El Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas se estructuró nacionalmente en el primer semestre de 1948, con comités provinciales, departamentales y locales, y tres departamentos: Organización, Prensa y Propaganda, y Finanzas. La Secretaría General fue la encargada de las subcomisiones de ayuda, visita a los presos y asesoría jurídica. Esta entidad buscaba sensibilizar e integrar al conjunto ciudadano en la defensa de los perseguidos y en la lucha contra la exclusión y la represión, porque «estos objetivos corresponden a un deber mínimo de solidaridad con los hermanos nuestros que sufren las arbitrariedades del gobierno»118, afirmó el falangista Bernardo Leighton, miembro del Comité. En ese afán, los comités locales deberían constituir subcomités en los sindicatos, fábricas, talleres, barrios, haciendas, poblaciones, escuelas, universidades y toda organización que quisiera colaborar. Estos subcomités deberían materializar los fines perseguidos por el Comité de Solidaridad, colaborando económica, jurídica, médica y socialmente a los presos, relegados, perseguidos y sus familias; recolectar provisiones; visitar a los presos y velar por la seguridad y derechos de sus familias contra las acciones arbitrarias del gobierno: «Llamamos a los ciudadanos democráticos, a todas las organizaciones políticas y sindicales, deportivas, a los comités comunales y subcomités de solidaridad en cada sitio donde existan elementos democráticos a intensificar la ayuda en dinero, víveres, medicamentos, ropas y zapatos, revistas, libros de lectura que necesitan impostergablemente los relegados, detenidos y sus familiares, abandonados a la más espantosa miseria. ¡Ayude a los relegados! ¡Aliéntelos para aminorar sus sufrimientos! ¡Coopere!». Aun después de dos años de iniciada la represión se seguían constituyendo comités, como en la población San Pablo de la comuna de Barrancas y otro en la comuna de Renca. Cada uno de estos subcomités debería difundir los propósitos del Comité de Solidaridad y su labor a través de la publicación de folletos, periódicos, proclamas, volantes y manifiestos. El director del periódico Solidaridad era el abogado Carlos Vicuña Fuentes119.
El Departamento de Prensa y Propaganda tenía la responsabilidad de difundir las condiciones en que se hallaban tanto los recluidos en Pisagua como los relegados, perseguidos y sus familias, los atropellos y vejámenes cometidos por las autoridades, amparados en las leyes y los decretos que suspendían los derechos, promoviendo la derogación de todas esas normativas, tarea que se constituyó en un núcleo palpitante del comité. Por ello, toda su estructura debía realizar o patrocinar mitines, conferencias, manifestaciones públicas, lanzar volantes y distintos tipos de folletería denunciadora e informadora, creando comisiones de propaganda en la base social120.
De acuerdo al Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, para mayo de 1949 había logrado liberar a un porcentaje significativo de presos, ayudar a miles de recluidos que «por quince meses permanecieron en el Campo de concentración de Pisagua» y promover una crucial campaña de solidaridad nacional e internacional, denunciando al gobierno y logrando la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso; recaudando y distribuyendo fondos para los reprimidos; ofreciendo ayuda en vituallas, apoyo médico y asesoría legal, y publicando el periódico Solidaridad121.
Una de las finalidades más importantes del comité era la recuperación de las libertades conculcadas, impedir la aprobación de la Ley Maldita y luego su derogación y la «libertad de los presos políticos y sociales; disolución del Campo de concentración de Pisagua»122. Estas finalidades se entendían como transversales al conjunto social, sin que las diferencias políticas o de credos religiosos pudieran actuar como dique para el reagrupamiento de las fuerzas sociales. Por ello se promovía, como señalamos, la expansión del comité a nivel de base en todas las escalas, hasta la más local. Esto estaba en consonancia con el sentido final del comité: «Ninguna persona de convicciones verdaderamente democráticas puede substraerse a esta urgente y trascendental labor […] Nuestra consigna de hoy: organizar comités y subcomités, incrementar al máximo la ayuda, apadrinar grupos de relegados, intensificar la campaña de masas por la libertad de los presos; en suma, transformar el movimiento ayudista en un poderoso instrumento de lucha por la restauración democrática»123. Hemos remarcado esta frase para resaltar la imbricación entre la defensa de los perseguidos y la lucha contra el Campo de Pisagua y la Ley Maldita, y por la restauración de la democracia, entendida como garantista de las libertades consagradas en la Constitución. Fue este sentido el que permitió el carácter políticamente amplio del Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, como su nombre lo indica y como lo demuestra la presencia de antiguos anticomunistas, como Leonardo Guzmán, socialistas, falangistas y agrariolaboristas. Fue la defensa de lo que se entendía era una tradición en Chile. Así lo explicitó su máximo líder, Carlos Vicuña Fuentes: «Las libertades políticas se definen como las garantías que el estado doctrinariamente y el gobierno, de modo práctico, deben dar a los ciudadanos para el desarrollo espontáneo y normal de sus pensamientos, sentimientos y actividades. Las libertades políticas no son nociones filosóficas, sino garantías o seguridades del orden jurídicosocial». Por ello, el estado debía contribuir al desarrollo moral de la población, su inteligencia, prosperidad y bienestar. No obstante, sentenciaba Vicuña Fuentes, considerando la complejidad de esta tarea social, el estado y los gobiernos habían legitimado facultades para reprimir aquello que se entendía como socialmente dañino, lo cual explicaba la existencia de numerosos controles estatales, dirigidos a «prevenir los males públicos». Aun entendiendo aquello, Vicuña Fuentes y el “Comité de Solidaridad no compartían el camino seguido por el gobierno de Gabriel González y sus partidarios, ya que: «es una herejía criminal pretender gobernar el desarrollo de las opiniones, sean ellas políticas o científicas, por medios políticos o policiales, leyes, decretos, procesos, condenas, persecuciones. Toda esa artillería hipócrita constituye tiranía y torpeza […] la primera y más fundamental libertad política, la primera garantía que todo gobierno debe dar a la ciudadanos, es su respeto pleno, incondicional, a las ideas y sentimientos que ellos manifiestan, a sus programas de bien público, a sus teorías políticas, sociales, morales, estéticas, jurídicas o religiosas […] Solo debe reprimir las perniciosas y su represión debe ser tal que asegure el orden, la paz, la justicia, el progreso y el bienestar de los ciudadanos, con las medidas estricta y racionalmente necesarias para ello, sin llegar jamás al vejamen, la brutalidad, a la represión ciega y asesina, propia solo de los dementes o de los imbéciles, y siempre indigna de un hombre de valía»124.
Estos mismos principios habían guiado la lucha contra la dictadura del General Ibáñez en 1927 e imprimieron el sello al Comité, permitiendo la colaboración con los comunistas en clandestinidad. Fue esta lucha, también, la que, según Rolando Álvarez, habría consolidado el compromiso doctrinario de los comunistas con la democracia.
El Comité se abocó apasionadamente a defender a los perseguidos, iniciando una cruzada nacional por la libertad. Parte de esa tarea fue la realización de asambleas públicas en la FECH para el estudio de las leyes de excepción, actividad en la que participaron profesores universitarios, estudiantes, obreros, empleados, escritores y dirigentes de partidos y sindicatos, concluyendo (el 23 de octubre de 1949) que tales normas vulneraban los derechos, siendo «contrarias a las tradiciones democráticas de la nación e infringen los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de las NU, suscrita por el gobierno [acordando] constituir un Comité