DE DICIEMBRE DE 1936 A MAYO DE 1937. EROSIÓN IRREVERSIBLE DEL PACTO, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y ENFRENTAMIENTO ARMADO
La crisis de ejecución no consiguió resolverse. El extraño episodio de finales de noviembre que involucró a Joan Casanovas y al Director General de Seguridad, Rebertés, en una hipotética conspiración contra Companys, el gobierno de unidad y la CNT, prolongó la supervivencia del ejecutivo en crisis y facilitó a Tarradellas recuperar la iniciativa frente al PSUC, con el apoyo de la CNT. El problema de ejecución residía fundamentalmente en los comportamientos de una parte importante de esta última organización, en la que avanzaban las posiciones contrarias a la participación gubernamental y al cumplimiento del programa de octubre. No obstante, Tarradellas aprovechó que el propio PSUC estaba entonces en plena campaña contra el POUM –por sus críticas a la URSS, a los procesos de Moscú, pero también por las que hacía al pacto de octubre, en el que no había participado al haber sido excluido, contra su deseo, del comité de enlace de las organizaciones obreras– para focalizar en la exclusión del POUM del gobierno, reclamada por el PSUC, la resolución de la crisis. El PSUC cayó en la maniobra y aceptó un cambio de gobierno, en diciembre, en el que no se asumía por parte de la CNT ninguna garantía sobre la ejecución de los acuerdos por sus bases y en el que la CNT incrementaba su peso específico al asumir la Conselleria de Defensa, que pasó a manos de uno de los más fervientes defensores del modelo miliciano, Francisco Isgleas, al tiempo que mantenía el control de la de Economía, clave para interpretar el desarrollo del decreto de colectivizaciones.
El POUM podía haber sido una voz discrepante con el pacto de octubre, dentro y fuera del gobierno, y una de las «crisis de ejecución» notable había sido la tardanza por parte de Nin en la elaboración de un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, que los anarquistas habían puesto como condición para aceptar el nuevo Ejército Popular de Cataluña; a pesar de todo, no era el principal ni el más trascendente responsable de los incumplimientos. Fue el chivo expiatorio que impidió que se abordaran sus causas mayores. La división sobre la aplicación del programa de octubre se mantuvo en el seno del nuevo Gobierno de la Generalitat y aumentó fuera de él, en la calle, en las fábricas y sobre todo en el campo.
En la CNT, las federaciones locales de Barcelona, L’Hospitalet, Girona, Figueres y Sant Feliu de Guíxols y determinados sindicatos como los del transporte, la distribución, la alimentación y el de la madera, impulsaron abiertamente la colectivización integral de los sectores económicos, en nombre de una «socialización» que seguía considerándose en términos sindicales y en perjuicio de la pequeña propiedad o de los sindicatos rivales de la UGT. En el campo, el enfrentamiento a cuenta de la colectivización forzada desembocó en diversos enfrentamientos en las comarcas del Ebro, que culminó en el cruento episodio de La Fatarella a finales de enero de 1937, en el que se vio directamente involucrado –en una actuación irregular y fuera de su ámbito– el Cuerpo de Patrullas de Barcelona. Todo ello fue configurando una fronda de rebelión en medios anarquistas, cuyos diversos objetivos fueron sintetizados por una de sus figuras intelectuales, el doctor Félix Martí Ibáñez: era indispensable «dar gas a la revolución»; en Solidaridad Obrera, su director, Toryho, editorializó el 20 de enero con el inquietante título «Podríamos ganar la guerra y perder la revolución», respondiendo a las advertencias, justificadas, de Peiró sobre la precipitación anarquista en querer controlar ya toda la economía. El POUM, marginado del gobierno, se sumó a ella, por más que nunca consiguió ser acogido como un aliado por las bases de la CNT, más allá de la formación de un Frente de la Juventud Revolucionaria, integrado por las Juventudes Libertarias y la Juventud Comunista Ibérica.
La confrontación se focalizó a partir de febrero de 1937 en dos cuestiones particularmente sensibles en el ejercicio del poder: la reorganización de los servicios de Seguridad Interior y la constitución del Ejército Popular de Cataluña. En ambas se llegaron a acuerdos de principio en el seno del Gobierno; y sobre los servicios de Seguridad Interior llegaron a aprobarse y publicarse, a comienzos de marzo, la serie de decretos que establecían la unificación de todos los cuerpos policiales en un Cuerpo Único de Seguridad Interior, bajo la plena autoridad y control del Conseller correspondiente, en el cual se integrarían los patrulleros cuyos colectivos quedarían disueltos, sin más. A pesar de ello, un segmento creciente de la militancia anarquista rechazó ambos acuerdos y siguió bloqueando la movilización de las levas y la plena militarización de las milicias y su subordinación al mando militar único republicano. Isgleas, finalmente, precipitó la crisis del Gobierno de la Generalitat, presentando su dimisión como Conseller de Defensa a finales de marzo; una crisis que la CNT aceptó con el objetivo de rectificar a su favor la correlación de fuerzas en el seno del ejecutivo.
Las organizaciones que integraban el gobierno de unidad desde diciembre –ERC, PSUC, UGT, CNT, FAI y Unió de Rabassaires– no fueron capaces de conseguir un nuevo compromiso sobre el desarrollo efectivo del pacto de octubre, del que todas dijeron seguir partiendo como base, y sobre todo sobre la composición del nuevo ejecutivo y el reparto en él de las consejerías. La situación se bloqueó, con Cataluña sin gobierno efectivo entre marzo y abril y la incapacidad de encontrar una salida política a la confrontación, que puso sobre el escenario la eventualidad de una salida armada. La cuestión del control de la central de la red telefónica en Cataluña –en manos de un comité absolutamente dominado por los anarquistas–, intentado por fuerzas de la Conselleria de Seguridad Interior en los primeros días de mayo desencadenó una rebelión anarquista, no propiamente de la CNT, sino de diversos sectores de ella: comités de defensa de barriada y localidad, determinadas federaciones locales contrarias a la participación gubernamental, o a los términos en que se había concretado hasta entonces, las juventudes libertarias, etc. A ella se sumaron el POUM y sus juventudes con su propuesta de asunción del poder en exclusiva por los sindicatos, la FAI y el POUM.
La rebelión, rechazada por el Comité Nacional de la CNT y los sectores de la CNT catalana más implicados en la política de colaboración gubernamental, empezando por los ministros anarquistas en el seno del Gobierno de la República, no prosperó; sin embargo, las fuerzas de seguridad del Gobierno de la Generalitat y los grupos armados de los partidos que las apoyaron enfrentándose a la rebelión, el PSUC en primer término, así como Estat Català y ERC, tampoco consiguieron sofocarla, lo que finalmente propició la intervención, a petición del propio Companys, de fuerzas enviadas desde Valencia por el Gobierno de la Republica.
DE MAYO DE 1937 A MARZO DE 1938. RECOMPOSICIÓN POLÍTICA Y ARRIBADA PLENA DE LA GUERRA A CATALUÑA
El desenlace de los enfrentamientos de mayo significó un importante retroceso político de la CNT, que ella misma agravó al negarse a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalitat, constituido al acabar el mes de junio y en el que ERC y el PSUC quedaron frente a frente. Como sucediera en diciembre, aunque existía por parte del PSUC, de los republicanos y de la dirección nacional de la CNT la convicción de la responsabilidad anarquista en la rebelión de mayo, ésta no fue reconocida oficialmente para no agravar la quiebra que se había producido en el campo antifascista; y, entonces se encontró en el POUM el chivo expiatorio sobre el que atribuir esa responsabilidad, lo que dicho partido facilitó con su imprudente comportamiento político durante los enfrentamientos de mayo, instando a apoyarse en los alzados en armas para promover un cambio de gobierno. La ilegalización del POUM no fue la consecuencia fundamental de los sucesos de mayo, sino una derivada, que culminó en el secuestro y asesinato de Nin por agentes soviéticos, actuando por propia cuenta y, a pesar de la complicidad obtenida por parte de determinados policías republicanos, sin el conocimiento del Gobierno de la República, que ya era el encabezado por Negrín. El asesinato de Nin no ilumina las consecuencias de la rebelión de mayo, de la misma manera que esta no se explica por la actuación del POUM.
La consecuencia fundamental fue la derrota de lo que había impulsado la rebelión, la heterogénea fronda anarquista, y la definitiva reafirmación de la autoridad institucional, inicialmente pactada en septiembre/octubre de 1936, que aquella fronda había impugnado y puesto en peligro. Que no se exigieran responsabilidades generales a la CNT por los sucedido evitó que esta organización sufriera un quebranto importante; solo algunos