Pero establecer los términos del acuerdo en esta primera etapa de negociaciones también resultó ser una tarea no exenta de complicaciones. Para el gobierno tejedista era necesario asegurarse de que en el futuro la compañía se sujetara a las disposiciones oficiales una vez concluido el arreglo. Manuel Chávez, abogado del gobierno veracruzano, instó a El Águila a comprometerse, por medio de una declaración formal, a pagar los impuestos locales de acuerdo con las leyes del estado a partir de 1922. Es decir, finalmente el gobierno deseaba que El Águila reconociera la nulidad de su contrato de iguala. La compañía consideró que era demasiado riesgoso aceptar dicha proposición. La evidencia muestra que sus directores temían, por un lado, perder otro contrato de iguala que se había firmado con el estado de Tamaulipas. Por otro lado, aceptar los términos del gobierno de Veracruz implicaba romper con las compañías norteamericanas, las cuales habían conformado un frente unido para combatir los intentos del gobierno federal para reformar la legislación petrolera y el sistema fiscal. Visto desde el nivel diplomático, El Águila aparecería como un elemento de fricción entre Washington e Inglaterra, pues este último país se había aliado a los esfuerzos de los Estados Unidos para condicionar el reconocimiento oficial al gobierno de Obregón. [106] Por lo tanto, el interés de El Águila era llegar a un acuerdo privado suscrito únicamente al pago de una suma compensatoria, sin comprometerse a acatar las disposiciones que el gobierno de Veracruz dictara después de 1921.
Conforme las negociaciones se efectuaban, el gobierno de Veracruz presionaba con su campaña de embargos de efectivo y algunos bienes. Por su parte, El Águila respondía interponiendo los respectivos amparos ante los jueces de distrito locales. [107] Tal situación llevó a un enfriamiento de las negociaciones durante los meses de mayo y junio. Tejeda se retiró junto con los diputados a Veracruz y El Águila se acercó a Obregón con el fin de que las negociaciones no se rompieran definitivamente. El presidente coincidía en que la solución práctica de las dificultades legales con el estado de Veracruz era únicamente el arreglo privado. Sin embargo, también sugirió que “los recientes acontecimientos internacionales habían cambiado las condiciones bajo las cuales este asunto está siendo debatido”. Aunque Obregón no aclaró el sentido de su afirmación, era evidente que aludía a los conflictos originados con los gobiernos extranjeros, específicamente con los Estados Unidos e Inglaterra, a raíz del reciente aumento de los impuestos federales a la industria petrolera. Aun así, Obregón sostuvo su voluntad de seguir mediando en el conflicto. [108]
No pasó mucho tiempo antes de que los directores de El Águila comprendieran bien lo que Obregón les había dicho. Hacia finales de junio, el presidente citó a un representante de la compañía a una reunión en su residencia de Chapultepec, en la cual el representante y algunos diputados del gobierno de Veracruz (Tejeda ya no participaría personalmente) le entregarían un memorándum con las propuestas del gobernador. Cuando Rodolfo Montes, por porte de El Águila, asistió a la reunión, se encontró con los delegados veracruzanos. Momentos después entró en la sala el general Obregón acompañado del ministro de gobernación Plutarco E. Calles. Luego de un breve intercambio de comentarios, Obregón y Calles abandonaron la junta dejando solo a Montes con los otros delegados. La señal fue clara. De ahí en adelante, El Águila tendría que arreglárselas con Tejeda sin la intervención del presidente. Montes solicitó conocer el contenido de la propuesta. Básicamente, no había nada nuevo en ella. Era el mismo planteamiento en el cual se reforzaba el derecho del estado a imponer cargas fiscales y de anular el contrato de iguala de 1912. Sin embargo, en el documento se agregaba un nuevo impuesto por producción de 2 centavos por barril. Montes insistió en solucionar el problema acordando una suma total. Los delegados veracruzanos accedieron. El estado de Veracruz reclamó ahora 4.5 millones de pesos, cifra “exorbitante y arbitraria”, según Montes. Luego de discutir el asunto de nuevo, se llegó a una base de acuerdo de 1 millón de pesos netos más el 50 por ciento correspondiente al sobre impuesto federal. Montes trató de conseguir una deducción de unos 300 mil pesos por los impuestos que la compañía había pagado cuando el contrato de iguala estaba vigente y por las sumas embargadas, pero los representantes de Tejeda dieron por terminada la sesión. [109]
Lo significativo del pasaje anterior es, sin duda alguna, el nuevo impuesto sobre producción de petróleo crudo que las autoridades de Veracruz ahora reclamaban a El Águila. ¿Podría considerarse la imposición de la nueva carga fiscal como parte de una estrategia de Tejeda para obligar a la compañía a aceptar sus términos en las negociaciones? Era más que eso, considerando que el impuesto relativo a la producción era materia exclusiva de legislación federal. Ya en 1916, Carranza había declarado nulas las leyes o disposiciones que hubiesen dictado o dictaran los gobiernos de los estados en el ramo de fomento, incluyendo el petróleo. [110] ¿En su intento por conseguir que las compañías petroleras cedieran parte de su riqueza al erario estatal, Tejeda estaba trasgrediendo las disposiciones del gobierno central, aun cuando esto podría desatar un conflicto entre jurisdicciones? Ciertamente, pero la aparición del impuesto sobre producción dentro de las nuevas demandas del gobierno veracruzano evidenciaba la intención del poder federal de obtener recursos con que solventar sus propios gastos. Obregón estaba enfrentando serios problemas presupuestales para llevar a cabo el programa de reconstrucción nacional, el cual dependía, en gran medida, del ordenamiento de las finanzas públicas y del sistema bancario. [111] Como las compañías petroleras norteamericanas se negaron a pagar más impuestos, la opción del gobierno federal fue una alianza con Tejeda en su lucha legal contra El Águila. De esta manera, la interposición de jurisdicciones desapareció de facto. [112]
Entre julio y agosto, Tejeda sostuvo varias reuniones con Obregón en la Ciudad de México. Según los informes de un empleado de la compañía, el presidente se había retirado definitivamente como árbitro y aconsejaba al gobernador aplicar más medidas coercitivas. [113] Hasta donde se sabe, Obregón también utilizó sus influencias en la Suprema Corte para que ésta pospusiera su fallo definitivo sobre el juicio de amparo y Tejeda pudiera ganar tiempo para reanudar las negociaciones con El Águila. [114] Por su parte, el gobernador, siempre por medio de las tesorerías municipales, seguía de cerca las operaciones de la compañía y continuaba su febril programa de embargos.
El arreglo definitivo entre la empresa y el gobierno del estado llegó un poco más tarde, después de que la tesorería del municipio de Veracruz intervino todas las instalaciones y el equipo de la compañía el 8 y 11 de octubre. Para el día 20, Rodolfo Montes y los representantes del gobierno veracruzano elaboraron un compromiso de acuerdo que fue aprobado unos días después por Obregón. El gobierno y los municipios de Veracruz aceptaron levantar todos los embargos practicados hasta el 1 de octubre de 1921 y dieron por pagados los impuestos “de todo género” que tuviere que enterar la compañía hasta el 31 de diciembre de ese año. A cambio de ello, El Águila depositó en las arcas federales 1’070,548 pesos, de los cuales 708,000 correspondieron al estado de Veracruz. Además, la compañía se comprometió a pagar a las autoridades locales el impuesto de patente sobre una cotización fija de alrededor de 200,000 pesos anuales a partir de 1922. El acuerdo fue ratificado por la legislatura local en noviembre y al mes siguiente la compañía recibió todos sus bienes del puerto de Veracruz. [115]
Realmente, el acuerdo representó, por un lado, una solución práctica y de carácter retroactivo al problema de los impuestos; sin embargo, por otra parte, era el comienzo de una nueva política fiscal que reclamaba para el gobierno estatal el derecho de participar de la riqueza generada en su jurisdicción. Dicha política no estuvo exenta de complicaciones posteriores que, inclusive, implicaron un conflicto abierto con los poderes federales. Durante los siguientes años, el gobierno radical de Tejeda promulgaría