Para una mejor comprensión de esta batalla simbólica, en la que se ponen en juego diversos capitales simbólicos en torno a una realidad brutal como la práctica de la tortura en México, es necesario contrastar diversos momentos, un mismo personaje —Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco— pero diferentes gobiernos. En 2007, durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en el marco de la 127ª Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en su sede en Washington,
Juan Manuel Gómez Robledo, de la cancillería, aseguró que existe “pleno compromiso” de la actual administración con el cumplimiento de los derechos humanos en el país, amén de que continuará la apertura al escrutinio internacional […] Señaló que entre 1994 y 2006, 74 personas han sido sentenciadas por el delito de tortura en 13 estados de la República. Contrario a ello, los representantes de la sociedad civil afirmaron que los sancionados por ese ilícito es un número menor al que aseguró el gobierno (Emir Olivares, 2007).
Dos años después, en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, sobre feminicidios en Ciudad Juárez, el mismo personaje
dijo que la delegación gubernamental mexicana reconocerá ante la corte la afectación que sufrieron los familiares de las tres mujeres que fueron asesinadas, en virtud de las irregularidades ocurridas en la primera fase de las investigaciones. Por ello, manifestó que desde el inicio del proceso ante la Comisión Interamericana, el Estado mexicano presentó una solución amistosa que contenía un ofrecimiento de reparación integral, basada en estándares internacionales, incluyendo una indemnización económica y medidas y garantías de no repetición (Saldierna, 2009a)
Otros dos años después el mismo personaje dio otra batalla contra organismos de la ONU, ahora en torno al arraigo y el fuero militar. El contexto es que en el año 2009, como veremos más adelante en el capítulo VIII, se realizó por primera vez el Examen Periódico Universal al estado mexicano, en el que aceptó la mayoría de las recomendaciones, excepto las que se referían al arraigo y al fuero militar. De ahí que Gómez Robledo “rechazó […] que el gobierno federal haya utilizado un lenguaje tramposo para negarse a aceptar las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en materia de arraigo y fuero militar” (Saldierna, 2009b). La misma nota periodística da cuenta de la argumentación del funcionario federal para justificar las dos recomendaciones:
En entrevista con La Jornada, Gómez Robledo Verduzco resaltó que el arraigo no es una medida que pueda equipararse a una detención arbitraria, sino que se trata de un instrumento cautelar de carácter excepcional sujeta al control judicial, que se aplica contra quienes presumiblemente tienen vínculos con el crimen organizado, para que el Ministerio Público pueda allegarse de elementos para saber si hay presunción de culpabilidad (Saldierna, 2009b).
Y respecto al fuero militar afirmó:
Sobre el fuero militar, el funcionario de la SRE subrayó que se trabaja en la adecuación del código respectivo, en los tratados de derechos humanos y en la reforma del sistema penal, con el objetivo de transparentar aún más los procedimientos ante los tribunales militares y ampliar la participación de las víctimas en los mismos (Saldierna, 2009b).
Con estos antecedentes ya podemos aproximarnos al debate —que llamamos lucha simbólica porque lo que se pone en juego no es solo la autoridad legítima para nombrar lo que ocurre en la realidad sino el lugar desde donde se pronuncia un tal discurso— con el exrelator especial contra la tortura, Juan Ernesto Méndez. Hacia finales de marzo de 2015, un mes después del intenso y confrontativo examen a México en materia de desapariciones forzadas que le hiciera el comité respectivo, el exsubsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que “incide negativamente en la valoración que se haga sobre la situación que vive el país” (Ciro Pérez, 2015). En la misma nota periodística se da cuenta de varias afirmaciones de Gómez Robledo: “Luego de reiterar su rechazo a dicho término [generalizada] pues no se corresponde con una política de Estado la comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática” (Ciro Pérez, 2015). La nota comenta que fue
[...] en un comentario que el propio subsecretario hizo ante senadores, aseguró que el relator de la ONU ‘‘no fue profesional ni ético’’ y que México no volverá a trabajar con él… En una relación madura y de cooperación como la que hemos sostenido desde hace tantos años, es la primera vez que tenemos una discrepancia en torno a la caracterización de la situación que se vive en México. Muchos de los puntos contenidos en el informe tienen mucho valor, pero donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura (Ciro Pérez, 2015).
Para Gómez Robledo la palabra dura es “generalizada”, por lo que afirma:
Gómez Robledo destacó que el término “generalizada” significa que “hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de quien lo perpetra” (Ciro Pérez, 2015).
Además, añade en la misma entrevista:
“Nos oponemos, porque en modo alguno es la situación que se vive en México, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales”. Reconoció que durante el año previo a la publicación del informe de la ONU pidió reiteradamente al relator que reconsiderara ese término (Ciro Pérez, 2015).
Y para redondear su postura expresa cómo entiende la palabra “generalizada”:
No debería haber un solo caso de tortura … pero decir que se trata de una situación generalizada equivale a que se comete en las 32 entidades federativas, en los tres órdenes de gobierno y en todo momento del proceso: desde la detención hasta la sentencia firme, y luego cuando se está purgando sentencia. Eso es lo que, creemos, debió haber sido dicho en términos más equilibrados y objetivos (Ciro Pérez, 2015).
En su descalificación al relator especial contra la tortura de la ONU Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco es apoyado por su entonces jefe, José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda, quien
[…] respaldó ayer los señalamientos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en torno a que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, no fue profesional ni ético al destacar que en México esa práctica es generalizada … Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada de la tortura (Saldierna, 2015).
Por si fuera poco, el apoyo del entonces secretario de Relaciones Exteriores, “Un día después de conocer el informe sobre México, el embajador ante Naciones Unidas, Jorge Lomónaco, rechazó que en el país la tortura sea una práctica generalizada. Eso no corresponde con la realidad” (Saldierna, 2015). Cabe destacar que es justamente con este representante de México con quien va a responder el exrelator contra la tortura en una carta oficial, con el sello y el respaldo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En primer lugar, tanto las declaraciones de Gómez Robledo como de Meade Kuribreña para Juan Ernesto Méndez “constituyen un ataque personal”. La defensa es muy precisa:
A lo largo de mi carrera en derechos humanos, y a partir de mediados de 1980, he visitado México en varias oportunidades, incluyendo visitas en calidad de Relator para México