Esta defensa del principio de mayoría pone de manifiesto el carácter profundamente democrático de la teoría de Locke, más allá de que no hubiese ahondado en la creación de instituciones para defender a la democracia en la práctica, como sí lo hicieron otros autores dedicados a este tema. La fuente de la legitimidad institucional es para Locke, de acuerdo con Shapiro, la regla de la mayoría (Shapiro, 2011: 39).
Locke dedica una parte importante de su obra a reflexionar sobre la tolerancia, es decir, acerca del derecho a disentir. Lo hace en la medida en que entiende que un sistema político democrático no va a poder nunca satisfacer los intereses de todos. Particularmente, Locke fue testigo del amplio enfrentamiento entre católicos y protestantes en la Inglaterra de su época. La noción de la tolerancia, analizada por Locke, es básica en las democracias modernas. Es la idea de que tenemos que respetar la forma de pensar de los otros individuos a pesar de que estemos en contra de esa postura. Finalmente, en su reinterpretación de Locke, Shapiro concluye que no podemos olvidar que, en última instancia, todo demócrata es, en el fondo, un individualista, en tanto que está interesado en escuchar los deseos o intereses de toda la población adulta, aunque finalmente sólo pueda satisfacer, por motivos prácticos, los de la mayoría.
En los Papeles federalistas, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay se preguntan “si los hombres serían o no capaces de gobernarse con gobiernos producto de la reflexión o si más bien [éstos] son resultado de la imposición y la fuerza” (Madison, Hamilton y Jay, 1952: 29). Les preocupa el problema de la necesidad de reconciliar los intereses privados con el bien común, y su propuesta es la unión en una república federalista donde se respeten los derechos individuales. En su opinión, ésta es la mejor forma de lograr la seguridad de los ciudadanos.
Los Padres Fundadores de Estados Unidos, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, prefirieron referirse, en sus famosos Papeles federalistas, a una república, en la medida en que optaron por el sistema representativo, pero demandaban una representación real y no un sistema representativo meramente virtual, como el que según ellos se instaló en Inglaterra. La republica la definen como “un gobierno que deriva todos sus poderes, directa o indirectamente, del cuerpo del pueblo, y que es administrado por personas en los puestos por un tiempo limitado o mientras mantengan un buen comportamiento” (Madison, Hamilton, Jay, 1952: 125). Estos servidores públicos deben ser electos por el pueblo, el cual constituye la última autoridad. Si bien sí estaban preocupados por la representación real, en los hechos limitaron claramente esta posibilidad.
La república asumía que todas las personas eran iguales (aunque en términos reales se excluyera a muchos). Consideraban que la voluntad de la mayoría tenía que prevalecer (Madison, Hamilton, Jay, 1952: 82); sin embargo, es preciso subrayar que los tres autores estaban temerosos del gobierno de las mayorías, que eran las masas empobrecidas, por lo que en la arquitectura institucional de una república federal democrática incluyeron no sólo la voluntad de las mayorías, sino también la de las minorías (Madison, Hamilton, Jay, 1952: 164). Temían que la democracia degenerara en una dictadura de las mayorías, algo que podría suceder con facilidad, a su parecer, si un demagogo manipulaba a las masas ignorantes. Por otra parte, les preocupaban claramente también, y con mucha razón, los excesos de la Revolución francesa y su terror, establecido por Robespierre.
Los tres subrayaron la necesidad de la existencia de un gobierno federal para mantener la unión: “[…] la importancia de continuar firmemente unidos bajo un gobierno federal poseedor de suficiente poder para todos los propósitos generales y nacionales” (Madison, Hamilton y Jay, 1952: 33). También estaban en contra de otorgar demasiadas facultades a los estados y de que se crearan barreras entre ellos; pugnaban por un mercado nacional supervisado por un gobierno federal.
Por otra parte, en su afán de evitar la concentración del poder y debido a su desconfianza, fueron incluyendo más restricciones en el gobierno. A partir de Montesquieu establecieron pesos y contrapesos como la división del poder en tres ramas, para lograr un ejercicio gubernamental más equilibrado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo y las Cortes, que desempeñan el papel de establecer esos pesos y contrapesos, ayudan a constituir formas más eficaces y perfeccionadas de gobernar, “mediante las cuales la excelencia del gobierno republicano se mantiene y sus imperfecciones se disminuyen o evitan” (Madison, Hamilton y Jay, 1952: 47). Las legislaturas, tanto la federal como las locales, debían de estar formadas por dos cámaras que mutuamente supervisaran sus respectivos trabajos. Al mismo tiempo, todas servirían como forma de control ante los potenciales abusos de los poderes Ejecutivo y Judicial, federales y locales y, a su vez, éstos también vigilarían a los Legislativos en ambos niveles.
La intención era que estas distintas ramas del gobierno se vigilaran entre sí, de tal forma que ninguna pudiera abusar del poder conferido por la sociedad, es decir, evitar a toda costa su concentración (Madison, Hamilton y Jay, 1952: 187-244). Mientras que los confederados temían que el poder se concentrara sobre todo en el Ejecutivo y en el gobierno federal vis-à-vis los estatales, en realidad en los primeros años de la vida independiente de Estados Unidos el Legislativo fue el poder más influyente, mucho más que el Ejecutivo, bastante más débil, una situación que fue completamente prevista por los federalistas, quienes apuntaban la necesidad de fortalecerlo.
Temerosos de los excesos de la experiencia europea, con el fin de evitar la concentración del poder en el Estado establecieron un sistema representativo, con la instauración de elecciones tanto en el nivel local como en el federal, mediante las que se elegiría a los integrantes de las tres ramas del gobierno. A través del sistema federal se logró el pacto entre el gobierno central y los estados para equilibrar el poder entre ambas soberanías, las cuales debían supervisarse mutuamente (Madison, Hamilton, Jay, 1952: 93). En dicho pacto federal se definieron las funciones y los ámbitos de actuación de cada uno. Específicamente, las legislaturas locales, de acuerdo con los Padres Federalistas, tienen la misión de garantizar que no se produzca una concentración del poder federal sobre los derechos de los ciudadanos.
Precisamente por la naturaleza del ser humano, que busca proteger y apoyar sus propios intereses, justamente mediante el ejercicio del poder, es necesario ponerle restricciones al gobierno. “Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles internos ni los externos serían necesarios” (Madison, Hamilton, Jay, 1952: 163). Las instituciones ya no se conciben como valiosas en razón de la tradición que representan, sino que son creadas por las personas, como candados o restricciones, para ponerle frenos a los deseos egoístas, sobre todo de los poderosos, y por lo mismo, son susceptibles de cambios, siempre con el afán de perfeccionarlas. Desde los Papeles federalistas se observa que, para que exista la democracia, según los padres del federalismo, Hamilton, Madison y Jay, el individuo tiene que contar con las libertades de pensamiento y de asociación, así como gozar del derecho a la propiedad privada, todo ello concebido como los derechos naturales de la persona por el liberalismo.
El proceso de deliberación y la necesidad de llegar a un acuerdo, que se llevó a cabo en torno a la confección de la Constitución estadounidense, logró vincular intrínsecamente los temas de la democracia y de los derechos individuales, al introducir The Bill