La democracia amenazada. Paz Consuelo Márquez Padilla

adquieren esta conciencia de clase, se agrupan en sindicatos para emprender acciones colectivas. Ahora bien, más allá de esta diferencia de poderes, existe una contradicción básica en este modo de producción, que provoca crisis económicas cíclicas y propicia la permanente lucha de clases, hasta que, eventualmente, los trabajadores se unen en un movimiento social y político, una revolución, para transformar el sistema productivo, porque la única libertad real que existe en el capitalismo es la del mercado: la libertad burguesa; esto es, la explotación, velada por la ilusión religiosa y política de que se cuenta con otras libertades. La revolución obrera sería el camino para la conquista de la democracia (Marx y Engels, 2012: 39).

      Por lo tanto, según la teoría política marxista, solamente mediante la transformación de las relaciones de producción, la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de la dictadura del proletariado se puede, eventualmente, instaurar el comunismo, sistema en que cada individuo recibirá su porción de la riqueza social de acuerdo con sus necesidades: “Todos los movimientos han sido, hasta ahora, realizados por minorías o en provecho de las minorías. El movimiento del proletariado es propio de la mayoría y en provecho de la mayoría” (Marx y Engels, 2012: 27).

      Cuando esto ocurra, no existirá una clase dominante que se apropie injustamente de las ganancias y explote a los trabajadores, ni tampoco una clase burocrática sujeta al dominio de la burguesía, sino que el proletariado tomará colectivamente las decisiones y, entonces, el gobierno no será necesario y, por lo tanto, finalmente desaparecerá. Es solamente en el socialismo y el comunismo donde se puede lograr una verdadera democracia, en la que el voto universal realmente adquiere valor.

      Esta negativa visión marxista acerca de la democracia condujo a que los países socialistas, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y China justificaran sus dictaduras partidistas y que no tuvieran como objetivo real llegar a establecer una democracia. No sería sino hasta muy entrado el siglo xx, con el llamado eurocomunismo, y después de que internacionalmente se reconocieron los abusos cometidos en contra de los ciudadanos soviéticos y chinos por parte de sus regímenes totalitarios, cuando se empezó a dar relevancia a la idea de que, junto con las transformaciones económicas, también era necesario proteger el sistema político democrático. La historia mostró que con la abolición de la propiedad privada no se acabó con los privilegios, sino que se crearon nuevas elites en la forma de burocracias estatales, rígidas y autoritarias, que ahora gozaban de las prerrogativas del sistema, mientras que las masas seguían empobrecidas. No se distribuyó la riqueza como se esperaba; más bien sólo se repartió pobreza: miseria, hambrunas y una terrible represión para mantener al sistema. La teoría de Carlos Marx le reconocía una bondad intrínseca a los trabajadores y le atribuía una maldad desmedida a la clase empresarial, en una suerte de maniqueísmo. Ésta fue la racionalidad detrás de su opción política en favor de la dictadura del proletariado y de la abolición de la propiedad privada, como los únicos métodos para poder construir una sociedad justa; sin embargo, la historia demostró que dicha utopía, en los términos planteados por el marxismo, se pervirtió en lo que algunos pensadores llamaron después el “socialismo real”.

      Si bien la práctica marxista tuvo consecuencias no deseadas, como la consolidación de dictaduras permanentes tanto en la Unión Soviética como en China, donde se violaban los derechos humanos de los individuos y se recurría a la tortura, por ejemplo, no por eso debemos ignorar las aportaciones de Marx en el sentido de que en el capitalismo existe una estrecha vinculación entre el poder económico y el poder político. En otras palabras, a partir de las ideas de Marx y Engels se adquiere plena conciencia de la incuestionable necesidad de ponerle límites al poder económico, pues de lo contrario el sistema sólo funcionará para el beneficio de unos cuantos. La mano invisible del mercado de Adam Smith, que supuestamente repartiría en forma justa los beneficios de la cooperación social, tampoco ha funcionado. Por ello, es evidente la necesidad de que los gobiernos instrumenten estrategias para atemperar los insaciables deseos de acumulación y concentración de la riqueza de algunas elites, una consecuencia casi natural del sistema capitalista; sin embargo, también se requiere un ejercicio de la política que contemple tener precaución tanto para controlar los excesos del mercado, como para evitar la concentración del poder en el Estado. La experiencia parece enseñarnos que hay que aspirar justo al equilibrio entre ambos ámbitos, por supuesto sin dejar de reconocer el papel fundamental de la sociedad civil.

      Lo que la historia política del mundo no se cansa de demostrar es que no importa tanto si la dictadura es del proletariado o de las oligarquías políticas y económicas en los regímenes de libre mercado, pues el resultado es prácticamente el mismo: una sociedad injusta en la cual se violan los derechos humanos de los individuos. Sólo la promesa de respetar todos los derechos para todos y de aceptar que no existen grupos sociales inherentemente buenos o malos, pues cualquiera puede cometer abusos y excesos, podrá garantizar de algún modo el tránsito hacia sociedades más felices. Para ello es fundamental la instauración y consolidación de las democracias. Los gobiernos tienen que ser incluyentes y aspirar a velar por los intereses de todos los ciudadanos, sin excepciones. Esto contempla, desde luego, tanto a los trabajadores como a los empresarios y las clases medias.

      La gran enseñanza histórica es que nada justifica la violación de los derechos humanos en aras de la construcción de una supuesta sociedad igualitaria en el futuro. Los derechos de todos los individuos deben respetarse siempre, porque no es moralmente aceptable sacrificar a ninguna generación con la justificación de cumplir la promesa utópica de un mundo mejor. Como lo sostuvo Immanuel Kant desde el siglo XVIII, no se debe considerar al individuo como un mero medio, sino que es necesario visualizarlo como un fin en sí mismo (Kant, 1952). No es con la abolición de la propiedad privada como podremos construir una mejor sociedad. Siempre existen formas políticas de acaparar el poder y los beneficios, incluso en los sistemas de propiedad comunal. La historia de la humanidad nos ha mostrado que siempre surge un grupo privilegiado, que acapara más beneficios económicos y que ejerce un mayor poder político que los demás. En este sentido, pensar que las comunidades indígenas que tienen propiedades comunales están exentas del abuso del poder es, por lo menos, ingenuo.

      Sin embargo, a pesar de que los sistemas socialistas tuvieron grandes consecuencias no deseadas, entre ellas sus monumentales aparatos represivos, no sería inteligente borrar todas las ideas de Carlos Marx. Sin duda, la posición económica de los grupos les confiere mayor o menor fuerza en el ámbito político. Por ello, no basta establecer un régimen democrático para proteger los derechos e intereses de todos los individuos; también es preciso crear instituciones, e instaurar pesos y contrapesos, que coadyuven a lograr un mejor resultado político y social. Es en el ámbito de las ideas donde pueden surgir las mejores propuestas para perfeccionar las instituciones, aunque no podemos olvidar que son las condiciones estructurales las que permitirán, o no, el desarrollo de las mismas, por lo tanto, las transformaciones se experimentan en ambos niveles.