El tribunal tenía un plazo de cinco años, fijado por la Congregación de los Ritos, para concluir el examen de los testigos. En mayo de 1687, a instancias del procurador de la causa y provincial, Fr. Juan de Velasco, comenzó el interrogatorio con las declaraciones del maestre de campo y caballero de la orden de Santiago, Juan Nicolás Roldán. A partir del segundo testigo, asumió como notario y actuario el bachiller, presbítero Blas Valera. El proceso se desarrolló sin mayores contratiempos hasta el 20 de octubre aquel año, en que un violento terremoto destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo la capilla de la catedral donde se realizaban las audiencias. Ante esa situación se paralizó la tramitación del proceso hasta julio de 1688, en que se reanudaron los interrogatorios en una capilla provisoria que se levantó en la plaza de Lima, frente a la catedral. El procurador de la causa, Fr. José Pacheco, anticipándose a eventuales incumplimientos de plazos, solicitó al tribunal realizar una información, con todas las formalidades del caso, en que se mostraran los impedimentos que se habían tenido para la prosecución de los interrogatorios. En el mismo mes se reanudaron las testificaciones con doña Ana de Zárate, que se extendieron por varias sesiones, hasta fines de agosto. Ahí, volvió a paralizarse el proceso hasta junio de 1689, en que se reactiva con el interrogatorio, todavía en el emplazamiento provisorio, al presbítero Juan de Bustamante. Al mes siguiente, concluida esa testificación, el proceso volvió a detenerse, ahora como consecuencia de la prioridad que el tribunal, constituido por canónigos, le otorgó a la última etapa de la causa de Toribio de Mogrovejo, que se vino a concluir en diciembre de 1690 130.
El proceso de Urraca tomó su cauce regular en enero de 1691, realizándose las sesiones en la capilla de la Visitación de Santa Isabel. Pero dado que en noviembre de ese año se cumplía el plazo para concluir esta etapa fijado por la Sagrada Congregación, el procurador de la causa solicitó una prórroga argumentando que el terremoto y sus réplicas, junto a la causa de Mogrovejo, habían impedido avanzar con regularidad131. En la Sede Apostólica se acogió la solicitud y se otorgó un nuevo plazo de cinco años. Las testificaciones continuaron con regularidad, siendo las únicas novedades ciertos cambios que, fundamentalmente, por razones de salud afectaron a la composición del Tribunal, algunos de los cuales tendrán consecuencias en la etapa siguiente, ya en Roma. Los interrogatorios a los testigos concluyeron en noviembre de 1695 con las declaraciones del inquisidor Francisco Valera. A continuación, en febrero de 1696 el tribunal, ante algunos testigos y siguiendo diversas formalidades de las que se dejó constancia escrita, procedió a exhumar el cadáver de Urraca y se constató que los huesos correspondían a él por estar claramente identificado el ataúd que los contenía132. A requerimiento del procurador de la causa se adjuntó a la documentación un expediente con la lista de las diferentes obras impresas en que se mencionaba al Siervo de Dios, incluyendo copia textual de los párrafos en que se le citaba133. Por último, se ordenó sacar copias de los autos originales de la causa, que conformaron 16 cuadernos o legajos, los cuales, junto a las disciplinas y cilicios, fueron colocados en una caja de madera que se envió a Roma, en septiembre de 1696, a la Congregación de los Ritos, acompañada de varias cartas dirigidas al Papa, una de las cuales era del arzobispo de Lima, Melchor Liñán y Cisneros. En agradecimiento a Dios por el término de las informaciones, e realizó un acto público de celebración con procesión, repique de campanas y fuegos de artificio, con participación de autoridades, personas principales y gran cantidad de fieles134.
La etapa controversial: Los tropiezos
Una vez en Roma, en la Sagrada Congregación, se inició el arduo trabajo de traducción de todos los expedientes, que se extendió hasta 1714. A continuación comenzó a prepararse la Positio, es decir, el expediente impreso conteniendo una especie de sumario de la causa, dividido en diferentes capítulos, con el que trabajarían los jueces y demás personas involucradas. En 1728 se inició un proceso para validar los realizados en Lima tanto por autoridad ordinaria como apostólica. Este resultó complejo debido a que el Promotor de la Fe hizo varias observaciones a lo actuado por los jueces de ambos procesos. Eran todas cuestiones formales, pero que, a su juicio, por no respetar las normas existentes sobre el particular hacían nulo todo lo obrado. Las principales objeciones se referían a diversos defectos en que se incurrió en la toma de declaraciones a varios testigos, como la falta de firma que validaran lo expuesto; la recepción de testificaciones de monjas en el proceso ordinario sin licencia de sus superiores; la toma de declaraciones a monjas sólo por el capellán del monasterio sin presencia de los jueces; y al nombramiento como notario y actuario de la causa, en el proceso apostólico, de Fr. Gregorio Silva en reemplazo de Blas Valera quien estaba muy enfermo. El problema, como en su momento lo hizo notar al tribunal el subpromotor de la fe, era que Fr. Gregorio pertenecía a la misma orden del candidato, lo que contravenía las disposiciones al respecto y hacía suponer una vehemente sospecha de especial afecto a él y duda de imparcialidad135. Después de un fallo negativo de la Congregación, en que daba por nulo todo lo obrado, en agosto de 1731, el Papa otorgó una dispensa y se decretó la validez del proceso apostólico. Poco tiempo antes se había iniciado la revisión de los escritos de Urraca, que correspondían a algunas cartas enviadas a sus hijos de confesión y al librito de espiritualidad, todos los cuales fueron aprobados en septiembre de 1730136.
A esas alturas se había cumplido con el plazo de 50 años desde la muerte del postulante para comenzar la discusión de las virtudes, sin embargo, la tramitación de la causa experimentó una parálisis de más de 70 años. No están claras las razones de esa situación y por falta de documentación al respecto sólo podemos conjeturar. Es evidente que la activación de un proceso dependía de diversos factores, entre los cuales los de carácter económico y político no estaban ausentes. Se requerían recursos para pagar copistas, procuradores, porte de correos y trámites de diversa naturaleza. Respecto a los aportes en dinero para financiar los costos del proceso, hemos encontrado escasa información. Una de las pocas referencias corresponde a un escrito del mercedario Fr. Francisco Velasco, vicario general de la provincia, en el que asume a título personal el pago del trasporte de los cajones con la documentación del proceso hasta llegar a Roma137. Otra tiene que ver con lo señalado en su declaración en el proceso por Fr. Ventura Guizado, quien dice que el virrey conde de Lemos habría aportado dos mil pesos, pero para solventar los gastos del proceso informativo en Roma; y, por último, en el proceso apostólico figuraran dos o tres testigos declarando que iban a contribuir con dinero para la tramitación en Roma138. La maquinaria que se movía en torno a las causas de beatificación y canonización era muy grande; muchas personas participaban, desde traductores del español al latín y al italiano; postuladores encargados de elaborar escritos, formular peticiones y defender la causa, hasta secretarios. A eso se agregaban los gastos de papelería e impresión, que no eran pocos. Por lo mismo, mientras más recursos hubiera, más rápido podía andar la tramitación del proceso. Por ejemplo, el cabildo de la catedral de Lima donó 14 mil pesos, en 1669, para la beatificación de Toribio de Mogrovejo, cuyo proceso estaba en pleno desarrollo139. En 1673, ante una petición expresa que aludía a la paralización de la causa por falta de fondos, el Monarca a través de la Real Hacienda hizo un aporte de cinco mil quinientos pesos140. Por su parte, el procurador de la causa de Francisco Solano, en un informe de 1685, señalaba que desde el año 1669 había remitido a Roma para la conclusión de la misma más 50 mil pesos141
Los apoyos variados a una causa, sobre todo los de carácter político, eran muy importantes y de uso frecuente. En la de Urraca encontramos cartas al Papa de apoyo a su postulación de parte del arzobispo Melchor Liñán y Cisneros y de los diferentes miembros del cabildo catedralicio142. De especial relevancia eran los apoyos del poder temporal. Normalmente, el cabildo de la ciudad, la Real Audiencia y el virrey enviaban a Roma, vía Madrid, su adhesión a la causa destacando las virtudes del candidato. También respaldaban la postulación los provinciales de las diferentes órdenes religiosas. Por último estaba el compromiso del Monarca, que se involucraba de manera a veces muy directa con las causas de los candidatos de sus dominios. De hecho el papel del Rey a través de su embajador ante la Santa Sede era por lo general determinante. El Rey instruía a su embajador que hiciera