Al ensayar una revisión muy sucinta de los contenidos del capítulo, se puede sostener que, después de las privatizaciones de la década de 1990, durante el kirchnerismo se despliegan dos etapas diferentes en duración y contenido. Durante la primera de ellas (2003-2011), el gobierno abandonó la desregulación que había sido parte de las medidas de la década anterior y fijó un precio que fue moviendo por debajo del precio internacional, lo que “posibilitó una distribución más equitativa de la renta petrolera entre los principales actores (consumidores, empresas y Estado) a partir de la captación de recursos por parte del Estado y de precios internos de los combustibles más bajos”. Por otra parte, las exportaciones fueron crecientes, no por un mayor volumen físico, sino por el incremento de los precios internacionales, lo que impactó también en un aumento de la rentabilidad de las productoras. Sin embargo, el oligopolio privado redujo la exploración y se aceleró la caída de la producción en un intento por presionar para lograr una disminución de las retenciones. En términos de la electricidad, como es sabido, imperaron los subsidios al consumo para cubrir los costos de las generadoras y distribuidoras del servicio y mantener una tarifa reducida para los consumidores.
Durante la segunda etapa de los gobiernos kirchneristas (2012-2015), se vieron los efectos de la estrategia empresaria anterior, y se dio un creciente déficit en la balanza comercial del sector que llegó a poco más de 9 000 millones de dólares en 2015. Este fue uno de los fundamentos para la expropiación de YPF, en la que el control estatal dio lugar a una recomposición al menos parcial de la situación imperante, y se comenzó la explotación de la formación de Vaca Muerta.
En el marco de una nueva modalidad de la valorización financiera, el gobierno de Macri llevó a cabo un drástico giro en la política económica nacional y específicamente hidrocarburífera que el autor analiza en detalle. El capítulo culmina con un fundamentado análisis de cómo durante el gobierno de Cambiemos la explotación no convencional de Vaca Muerta pasó mayoritariamente a manos del poder establecido conformado por el oligopolio privado y en especial los grupos económicos locales, en desmedro de la empresa con mayoría estatal, YPF. Como una hipótesis adicional, cabe señalar que esa presencia protagónica de los grupos económicos locales se enmarca en las disputas dentro del establishment local y el capital financiero que encarnaba la administración macrista. Desde esa perspectiva, ese resultado fue una de las tantas derrotas (medicamentos, aeropuertos, incluso en términos del agro pampeano, como se verá más adelante) que sufrió el gobierno y por ello apeló a agredirlos en el plano judicial mediante la causa de “los cuadernos de las coimas”, como también se desarrollará en el libro.
En el sexto y último capítulo, Leandro Bona encara el análisis de los acontecimientos y políticas que se desplegaron en la producción agropecuaria pampeana desde 2003. Allí están presentes una serie de hitos tecnológicos, sociales y políticos que conviene recapitular aquí.
El primero de ellos es la consolidación del liderazgo de la soja transgénica en la producción sectorial, cuya incorporación, en los términos del economista Guillermo Vitelli, podemos calificar como el cuarto paradigma tecnológico que reconoce al agro pampeano desde el comienzo del siglo XX. Su importancia es indudable no solo por su aporte productivo, sino porque, al modificar la función de producción agropecuaria y revitalizar a los grandes terratenientes, abrió nuevos mercados y también conflictos. Solo como un ejemplo que alude al contenido del capítulo, se puede mencionar el proceso conocido como “la maldición de Monsanto”, que consiste en el surgimiento del mercado de la semilla de la denominada “bolsa blanca” (generada por productores y semilleros locales debido a que la soja transgénica es reproducible) y el conflicto sobre la respectiva legislación entre los productores y, sobre todo, aunque no exclusivamente, la transnacional Monsanto, pugna que continúa.
El segundo hito ya no es tecnológico, sino socioeconómico, y consiste en ese histórico conflicto liderado por los grandes terratenientes y los grupos económicos a partir de la resolución 125 del Ministerio de Economía en 2008 sobre retenciones, cuando conducía esa cartera Martín Lousteau, que abrió una nueva etapa en el gobierno del Frente para la Victoria, al dejar atrás su carácter únicamente “nacional” y devenir en “nacional y popular”.
Por fin, el tercer elemento es de neto corte político y, como bien señala el autor, formó parte de una disputa más amplia dentro del establishment económico. Se trata de la iniciativa del capital financiero para interrumpir, mediante la política económica del gobierno de Cambiemos, el liderazgo de los grupos económicos locales sobre el agro pampeano y en especial sobre los grandes propietarios de la pampa húmeda, entre los que se cuentan múltiples grupos económicos. Se trata de abordar la política del gobierno de Cambiemos hacia el sector como un intento por asumir el liderazgo en el agro pampeano y desplazar e incluso quebrar internamente a los grupos económicos locales, un conflicto que tiene sus raíces en la década del noventa. Esto es evidente en particular en la crisis final de la primera modalidad de la valorización financiera (1976-2001), cuando se enfrentaron con proyectos alternativos: los “dolarizadores”, es decir, el capital financiero, versus los “devaluacionistas”, que eran los grupos económicos locales. En su desenlace, como es sabido, se impusieron estos últimos.
Al ensayar una breve descripción del capítulo se puede afirmar que en él se pasa revista a las principales políticas sectoriales llevadas a cabo por los gobiernos kirchneristas y el de Macri y sus resultados. Durante el primer kirchnerismo, sobre la base de la productividad de la soja, se registra un notable incremento en el volumen físico de la producción agraria, que se traduce en forma ampliada en términos de valores debido a la ya mencionada reversión de los términos de intercambio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aun en esas circunstancias tan favorables, cuando la producción de soja transgénica superó los límites tradicionales de la región pampeana, la incidencia del conjunto de la rama agricultura, caza, silvicultura y pesca osciló entre el 10 y el 11% del PIB del país. El enfrentamiento de 2008 ya mencionado no fue coyuntural y se prolongó hasta el fin del mandato del gobierno nacional y popular.
A continuación, la gestión de Macri redujo derechos de exportación y relajó el marco regulatorio del sector en línea con su estrategia de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”. Sin embargo, lejos de lograr ese objetivo, los resultados muestran que la considerable masa de recursos que el gobierno de Cambiemos transfirió al sector agrícola exportador no sirvió para aumentar el ingreso de divisas ni para agregar valor a la producción sectorial, ya que la eliminación de criterios de segmentación productiva desincentivó relativamente la generación de valor agregado. Sí tuvo, en cambio, efectos decisivos en el precio de los alimentos producidos en el país, lo que contribuyó a una caída del salario real de la economía que provocó una reducción del consumo interno de bienes salarios (pan, leche, carne).
Sobre la base de todo lo dicho, se puede afirmar que este tratado de economía política constituye una pieza de estudio insoslayable para aprehender la compleja naturaleza de la restricción externa en nuestro país.
Eduardo M. Basualdo
1. Del estancamiento a la crisis, o cómo Macri agravó la vulnerabilidad de la economía argentina
Andrés Wainer
La crisis económica mundial generada por la pandemia de covid-19 irrumpió en un momento en el que la economía argentina arrastraba su propia crisis: a finales de 2019 el producto interno bruto (PIB) del país era un 2,6% menor que en 2011, en tanto en el mismo lapso la riqueza por habitante se contrajo nada menos que un 10,6%. Sin duda los años más críticos dentro de ese período fueron los que gobernó la alianza Cambiemos (2015-2019), dado que en tres de los cuatro años de su gestión hubo una caída en el nivel de actividad.