Tagle, E., Zamorano, J., Scharager, J. (2021). Bienestar integral: componente esencial de la calidad en educación superior. Manuscrito no publicado, Qualitas, Santiago, Chile.
Zapata, G. y Tejeda, I. (2009). Impactos del aseguramiento de la calidad y acreditación de la educación superior. Consideraciones y proposiciones. Calidad en la Educación, 31, pp. 192-209.
1 Desde el año 1999 existían en Chile dos comisiones asesoras del Ministerio de Educación, cuyas funciones eran, entre otras, desarrollar experiencias piloto de acreditación y preparar un marco legal para estos procesos: la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión de Evaluación de la Calidad de Programas de Posgrado (CONAP). Estas comisiones venían a complementar el rol del Consejo Nacional de Educación (antes Consejo Superior de Educación) en materia de aseguramiento de la calidad. Este organismo había sido creado en 1990 para supervisar y evaluar a universidades e institutos profesionales a través del proceso de licenciamiento, inicialmente llamado “acreditación”, nombre que fue modificado para distinguirlo del trabajo realizado por la CNAP (CNAP, 2007).
2 La Ley 21.091 estableció que los criterios y estándares de acreditación estarían formulados el 30 de diciembre de 2020, plazo que posteriormente fue ampliado al 2022 de acuerdo con la Ley 21.186 (ley corta). Actualmente, aún se encuentran en proceso de formulación.
4 En la Ley 21.091 se establece que una de las funciones del Comité de Coordinación del SINACES es “Promover la coherencia entre los criterios y estándares definidos para los procesos de acreditación, con la normativa que rige el licenciamiento, así como toda otra del sector de educación superior” (Ley 21.091 sobre Educación Superior, Título IV, Artículo 4, Letra e).
5 Ley 21.091 sobre Educación Superior (2008), Título I, Artículo 2, Letra b).
6 https://www.akkreditierungsrat.de/
CAPÍTULO 3
EDUCACIÓN SUPERIOR CATÓLICA EN AMÉRICA LATINA
PEDRO PABLO ROSSO
Rector Emérito
Pontificia Universidad Católica de Chile
INTRODUCCIÓN
La educación superior católica en América Latina tiene una historia que se remonta a los primeros años de dominación española y portuguesa. Por lo tanto, ha sido testigo y, en cierta medida, protagonista de un choque de culturas cuyas consecuencias se prolongan en la marginación de los pueblos originarios y las dificultades de la región para incorporarse a la modernidad y a la era industrial. Manifestaciones de esta realidad son la pobreza de grandes sectores poblacionales, la desigualdad de oportunidades y distribución de bienes, los bajos niveles de escolaridad, una economía basada en la exportación de productos naturales y la utilización no sustentable de esos recursos, el flagelo del narcotráfico y la delincuencia internacional, la debilidad de las instituciones públicas y el caos urbano de las grandes ciudades (PNUD, 2019). Se agrega a lo anterior un contexto de democracias frágiles, regidas por una clase política incompetente, cuando no corrupta.
La cronicidad de estos problemas alimenta un malestar ciudadano que se manifiesta en las oscilaciones políticas que caracterizan los cambios de gobiernos nacionales, con alternancias frecuentes entre opciones cuyos programas de acción tienen escasas congruencias, frecuentes estallidos sociales y migraciones internas y externas. En general, los breves ciclos de mayor prosperidad y progreso material de Latinoamérica han coincidido con un aumento a nivel mundial en el precio de las materias primas y productos semielaborados que exporta. A su vez, esto ha sido causado por una mayor demanda de esos productos, asociada a los lapsos de crecimiento económico de las grandes áreas industrializadas del mundo. Actores principales en ese escenario global son los EE.UU. de Norteamérica, la Unión Europea, Japón y, más recientemente, la República Popular China y Corea del Sur. Algunos de estos países, notablemente los de Europa Occidental, han sido protagonistas del comercio mundial desde la época de la primera revolución industrial (PDP-CEMPLA, 2018).
El éxito económico de los estados antes mencionados radica en la capacidad de generar nuevo conocimiento y transformarlo en valor para la sociedad. Esa es la razón por la cual han sido llamados “economías o sociedades del conocimiento”. Se trata de países con altos niveles de escolaridad, que valoran la capacidad de generar conocimientos como un activo económico fundamental y, consecuentemente, consideran la investigación —en todas las ramas del saber— una actividad nacional prioritaria. Por esta razón, han construido sistemas educativos de alta calidad, en todos sus niveles. En ellos se forma una fuerza laboral instruida, muy productiva, que cuenta entre 7 y 15 investigadores por cada 1.000 puestos de trabajo (OECD, 2018).
A partir de esta visión del papel crucial que tiene el conocimiento en el progreso y prosperidad de las naciones, las universidades se han transformado en uno de los ejes de los planes nacionales de desarrollo (National Research Council, 2012). En este ámbito es paradigmática la “Estrategia de Lisboa”, mediante la cual la Unión Europea, considerando a sus universidades académicamente inferiores a sus pares de los EE.UU., respecto de la generación de conocimientos, se propuso potenciarlas en ese ámbito para transformar a Europa en la economía del conocimiento “más competitiva del mundo” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).
Esa visión del futuro, que otorga a las universidades un papel protagónico para el desarrollo y la prosperidad económica, no ha sido asumida por Latinoamérica, donde la clase política continúa absorta en la compleja y entrabada “gestión del presente”. Aunque en el discurso público abunda la retórica sobre la importancia de la educación y del cultivo y generación de conocimientos, hasta ahora los gobiernos se han mostrado renuentes a realizar una gran inversión en los sistemas educativos, asegurándoles los recursos necesarios para constituirse en sistemas de una calidad y solvencia académica similares a los que sustentan a las “sociedades del conocimiento”. Lo mismo puede decirse de la inversión que los estados latinoamericanos hacen en el ámbito de la investigación científica, considerablemente baja comparada con la de los países llamados “emergentes” (Bárcena, 2020).
Como parte de la oferta de educación superior privada, las universidades católicas latinoamericanas son actores relevantes en el escenario educativo de la región. La mayoría de ellas han sido creadas durante los últimos cuarenta años, incluyendo varias que todavía están en etapa fundacional. Producto de iniciativas de las conferencias episcopales o de algún obispo unas, de instituciones de vida consagrada otras y de fieles laicos las restantes, además de cumplir con una misión propiamente universitaria, como un hecho inherente a sus identidades católicas, tienen el apasionante y arduo desafío de ser “signo vivo y prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura” (Juan Pablo II, 1990). Esto significa iluminar con los principios de la antropología cristiana y de la Doctrina Social de la Iglesia los caminos conducentes a un auténtico progreso.
Este capítulo describe el pasado y el presente de la educación superior católica en América Latina y el Caribe, enfocándose en las instituciones universitarias y en los desafíos que se vislumbran en el porvenir. Reflejando la falta de estudios publicados en revistas de circulación internacional sobre las universidades católicas de esta región, muchas afirmaciones sobre la situación actual de estas instituciones se basan en observaciones del autor, quien, durante el lapso 2009-2016, en su calidad de presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, visitó un número importante de ellas, pudo conversar con sus autoridades y obtener algunos datos relativos a su funcionamiento.
EL TRISTE PASADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LATINOAMERICANA
1. La etapa colonial
La presencia de universidades católicas en América Latina tiene dos etapas: la colonial y la republicana. En los dominios españoles, la primera se inicia en el siglo XVI y finaliza a inicios del siglo XIX, cuando las naciones latinoamericanas