Estas definiciones, sin duda, ofrecen un espacio privilegiado para caer en la tentación de intentar procedimentar la totalidad de las funciones desarrolladas. Lo que, en organizaciones complejas como las universidades, puede ser una tarea tan interminable como inconducente.
En este punto se hace necesario, entonces, responder qué se puede entender por la “totalidad de funciones” y cómo se las puede evaluar sin exigir su “total” procedimentación y, como consecuencia, sin atentar contra la diversidad institucional.
Respecto de las funciones, estas se encuentran primeramente definidas para cada tipo de institución de educación superior en el artículo 3º de la Ley 21.091. En el caso específico de las universidades, esta señala que sus propósitos misionales se cumplen a través de “la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio”. Dimensiones que son recogidas en el articulado correspondiente como susceptibles de acreditación, agregando la gestión estratégica y recursos institucionales, y la referida al sistema interno de aseguramiento de la calidad, ya mencionada.
Un elemento que se deberá tener a la vista al momento de enfrentar los procesos de acreditación es la misión institucional. De acuerdo con lo establecido en la propia ley (numeral 15 del artículo 81), esta debe ser una referencia principal al evaluar la forma en que las instituciones cumplen con su misión. El resguardo de las misiones particulares se fundamenta también en el principio de diversidad institucional que “inspira” al sistema de educación superior chileno (artículo 2º, letra d). De ese modo, la acreditación deberá usar como referencia evaluativa la definición de misión que la universidad respectiva se haya dado en sus documentos fundacionales (por ejemplo, en el Estatuto) y en los textos programáticos y estratégicos que orientan su quehacer. A partir de esta doble perspectiva será posible asegurar que la evaluación sea comprensiva y, además, se haga cargo de las particularidades con que las instituciones desarrollan las funciones mencionadas.
La definición que la ley hace de las dimensiones evaluables, en los artículos referidos a la acreditación, es más bien general, dejando un amplio margen de flexibilidad para las exigencias que se establezcan. Sirva, a modo de ejemplo, el ámbito de la docencia y resultados del proceso de formación: “Debe considerar las políticas y mecanismos institucionales orientados al desarrollo de una función formativa de calidad, los que se deberán recoger en la formulación del modelo educativo”. Como es posible apreciar, la propia ley salvaguarda un espacio amplio de interpretación, que permite no solo respetar las particularidades de los proyectos institucionales, sino sintonizar de manera genérica los criterios y estándares con los desarrollos del sistema de educación superior.
Esta misma amplitud y, por ende, posibilidad interpretativa, sin embargo, encierra el riesgo de conducir a una conclusión inversa, que desde una perspectiva administrativa y burocratizada ponga el foco más en la segunda parte (recursos, procesos y resultados) que en las opciones de flexibilidad que entrega la norma. La dificultad radica en las pretensiones de objetividad e imparcialidad que la evaluación tenga. Es decir, si se va a operar bajo ese precepto, se va a privilegiar la comparación de métricas o se va a descansar más en el juicio de pares expertos.
El principal riesgo de la primera opción es acrecentar la visión formalista de las acreditaciones, que puede llevar al sistema de aseguramiento interno de la calidad a transformarse en una especie de agencia auditora interna, réplica de la CNA. Es decir, en una instancia escasamente integrada al quehacer institucional, que con la pretensión de realizar evaluaciones objetivas desarrolle una inagotable actividad de procedimentación y formulación de indicadores, acrecentando las exigencias sobre las unidades académicas y el peso financiero de la actividad.
Por las razones anteriores resulta fundamental que la evaluación del sistema interno de aseguramiento de la calidad se aborde de manera flexible, es decir, sin una visión prefigurada de lo que debe ser, sino de los logros que debe alcanzar transversalmente en todas las dimensiones de su quehacer, respetando las características idiosincrásicas de cada institución. No obstante, ello solo será posible si la CNA no elige el camino de la interpretación rígida de la norma, amparada en el argumento de la objetividad cuantitativa, sino que privilegia el juicio bien fundado de pares académicos bien preparados y de reconocida trayectoria.
b) Principios de funcionamiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad
En conformidad con lo dicho más arriba, se estima que la evaluación del sistema interno de aseguramiento de la calidad debe centrarse más en la segunda que en la primera parte de la definición de la ley: “Los mecanismos aplicados deberán orientarse al mejoramiento continuo, resguardando el desarrollo integral y armónico del proyecto institucional” (numeral 20, artículo 81). Por lo mismo, se juzga fundamental que, sin desconocer la relevancia de su debida institucionalización normativa y operativa, el sistema interno de aseguramiento de la calidad se funde sobre ciertos principios que aseguren su consonancia con lo que mandata la ley, con la naturaleza propia de la organización universitaria y con el carácter específico de cada proyecto. Desde esa perspectiva, los siguientes tres parecen fundamentales:
Calidad como consistencia y excelencia. El sistema interno de aseguramiento de la calidad debe contribuir a garantizar que el desarrollo institucional sea consistente con los propósitos misionales declarados y a la vez fomentar que las actividades académicas y administrativas se realicen en un estándar del más alto nivel nacional e internacional.
Calidad como cultura organizacional. El sistema interno de aseguramiento de la calidad debe promover entre quienes forman parte de la comunidad académica la responsabilidad por los procesos que llevan a cabo y por los resultados de los mismos. Por esto, se debe centrar en los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, propios de la cultura e historia universitaria.
Calidad como responsabilidad pública. El sistema de aseguramiento de la calidad debe garantizar el sentido público del quehacer institucional, atendiendo a los intereses de todos los actores vinculados a la universidad y alineándose con los requerimientos de rendición de cuentas del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior.
De igual modo, se considera relevante que en la evaluación que se haga del sistema interno de aseguramiento de la calidad, más que centrarse en sus mecanismos y alcances, se privilegie verificar si en su diseño y operación cumple con ciertos propósitos y condiciones propias de esta actividad. Entre ellos se juzgan relevantes los siguientes:
Pertinencia y actualidad. El sistema interno de aseguramiento de la calidad debe descansar sobre mecanismos coherentes con la cultura universitaria y la complejidad académica de la institución respectiva, y estar acordes con los utilizados por instituciones internacionales de excelencia.
Autorregulación y mejora continua. Estos deben garantizar y promover la capacidad autorreflexiva y autoevaluativa de la institución, así como la identificación y corrección de las deficiencias, a través de la formulación, seguimiento y concreción de planes de mejora.
Integración y responsabilidad. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad deben estar integrados al quehacer académico y administrativo habitual de la universidad, y tender a responsabilizar a quienes conforman la comunidad de la calidad de este.
Procesos y resultados. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad deben enfocarse tanto en la evaluación de los procesos institucionales como en sus resultados.
Regularidad y sistematicidad. Estos deben aplicarse de manera regular y sistemática, a fin de promover una permanente autorreflexión y autoevaluación institucional, en todos las áreas y niveles organizacionales.
Información veraz y oportuna. A fin de garantizar su efectividad, los mecanismos de aseguramiento de la calidad deben descansar sobre la provisión de información veraz y oportuna, que permita una evaluación y juicios verificables de los procesos y sus resultados.
Rendición interna y externa de cuentas. Los mecanismos de aseguramiento de la calidad deben considerar