Referencias
Repasos de lo vivido: semilleros y narrativas de una práctica rural
Myriam Esperanza Monroy González
Los semilleros en el contexto de la Universidad de La Salle
La articulación de los semilleros en la investigación
A propósito de los semilleros: para pensar, actuar
La narración: voces conjuntas
Los aprendizajes en las voces de los semilleristas
A modo de cierre sin pretensión de concluir
Referencias
La asociatividad y el liderazgo del profesor en comunidades rurales de Colombia. A manera de epílogo
Referencias
Tito Hernando Pérez Pérez* Luis Ernesto Vásquez Alape**
Afianzar los procesos formativos en asociatividad y liderazgo rural de los profesores de primaria del municipio de Guatavita (Cundinamarca), a partir de las prácticas en investigación-acción, es un reto y una alternativa para redescubrir, fortalecer y proyectar su historia, y las potencialidades de los sujetos rurales, en aras de rescatar las riquezas del campo, su valía económica, política, social y cultural, así como su significativo aporte a la manutención del país. Todo esto en medio de las tensiones suscitadas por el abandono gubernamental del campo y por el despojo de propiedades que han sufrido los campesinos, afrodescendientes e indígenas desde que se comenzó a configurar el Estado colombiano.
Si bien es cierto que Guatavita no ha sido afectado de forma directa por las dinámicas recientes del conflicto armado, este municipio no se puede desconocer como parte del contexto nacional, dado que la dolorosa guerra ha fracturado la vida, el capital cultural y las simbólicas que han constituido el significado y sentido de vida de los territorios rurales.
Estudios relacionados con el origen y evolución del conflicto armado en Colombia, como el realizado por Fajardo (2015) para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, señalan que este se deriva de manera principal de las tensiones, disputas y correlaciones de fuerza generadas por la apropiación de la tierra. En este sentido, desde los años veinte, las acciones de violencia se han caracterizado por la reacción estatal frente a las organizaciones obreras y campesinas. Un ejemplo de esto lo constituye la masacre de las bananeras de 1928, que es el referente de comienzos del siglo XX en relación con los asesinatos y desapariciones de líderes sociales y campesinos.
En los años cuarenta y cincuenta se vivió un escenario de confrontación entre los simpatizantes de los partidos tradicionales —Liberal y Conservador—, provocado por su dirigencia. El conflicto dejó saldos lamentables de pérdida de vidas humanas, en especial en los territorios rurales de la región andina. Hacia finales de los sesenta, incursionaron en el país las guerrillas de corte comunista y socialista, las cuales nutrieron sus fuerzas militares con campesinos, afrodescendientes e indígenas, quienes, ante el abandono de los territorios rurales por parte del Estado y de sus agentes de gobierno, y los procesos de pauperización, vieron en la lucha armada una posibilidad de cambiar su realidad.
En los años ochenta se fortaleció la presencia de grupos armados contrainsurgentes creados por alianzas entre empresarios, ganaderos, representantes de multinacionales y narcotraficantes, con el fin de eliminar a las guerrillas en los territorios rurales. Así, de nuevo, el campo y sus actores vitales fueron las principales víctimas de la guerra y de la “deshumanización” que conlleva.
Aunque distintos sectores —como el empresarial, el gremial y el gubernamental— han intentado desconocer el conflicto armado interno en Colombia, este ha sido constante durante los últimos setenta años, sobre todo en las zonas rurales, que conforman el ámbito más afectado por los actores armados estatales y paraestatales, las guerrillas y las bandas criminales (Bacrim); “estas últimas junto a los grupos paramilitares, son los más grandes artífices del desplazamiento y despojo de tierras en Colombia” (Pérez Pérez, 2011, p. 134).
Otro aspecto que permite analizar la realidad del campo colombiano se relaciona con la hibridación cultural que, en vez de constituir una posibilidad de crecimiento, democratización y rescate de la diversidad, ha generado discriminación, persecución y procesos de desaparición sistemática, sobre todo de las comunidades afro e indígenas; es decir, se ha dado un intento de homogeneización cultural, caracterizado por una fuerte presión a las personas por medio del uso de la fuerza e, incluso, de acciones criminales para que abandonen sus territorios.
En el informe Operación Colombia - Tierras 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que ese año en el país vivían cerca de cuatro millones de personas desplazadas. Además, indicó que entre cinco y seis millones de hectáreas habían sido abandonadas o despojadas. Según la organización, las acciones violentas se ejecutaron a través de distintas modalidades, como coerción, amenazas, destrucción de documentos en las oficinas de registro de instrumentos públicos y las notarías, ventas forzadas, apropiación de predios del Estado, actuaciones arbitrarias de autoridades estatales, decisiones judiciales manipuladas y falsificación de títulos. En este contexto, los más afectados fueron los campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Por otra parte, los procesos tardíos de modernización del país han creado una brecha social, económica y educativa entre las zonas urbanas y rurales, la cual afianza las condiciones de pobreza y exclusión en el campo: precaria infraestructura vial, falta de apoyo científico y tecnológico, insostenibilidad económica de la producción agropecuaria, insuficiencia de los servicios de saneamiento básico y falta de acceso a la salud y a los aspectos mínimos que se requieren para tener calidad de vida. Lo anterior se da por las políticas y acciones burocráticas débiles del Estado en relación con la atención de las necesidades de los territorios rurales.
El abandono del sector rural por parte del Estado fracturó su unidad y produjo desconfianza y desesperanza en las poblaciones; en estas, la pobreza también se evidencia en la falta de acceso a la tierra y a infraestructura adecuada, servicios púbicos eficientes, educación, seguridad social y seguridad alimentaria. En el ámbito educativo, se registra que en los años cincuenta y sesenta se desarrollaron programas de formación en los territorios. De acuerdo con Corvalán (2006):
[…] sumado al surgimiento del campo del ‘desarrollo rural’ caracterizado por el objetivo de término del dualismo estructural y la detención de la migración campo-ciudad debido a las consecuencias de marginalidad urbana que generaba, permiten en las décadas siguientes del siglo XX hablar de la importancia de la educación y de la escuela rural. (p. 43)
Este escenario, según el autor, pone el acento en una diversidad de interrogantes que indagan sobre ¿cuáles deben ser los objetivos de la educación para las poblaciones rurales?, ¿esta debe ser distinta a la educación urbana?, ¿es necesario adelantar estrategias para evitar la migración de los jóvenes del campo?, ¿la formación se tiene que orientar solo a las actividades agropecuarias?, ¿cuáles son las metodologías más pertinentes? Los procesos de masificación que se propusieron y dinamizaron en los años ochenta intentaron responder estas preguntas; sin embargo, estos se transformaron con la inclusión del discurso de la calidad en la educación y pasaron a ser objeto de la intervención pública en relación con mejorar los índices de calidad, mediante políticas estandarizadas que poco dialogaban con los contextos y