Pese a los acontecimientos señalados, el conflicto armado y su duración todavía no eran objeto de atención por parte de la opinión pública, en tanto otros sucesos atraían más su interés.13 Al mediar la década de los ochenta, grupos de narcotraficantes, mediante la práctica sistemática del terror, centraron la atención del público. Estas organizaciones emprendieron acciones indiscriminadas y selectivas contra funcionarios del alto Gobierno, jueces y policías, buscando doblegar al Estado a favor de sus propios intereses.14 Tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1990 fueron asesinados, en una macabra confluencia de intereses de mafias del narcotráfico y grupos de paramilitares, con la anuencia de algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
2. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, ENTRE LA ESPERANZA Y EL DESENCANTO
Ya desde el año 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se había puesto en marcha una serie de iniciativas de diálogo y negociación, tendiente a poner fin a la “violencia propiamente política”, es decir, aquella que provenía de grupos alzados en armas contra el Estado legítimamente constituido y que podía ser resuelta mediante este mecanismo.15 Estas iniciativas fueron, en general, bien recibidas por el público, sobre todo en períodos electorales; una vez instalados los diálogos, la opinión ha sido propensa a desilusionarse ante los escasos resultados de los mismos.16
Los analistas del conflicto atribuyen los escasos resultados de las negociaciones de paz a varias causas: estos procesos fueron asumidos, incluso por los distintos gobiernos, como un movimiento táctico, tendiente a mejorar la posición de las partes en el conflicto, de tal modo que después de los diálogos de paz sobrevino un reacomodamiento de sus actores.17 La improvisación, el mal diseño y la concepción de la estrategia de negociación18 puesta en marcha por los distintos gobiernos han sido señalados como otro obstáculo para el avance de las conversaciones de paz.19 Los procesos de diálogo, una vez emprendidos, encuentran resistencias en sectores de derecha que suelen aparecer como “enemigos de la paz”,20 cuando consideran que cualquier avance en la mesa de negociación significa una concesión excesiva a la guerrilla en detrimento de sus propios intereses (concepción minimalista de la paz). Otra contribución al fracaso de los diálogos son las pretensiones maximalistas de la guerrilla en términos de paz. En una visión cercana a las teorías de la violencia estructural, estas organizaciones creen que a la paz se llega sólo cuando el país haya superado los problemas de pobreza y exclusión social.
Consecuentes con esta visión, las FARC presentaron, en las negociaciones de paz adelantadas entre los años 1998 y 2002, una agenda de cien puntos que versaba sobre los más diversos temas, incluida una reforma agraria y modificaciones al modelo de desarrollo económico imperante. Muchos de los temas de la agenda eran imposibles de realizar en el corto y mediano plazo, superaban las posibilidades de un gobierno elegido por un período de cuatro años y desconocían el ciclo electoral.
No obstante, los diálogos de paz emprendidos en los años noventa arrojaron algunos resultados: la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame,21 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Con los primeros cuatro grupos se desmovilizaron cuatro mil personas.22 No obstante, en la interpretación de Malcolm Deas, estos resultados fueron rápidamente olvidados.23
Pero la desmovilización de esas guerrillas no trajo consigo la paz. Otras organizaciones que no se incorporaron a la vida democrática, en particular las FARC (guerrilla más numerosa), continuaron expandiéndose hacia nuevas zonas entre 1993 y 1997. Para el año 1998, este grupo realizaba operaciones en una porción significativa de los municipios colombianos, mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fortalecía su presencia en varias regiones, especialmente en el Magdalena Medio y Arauca.24 Las FARC, mediante acciones de aniquilamiento a la fuerza pública, daban evidencias reales de su decisión política de avanzar hacia una nueva fase de la confrontación militar, la guerra de posiciones o de movimientos.25
Así mismo, afirma Pécaut, desde el año 1993, los paramilitares dejaron de ser pequeños grupos para convertirse en una “verdadera fuerza” e iniciaron la guerra por recuperar el control de las regiones de Córdoba y Urabá.26 El departamento de Córdoba27 había sido dominado en la década pasada por el EPL; la subregión de Urabá28 fue, en los años ochenta, bastión de las FARC y epicentro del enfrentamiento de esa organización con el EPL y, posteriormente, con los grupos paramilitares. Los sindicatos bananeros quedaron en medio de esta guerra, unos influenciados por el EPL, otros por las FARC. La autodenominación de los grupos paramilitares en esas regiones, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), da cuenta de esa reconquista y del dominio territorial que adquirieron. Así mismo, de su intento por avanzar en su organización y coordinación política.
En el año 1998 culminó el mandato de Ernesto Samper Pizano. Este gobierno enfrentó una crisis de legitimidad, ocasionada por el llamado “Proceso 8.000”,29 escándalo político que involucraba de manera directa al presidente por haber permitido que los dineros del narcotráfico financiaran su campaña presidencial. En marzo de 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos descertificó al país, y posteriormente, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia absolviera al presidente de cualquier responsabilidad en el escándalo (absolución ampliamente cuestionada también en el ámbito interno), aquel país decidió, en julio de ese mismo año, suspender la visa al mandatario.30
Durante la crisis del gobierno de Samper, las guerrillas aprovecharon la coyuntura para fortalecerse. Fueron cuatro años sin diálogo y negociación, algo inusual desde 1982. Tanto las FARC, como el ELN, habían hecho explícita su intención de no tener diálogos con Samper, administración que calificaban de “narcogobierno”,31 carente de “legitimidad”.
En este contexto de escalonamiento de la guerra, los colombianos eligieron a Andrés Pastrana Arango, político conservador, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero.32 El acontecimiento que desencadenó su triunfo fue la declaración pública de las FARC de querer volver a la mesa de negociación, en caso de que éste resultara elegido. El voto de los colombianos en esta ocasión fue sin duda un voto a favor de la paz (del diálogo conducente a ella). Que esta organización armada se mostrara dispuesta a entablar conversaciones después de cuatro años de estar