De eso justamente habla este libro, de algo que conocemos de sobra pero que no deja de sorprender, de esa tradición de los uniformados de echar mano a las platas fiscales para beneficio personal, como hizo el general de Carabineros Flavio Echeverría, cabecilla del mayor fraude a los dineros del Estado en la historia del país. De eso y del fin del mito, algo que supimos hace no mucho pero es más antiguo de lo que puede suponerse, como es el pago de coimas a los políticos; de esa idiosincrasia oportunista y ambiciosa que, en definitiva, no nos hace muy distintos a nuestros vecinos, pero que nos lleva a absurdos formalistas y burocráticos como entregar boletas para el pago de una coima.
Este libro habla de los vicios a los que conduce el acomodo en cargos públicos, del clientelismo y de ese desenfreno ciego y compulsivo por el poder de funcionarios como el exsenador Jaime Orpis, quien está acusado de defraudar al fisco y recibir coimas de una empresa pesquera que tenía intereses en un proyecto de ley en curso en ese entonces. Y habla, por cierto, de la contraparte, de quien ofrece dinero a cambio de favores políticos, de quien engrasa el sistema, en este caso, de ese gran corruptor de la política chilena que ha sido Julio Ponce Lerou, cuyo origen de su fortuna no se explica de otro modo que no sea por el hecho de haber estado casado con una de las hijas del general Pinochet.
Pero este volumen también habla de la ambición de ese muchacho de pueblo que toma un atajo y se inventa una oportunidad, como lo hizo Sergio Jadue, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la FIFA. Y habla, de paso, de algo de lo que se conoce más bien poco, como es el sistema judicial chileno, quizás el más sensible de todos los poderes del Estado. Un poder que, aparentemente, parece el menos degradado de los tres grandes poderes, pero que a la vez sigue siendo un mundo endogámico que favorece las condiciones para el progreso de un juez como Emilio Elgueta, quien, antes de ser removido del Poder Judicial y ser acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y prevaricación, se comportaba como esos antiguos magistrados de pueblo –campechano, clientelista y dadivoso–, siempre dispuesto a dar un favor a cambio de recibir otro.
Quizás la excepción en este recorrido la constituya el perfil de Alex Smith, ese profesor de informática autodidacta a quien la inteligencia de Carabineros recurrió para montar pruebas falsas que inculparan a líderes mapuches. En este caso, con su inclusión, hemos querido representar los alcances de la degradación moral de la policía uniformada, como también mostrar que en estos casos el hilo se suele cortar por lo más delgado: siempre habrá un pobre diablo a quien cargarle las culpas de los de más arriba. De paso, el retrato del Profesor Smith, como lo apodaron sus superiores, da cuenta de que muchas veces la corrupción es protagonizada y alentada por gente torpe y negligente, pero con poder e iniciativa. De ahí también su peligrosidad.
Sin duda esta selección nacional es insuficiente y parcial, si es que no también arbitraria, como lo es también la selección reunida en el libro ya publicado a instancias del mismo Omar Rincón, que contiene una selección de los casos más gravosos en Latinoamérica bajo el título Perdimos. ¿Quién gana la Copa América de la Corrupción? (2019). En nuestro caso, hay varios otros personajes e instituciones que merecerían un lugar en el podio. Es un campeonato corto, sin duda. Corto y desigual: no es lo mismo el que corrompe que el que se deja corromper. Sin embargo, en su conjunto, este libro procura ser una muestra representativa, a la vez que una voz de alerta y también un espejo. A fin de cuentas, los grandes casos de corrupción son en parte el reflejo de una sociedad habituada a pequeñas corruptelas, trampas y atajos, como saltarse la fila, ahorrar impuestos de manera mañosa o recurrir a algún amigo en la burocracia del Estado, porque qué se le va a hacer, si todos lo hacen, porque hay que sobrevivir, porque así funcionan las cosas en este país que, ya sabemos, no es ningún oasis.
Emilio Elgueta
el juez de los favores
Alberto Arellano
Aunque había amanecido despejado, la mañana del 26 de abril de 2019 estaba fría en Rancagua. La audiencia de formalización estaba programada para las nueve de la mañana. Poco después de esa hora ya se habían agolpado en las puertas del Juzgado de Garantía de esa ciudad más de una veintena de personas, todas atentas a la salida del imputado que, en esos minutos, era notificado de una serie de cargos en su contra.
Quienes lo esperaban afuera no eran familiares ni amigos. Era la muchedumbre de siempre, aquella que con la devoción de una misa dominical concurre a ese tribunal cada vez que estalla un caso de alta connotación pública en la ciudad. Van a descargar su rabia y a entregar su propio veredicto, a su modo, como si fuesen los miembros de un tribunal paralelo. Uno popular.
Es larga la lista de imputados que ha desfilado en los últimos años por el Juzgado de Garantía de Rancagua por cohecho, tráfico de influencias, obtención de ventajas indebidas y enriquecimiento ilícito. De eso es testigo el maestro albañil Bernardo Córdova, conocido como “El Hombre del Cartel”, residente de Requínoa y un emblema ya entre quienes esperan afuera de ese juzgado. Ahí estuvo sosteniendo su pancarta de ocasión –Natalia undistes a tu suegra (sic)– cuando formalizaron, en enero de 2016, a Natalia Compagnon y a Sebastián Dávalos –la nuera y el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet– por el caso Caval.
Córdova no se achica. Hace no mucho también viajaba a Santiago a pasar sus mensajes. En 2007, hizo parar el vehículo en que se desplazaban miembros de la familia Pinochet, acusados entonces de malversación de fondos públicos, y les enrostró el siguiente cartel: Pinochet y su mafia de hijos ladrones. Y en 2017 siguió de cerca por el Centro de Justicia a los excontroladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, con este: Pentagate: cárcel a los corruptos.
Esa fría mañana de abril de 2019, y pese al cáncer que lo aqueja, Córdova fue uno de los primeros en llegar. Llevaba puesta una gruesa bufanda rosada y un casco de faena pintado con los colores patrios. Con su mano derecha sostenía en alto una nueva consigna:
Justicia terrena corrupta.
Jueces-Fiscales es lo último.
¿Cuántos serán?
Claro, el formalizado no era cualquiera y la pregunta del cartel de Córdova –escrita con su dedo índice mojado en pintura– daba en el blanco, medio a medio. Quien comparecía en la silla de los acusados ante tribunales ese día era nada menos que el aún ministro y poco antes presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres (65 años). El mismo que durante casi una década fue una de las máximas autoridades responsables de impartir justicia en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
A contrapelo de los pronósticos de Córdova, la audiencia se alargó. Dentro del tribunal, los delitos que la Fiscalía local le imputaba al ministro Elgueta se acumulaban, así como las evidencias en su contra. El maestro albañil, de 78 años, estuvo haciendo guardia un par de horas, pero tuvo que irse antes –y a regañadientes– por trabajo.
Pasado el mediodía, apenas puso un pie en la calle, el ministro Elgueta fue engullido por una vorágine de flashes, cámaras y micrófonos. Vestía terno azul y corbata a rayas. La multitud de siempre, que sí esperó hasta el final de la audiencia, no lo perdonó.
“Viejo corrupto”, “viejo ladrón”, “sinvergüenza”, le gritaron a pocos metros en las puertas del tribunal de la misma jurisdicción que por largos años estuvo bajo su dominio. Como el coro teatral de una tragedia griega desnudando a un rey ya sin poder, en desgracia, convertido en una sombra inocua y pestilente de lo que alguna vez fue.
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En 2019, Emilio Elgueta –quien llegó en 2011 a la Corte de Apelaciones de Rancagua proveniente de la de Santiago– enfrentó dos procesos investigativos en su contra. Uno administrativo, a cargo de la Corte Suprema, y que concluyó con su expulsión del Poder Judicial, tras más de 40 años de ejercicio en esa institución. El otro penal, y aún en curso, donde el Ministerio Público lo formalizó por varios delitos: enriquecimiento ilícito, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y nombramiento ilegal.
Removido de sus labores como ministro del tribunal de alzada de Rancagua el 26 de agosto de 2019, Emilio