Dígase a tesorería general del estado, que habiendo acordado este ejecutivo proceder sin más demora a cumplir lo mandado por el decreto número 41 de 9 de enero de 1918, ha tenido a bien disponer que la compañía mexicana de petróleo “El Águila”, S. A., Comience a pagar a partir del día 1º de enero entrante [de 1921], los impuestos del estado con arreglo a las leyes respectivas. [94]
Los funcionarios de El Águila se apresuraron a entablar la defensa de su contrato originándose así una verdadera batalla legal con el gobierno tejedista. La compañía apeló a la capacidad del gobierno del estado como persona moral para celebrar contratos, facultad que le había sido otorgada por la legislatura local en 1911, y a la ley de ingresos y egresos de 1912. El contrato de iguala celebrado aquel año, argumentó además la empresa, fue aprobado por el poder legislativo del estado y que el actual gobierno no podía nulificarlo sino por medio de un juicio contradictorio. En otras palabras, El Águila enfocó el problema desde una perspectiva del derecho civil, en el que “un contrato no puede declarase inoperante por una de las partes”. [95]
Por su parte, las autoridades estatales reafirmaron sus derechos a revocar exenciones sobre impuestos, aplicar la retroactividad de la ley en ordenamientos “de interés general” y ejercer sus facultades económico-coactivas. [96] El ejercicio directo de estos derechos se tradujo concretamente en el desconocimiento del contrato de iguala de 1912, una reclamación de 7,914 pesos de parte de la tesorería del estado por los impuestos de patente dejados de pagar a partir de ese año, y la amenaza real de efectuar embargos sobre los bienes de la empresa. [97]
Las contradicciones legales entre la compañía y el gobierno veracruzano llevaron a una nueva escalada de juicios de amparo. El Águila volvió a presentar sus quejas ante la justicia federal en contra de la legislatura, el gobernador y la tesorería del estado. Por otra parte, el problema se complicó enormemente cuando las tesorerías municipales comenzaron a cobrar los impuestos locales a la compañía. Según el conteo de las autoridades, hasta septiembre de 1921 existían más de cincuenta juicios promovidos por El Águila ante los jueces de distrito, la mayoría de ellos en contra de los ayuntamientos o tesorerías de Veracruz, Minatitlán, Puerto México, Tuxpan, por mencionar los más importantes. [98]
Para hacer efectivos los pagos, las tesorerías y administraciones de rentas municipales comenzaron a embargar bienes y efectivo en caja de El Águila adscritos en sus respectivas jurisdicciones. Era una situación inédita, pues hasta donde se sabe, ningún gobierno, federal o estatal, se había atrevido a tocar las propiedades de las compañías petroleras de manera sistemática y firme con el fin de obligarlas a pagar impuestos. A principios de abril, por ejemplo, el tesorero de Minatitlán embargó 30,000 toneladas de asfalto que pertenecían a El Águila por negarse a pagar 272,420 pesos que adeudaba en contribuciones al municipio. [99]
La cuestión de los embargos llegó a su punto más crítico cuando las autoridades municipales de Veracruz incautaron todas las instalaciones, edificios y embarcaciones de El Águila en el mes de octubre. Para entonces, los magistrados de la Suprema Corte terminaban de discutir si otorgaban el amparo definitivo a la compañía contra los actos de las autoridades estatales. Finalmente, la Corte falló a favor de El Águila. Pero este triunfo en los tribunales de ninguna manera podía considerarse definitivo y contundente. Los magistrados habían resuelto (con una decisión dividida de 6 votos a favor y 4 en contra) otorgar la protección de la justicia federal porque consideraron que las autoridades estatales habían violado básicamente las disposiciones del artículo 14 constitucional. De acuerdo con esto, el decreto de 1918, emitido por aguilar, no tenía aplicación retroactiva y el contrato de iguala de 1912 continuaba vigente hasta 1922. Por otro lado, la ejecución de las facultades económico-coactivas no tenía efecto sin un juicio previo ante los tribunales establecidos. [100] En otras palabras, el amparo se concedió debido solamente a que el gobierno de Veracruz no procedió conforme a los canales legales pertinentes; pero su derecho a legislar sobre materia fiscal no estaba a discusión. El resultado del juicio despertó serias inquietudes entre los directores de El Águila, como lo dejó ver uno de ellos en su correspondencia con Thomas Lamont, artífice junto con Adolfo de la Huerta de los famosos acuerdos que llevaron a la renegociación de la deuda externa mexicana llevada a cabo por esa época:
La impresión general dada por la prensa es que El Águila ganó lo que estaba peleando. Este, desafortunadamente, no es el caso. Por el contrario, moralmente hablando, lo que ha prevalecido es la teoría de que la legislatura del estado de Veracruz podría, por decreto, cancelar absolutamente el contrato que entró a efecto el 24 de julio de 1912 y el cual había sido aprobado específicamente por un decreto previo del mismo cuerpo.
[...] La opinión de la Corte se dividió con respecto al punto de la santidad de los contratos legalmente efectuados, pero como lo que no se votó fue este principio básico, esta división de opinión no está expresada en la declaración de sentencia, la cual únicamente se refiere al caso específico en cuestión [el embargo]
[...] Finalmente el embargo de las propiedades de esta compañía subsiste [con lo cual] ha sido verdaderamente obligada a negociar con el estado de Veracruz sobre una desventajosa base de compromiso y no ha sido capaz de hacer válidos sus derechos legales porque [el mismo estado] declaró de forma arbitraria nulo el contrato de julio de 1912. [101]
Efectivamente, frente a una total incertidumbre legal, El Águila no tuvo más remedio que negociar el levantamiento del embargo directamente con el gobierno de Veracruz. En realidad, no era la primera vez que pactaba con las autoridades para proteger sus derechos de propiedad. Durante el malogrado régimen maderista, cuando se decretó el primer impuesto que afectó la producción de crudo, fue la propia compañía la que propuso en un arreglo privado con el gobierno federal el monto y la modalidad de la carga fiscal. Unos años después, Carranza intentó aumentar la cuota del impuesto inaugurado por Madero transformándolo en un porcentaje ad valorem sobre la exportación de crudo y productos refinados. La compañía trató de negociar una suma total anual al gobierno en vez de las cuotas fijadas por la ley, pero sólo consiguió una reducción de las tasas sobre refinados. Finalmente, decidió no pagar el impuesto amparándose contra las disposiciones carrancistas. [102] El caso del conflicto con el gobierno tejedista, no obstante, fue más complejo porque junto a los intereses de las autoridades locales se hallaban los del gobierno federal.
Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en la plaza de toros de la Condesa, Ciudad de México, Jesús H. Abitia, ca. 1922. Colección particular.
LAS NEGOCIACIONES PRIVADAS
En diciembre de 1921 la prensa mexicana dio a conocer el desenlace del juicio de amparo promovido por El Águila años atrás en defensa de su contrato de iguala de 1912. Entonces se supo que una vez que pagó al gobierno de Veracruz la cantidad de 1’070,548 pesos, éste procedió a levantar el embargo que pesaba sobre sus propiedades localizadas en aquel puerto. [103] Lo cierto fue que mientras el juicio se dirimía en la corte, los funcionarios de la compañía llegaron a un acuerdo privado con el gobernador Tejeda. Dicho acuerdo contó en un principio con la mediación del presidente Álvaro Obregón. La intervención de Obregón se debía a que el problema de los impuestos locales estaba convirtiéndose en una cuestión federal, pues su administración intentó, sin éxito, aumentar los ingresos elevando los impuestos a la industria petrolera. De este modo, un camino para obtener recursos de las compañías era por medio de los ingresos estatales. El esfuerzo veracruzano le brindó una oportunidad.
La primera serie de conferencias entre los funcionarios de la compañía, Tejeda, los diputados de la legislatura veracruzana y el presidente de la república se llevó a cabo en abril de 1921 en la Ciudad de México. En las sesiones, las partes acordaron que la solución del problema fiscal era que El Águila pagara una suma total que liquidara todos los impuestos estatales que fueron dejados de pagar a partir de que se aprobó el contrato de iguala de 1912 y hasta el 31 de diciembre de 1921. Como parte del acuerdo,