Más aún: en la pandemia actual, el Estado no sólo es visto como una solución, sino como la única. Esta situación inédita amplía decisivamente el margen de oportunidad para discutir y construir las reglas que organizarán nuestro futuro post-pandemia. La “resolución” de la pandemia, en el sentido de la construcción de una nueva normalidad, es una disputa que se resolverá en acto, en proceso, a medida que avanzamos hacia ella. Por eso, es ahora el momento de discutir cuál es la nueva estatalidad que queremos para nuestro futuro.
Preguntémonos primero qué Estado nos falta. Las respuestas a esta pregunta serán muchas: porque no será lo mismo responderla hoy, a poco de desatada la pandemia en nuestro país, que dentro de una semana; y porque el Estado no le “hace falta” de igual forma a un/a empleado/a en blanco que a un/a trabajador/a informal o a un/a trabajador/a desocupado/a; a una gran empresa que a una PyME; a un/a jubilado/a, que a un/a estudiante, o que a una ama de casa.
¿Cuál es el Estado “faltante” que nos mostró la pandemia? Hasta hoy vimos en acción algunas de las incapacidades del Estado que teníamos. Observamos muchas dificultades para distribuir con eficacia y efectividad los costos de la pandemia, y para lograr que muchos sectores, incluso los que más tienen, acepten resignar una parte de lo propio, aunque lo que esté en juego sea la vida del otro (tal el caso, por ejemplo, del impuesto a la riqueza). Muchas de estas carencias del Estado fueron puestas en evidencia y potenciadas durante la pandemia, por las rupturas de todo tipo que la misma produjo, pero venían siendo arrastradas desde mucho antes. Lo que hizo la pandemia fue volverlas más visibles, y en muchos casos, mucho más graves. Vimos a un Estado que, aún replegado sobre sus funciones esenciales (la preservación de la vida, la salud, la alimentación, la seguridad), sólo pudo cumplirlas parcialmente. Hubo áreas completas que no encontraron o que no cumplieron su rol en la crisis; muchas dificultades de articulación y coordinación entre las distintas áreas (sociales, políticas, económicas) y niveles del gobierno (nacional, locales), y al interior de los mismos; y hasta incapacidad para prever y ejecutar medidas básicas, como la atención bancaria, algunas prestaciones previsionales y/o sociales básicas, el control de abastecimiento y precios, la coordinación de las medidas propias de las distintas etapas de la cuarentena obligatoria.
¿Fue difícil? ¿Fue un desafío inesperado gobernar a una sociedad bajo pandemia? Sin dudas. ¿Muchas falencias fueron suplidas por un esfuerzo humano importante en muchos niveles, y sobre todo por un liderazgo presidencial claro y sensato? Probablemente. Pero recordemos que de lo que estamos hablando es del Estado, y no del gobierno que ejerce la conducción política de ese Estado.
Preguntémonos ahora qué Estado queremos. Porque descubrir qué Estado nos falta, es lo que nos pone, en gran medida, en condiciones para discutir sobre una nueva estatalidad. Sobre las condiciones para lograr un Estado que sea capaz de producir y cuidar lo que nos es común (aquello que se encuentra en la tensión entre lo general y lo particular). Eso que nos hace comunidad en la diversidad que se muestra diariamente en barrios, sindicatos, clubes, empresas, partidos políticos, movimientos sociales; diversidades étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas, de género, etc. Construir lo que nos es común rejerarquizando a la igualdad como valor y a la solidaridad como regla es decisivo, indispensable, en tiempos de creciente desigualdad y fragmentación social.
Estamos acostumbrados (en parte así lo indica el sentido común sobre el Estado) a pedir o “menos burocracia” o una “burocracia autónoma” de las influencias, presiones y tensiones de la sociedad. Sin embargo, la pandemia nos mostró que la capacidad estatal no está vinculada necesariamente con el aislamiento del Estado. Por el contrario, en muchos casos, la vinculación previa de distintas agencias y burocracias estatales con actores más o menos organizados de la sociedad (sindicatos, organizaciones de trabajadores desocupados, movimientos sociales y políticos, etc.) potenció notablemente la resolución de los problemas más graves y urgentes. Aquí, el área social fue un ejemplo claro, pero no fue la única.
Si queremos que esa nueva estatalidad esté basada en la capacidad del Estado para producir lo que nos es común y cuidarlo, ¿cómo lograrla?.
El primer plano, retomando la expresión de Sebastián Abad y Mariana Cantarelli (2012), es reconstruir el pensamiento estatal: no nos referimos a un pensamiento sobre el Estado, sino a un pensamiento específico del Estado. El Estado debe construir sentido, además de ser la cristalización de ese sentido. Porque uno de los máximos triunfos del neoliberalismo fue lograr que el Estado deje de pensarse a sí mismo, liberando ese espacio para otros agentes que lo colonizaron con sus valores e intereses: los del mercado, los del poder económico, los de las corporaciones, etc. Los argentinos y argentinas lo experimentamos con claridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Estado fue “manejado como una empresa”, con los resultados a la vista.
¿Cuál es el propósito fundamental de ese pensamiento estatal? La discusión y definición de una ética específicamente estatal que defina los valores e intereses que nos son comunes a todos: la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad del cuidado de lo común. Y que oriente las prácticas que sean puestas en marcha para resolver los problemas comunes del futuro, muchos de ellos puestos en evidencia o profundizados por la pandemia: por ejemplo, las desigualdades sociales, la relación del trabajo y de la educación con las nuevas tecnologías, el control territorial, el desarrollo productivo y su sustentabilidad ambiental.
El segundo plano para trabajar por una nueva estatalidad es transformar el sentido común existente sobre lo estatal, porque toda lucha política es una lucha por el sentido común. Se trata de disputar, como lo formuló el político e intelectual Alvaro García Linera (2018), nada menos que el sentido que define ese “orden del mundo que está impreso en la piel de las personas”. Es así que la argamasa de esta labor será la cultura existente sobre el Estado y sus agencias, donde hasta hace pocos años apreciamos un sólido consenso a-político y a-estatal (cuando no netamente antipolítico o antiestatal).
¿Por qué es importante este sentido común? Porque, por ejemplo, determina las respuestas a preguntas tan fundamentales como éstas: ¿nuestra salud y/o nuestra alimentación deben ser consideradas problemas de toda nuestra sociedad, o sólo, por ejemplo, de los enfermos o hambrientos? ¿La educación y la seguridad deben ser consideradas derechos que deben ser garantizados por el Estado, o sólo como problemas individuales a ser resueltos (o no resueltos) por el mercado? Son estas muchas de las preguntas que fueron puestas en escena por la pandemia, y que tensionan algunos de los consensos más profundos que sostienen el orden neoliberal.
Para lograr esa transformación cultural es imperioso construir una subjetividad estatal responsable del cuidado de lo común. Y esto es mucho más que ser honesto con los fondos públicos, que ser eficaz en el cumplimiento de las tareas, que ser transparente en la asignación de recursos. Se trata de un trabajo cultural, que afecte positivamente el prestigio y la autopercepción y autoestima de los agentes estatales, y de una labor sobre sus prácticas concretas y cotidianas y, de ese modo, sobre los resultados y efectos de la organización que integran.
En la construcción de esta subjetividad estatal es fundamental lograr que sus agentes se perciban a sí mismos (y así puedan ser percibidos por otros) como sujetos prioritariamente estatales, dotados de un status distintivo frente a otras posiciones no estatales. Y para fortalecer esta autopercepción estatal es ineludible su rejerarquización salarial y profesional, como también su socialización en reglas coherentes y estables en el tiempo, en principios de avance y progreso en la carrera, vinculados con su rendimiento y su formación profesional crecientes, y en criterios de evaluación o rendición de cuentas específicamente estatales (definidas por el pensamiento