes de ese tribunal, en acuerdo con el fallo, solo le recomendaron “mayor prudencia” al ministro sumariado.
Fue en la Corte Suprema –con la exministra Pérez solicitando la sanción disciplinaria más dura– donde la decisión de primera instancia que dejaba a Elgueta sin tacha en su hoja de vida cambió.
En 2010, y por primera vez, Emilio Elgueta obtuvo un promedio de calificaciones en el Poder Judicial solo “satisfactorio” (nota 5,9). Sus líos dejaron una estela que también le pasó la cuenta al año siguiente: obtuvo una ponderación de notas “regular”, con un 5,2. Su hoja de vida del Poder Judicial muestra que fue un bajón de solo dos años. Antes y después solo registra evaluaciones que lo ubican en la escala “muy buena” o “sobresaliente”.
Gabriela Pérez dejó la magistratura en enero de 2013. Su foto apareció en el cajón del despacho del removido ministro seis años después de su retiro del Poder Judicial.
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La historia que originó el primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta en julio de 2010 es compleja y, sobre todo, delicada.
A comienzos de junio de 2010, Elgueta presentó una denuncia en Fiscalía por violencia intrafamiliar, tras una fuerte discusión con su esposa, Alejandra Rebolledo. Según el expediente judicial de esa causa, la Fiscalía decidió no perseverar en el asunto. Rebolledo terminó internada en una clínica de Ñuñoa con un cuadro depresivo. Ambos dieron versiones contradictorias del origen de la pelea.
El asunto no quedó allí y comenzó una batalla por la custodia de sus hijos. Elgueta, tras un veredicto de tribunales, consigue que queden a su cuidado. Rebolledo contraataca con otra acción judicial por violencia intrafamiliar en contra de su marido, y el 5 de junio denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago que Elgueta utiliza influencias para privarla de sus hijos. Allí introduce la metáfora del gásfiter, dando a entender que su esposo se aprovecha de su cargo ministerial.
“Me amenaza con que no los volveré a ver, amenaza a mis familiares de que perderán el trabajo y presiona a funcionarios policiales, médicos y a toda persona que me presta ayuda”, declaró en esa oportunidad. Define a Elgueta como un celópata y a su matrimonio, como un martirio.
Tras un encuentro fortuito en la calle, Elgueta asegura haber sido golpeado por su esposa. Se dirige al hospital El Salvador a constatar lesiones y presenta una nueva denuncia por violencia intrafamiliar. El relato posterior del exministro indica que, a esas alturas, una de sus mayores preocupaciones era que la prensa pudiera hacer un festín de su situación, tomando en cuenta su calidad de ministro.
El tema traspasó la esfera de lo privado los días 26 y 27 de julio de ese 2010. En