Sin embargo, esta propuesta de refundación de un pacto social, como plantea Carmen Ilizarbe (2015), no tuvo un claro camino.
Además, el Informe final de la CVR otorga centralidad a la figura de víctima. Se traza una caracterización doble de víctima, ya que se deja entrever que uno no solo es víctima de un suceso concreto o de un ataque específico, sino que también es víctima estructural de un sistema que lo coloca en una posición vulnerable. En este sentido, las elecciones terminológicas de la CVR y los programas que fueron planteados a partir de ella no pueden comprenderse sin el debate de nombres y vocablos que se tuvo en 1980. Así como la CVR peruana se nutre de los debates del movimiento de derechos humanos, también recoge los aportes y reflexiones de otras comisiones de la verdad. Al ser la número 22, a partir de estas experiencias se construyen otras y se intenta superar sus limitaciones configurando su propia especificidad (Burt, 2011; Hayner, 2011; Theidon, 2013).
El problema de trazar una relación dicotómica entre víctima y perpetrador tiene también su propia historia. Nelson Manrique (2002) la subrayaba al describir el papel de la izquierda de 1970: su falta de visión sobre lo que era Sendero Luminoso y su interés por tomar el poder con el fusil. Esto genera que, desde muy temprano, se busque representar un sujeto víctima sin adscripciones políticas que fuese clasificado y nombrado de acuerdo con su tipo de afectación. Esta despolitización tuvo su punto de quiebre en el caso de Edmundo Cox Beuzeville, quien fue capturado en 1981 y torturado en prisión. Su caso fue asumido por un sector de la Iglesia (tenía un tío que era obispo) y hasta publicaron anuncios en los diarios exigiendo un debido proceso para los perpetradores de la tortura. Sin embargo, la respuesta del entonces gobierno de Belaunde fue categórica: «Si la Iglesia quiere canonizar a uno de estos terroristas, que los canonice» (citado en Youngers, 2003, p. 88). Este caso resultó crítico porque, tiempo después, se evidenció que Cox sí era un alto miembro de Sendero Luminoso. A partir de este caso, la defensa de los derechos humanos se hizo privativa de las personas que no estaban involucradas con los grupos subversivos y el movimiento de derechos humanos puso mayor cuidado en la investigación de antecedentes de las personas que pasaría a defender. ¿Cómo quedaría la figura del señor Antonio? Obligado a ser jefe de cuadra, sin mucha formación ideológica, él sentía tanto miedo de ser confundido con senderista como de ser considerado delator.
La metáfora «entre dos fuegos», propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera en que los campesinos peruanos se encontraban ubicados entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas, no nos ayuda a entender estas zonas complejas y grises del conflicto ni las relaciones de poder que se tejen cuando la convivencia entre víctimas y perpetradores es tan cercana. Más bien, permite la emergencia de un sujeto víctima despolitizado en el gran texto nacional y que se encuentra ubicado en medio del cruce de violencia que ejercen sobre su cuerpo y su localidad los militantes de los grupos alzados en armas y también los miembros de las fuerzas armadas. La metáfora es importante, porque ayuda a poner atención y dar centralidad a la víctima en el relato nacional, pero no ayudará a mirar la complejidad en su propia densidad histórica y la cotidianidad del conflicto. En los testimonios que recogió la CVR, encontraremos menciones a lugares y eventos que darán forma al testimoniante, pero muy pocas veces a la voz y figura del perpetrador, que aparecerá de forma más gaseosa, menos explícita y ubicable. Los términos «víctima» y «perpetrador» se excluyen mutuamente y no permiten mirar lo que la cotidianidad del conflicto generó en las propias localidades, por ejemplo, don Antonio.
Lo que sí permite esta manera de percibir al sujeto víctima es definirlo y aquí tenemos algunos rasgos claros. La violencia será descrita como «masiva», pero «selectiva». Como hemos dicho anteriormente, queda claro que la víctima en el caso del conflicto armado interno peruano tiene un rostro indígena, rural y pobre. A pesar de que el número mayoritario de víctimas directas en el conflicto armado interno fueron de género masculino, el vocablo víctima suele asociarse, más bien, a una víctima femenina. En este sentido, se haría referencia a quienes quedaron. Cuando desde el Estado se habla de víctimas para fines de programas concretos como el PIR, en la mayoría de los casos no se hace referencia a las víctimas directas, sino a quienes quedaron: las viudas, los viudos, los huérfanos, los torturados y torturadas, las violadas.
Aquí notamos dos niveles de uso y significado que se traslapan en una misma categoría. Tenemos a la víctima que ha sido afectada en un momento dado del conflicto armado interno, es decir, que tiene una ubicación espacial y temporal concreta en ese momento y que pudo no haber sobrevivido. Por otro lado, también está la víctima que queda luego de ese evento traumático, que puede ser incluso otra persona, por ejemplo, la viuda o el huérfano, o la misma persona que se transforma en otra tras el evento, como han sido los casos de violencia sexual y tortura (como doña Marcelina).
En el debate de justicia transicional ya se habla de «modelos» establecidos de comisiones de la verdad6. En estos modelos, el posicionamiento de la figura de víctima se convierte en el punto de partida para construir a la de perpetrador y dar la legitimidad a «los emprendedores de justicia transicional» (Madlingozi, 2010).
La condición de víctima o la victimización es una categoría jurídica que se utiliza en el discurso humanitario para definir a una persona que ha sufrido el abuso y la eliminación de sus derechos. Como postula Didier Fassin (2008), hay un predominio y abuso de esta condición que se observa en el discurso humanitario neoliberal actual. Este predominio exige también mirar a quienes construyen la categoría y se apropian del sufrimiento del otro.
Las víctimas emergerán como los «testigos», cuyas representaciones serán llevadas a cabo en espacios públicos y políticos por estos emprendedores de justicia transicional (Brants & Klep, 2013). Sin embargo, la dinámica es más compleja, puesto que tanto víctimas como emprendedores de justicia transicional se necesitarán mutuamente para legitimar su papel. Además, habrá casos en los que las víctimas asuman el papel de emprendedores de justicia transicional, pues estas categorías no son excluyentes7.
El asunto es que, propuestas de esta manera y al enfocarse en testimonios personales sobre grandes narrativas, las comisiones de la verdad no colocan a víctimas y perpetradores al mismo nivel en la construcción del relato histórico (Nwogu, 2010). Tampoco permiten visibilizar las simpatías iniciales, inclinaciones e incluso participaciones de las «víctimas» como otros actores del conflicto armado interno. Solo años después de presentado el Informe final de la CVR, aparecen relatos con más aristas, como es el caso del texto autobiográfico de Lurgio Gavilán (2012) y José Carlos Agüero (2015). Gavilán nos muestra diferentes momentos de su vida y su participación en los distintos grupos enfrentados durante el conflicto armado interno. El ejemplo del testimonio de Gavilán nos ubica en el terreno fangoso de la construcción de la categoría de víctima desde «nuestros» parámetros: los de la sociedad urbana y letrada. Desde esta mirada, se define quién forma parte de la categoría y quién queda afuera. El diseño de las políticas públicas se desarrolla en Lima y desde ahí se aplica a las regiones del resto del país.
El «ser víctima» no queda en el plano de las ideas: tiene consecuencias concretas, tangibles, palpables. Por un lado, te vuelves potencial beneficiario de un programa social del Estado, e incluso, en el marco de este, de una reparación económica individual; por otro, tus paisanos nunca te verán de la misma forma; querrán saber qué te sucedió o por qué tú recibiste un dinero del Estado y ellos no. Los rumores emergen como una polvareda y reviven los momentos antes, durante y después del conflicto armado interno. Es un conflicto que no está tan cerrado como quisiéramos creer.
Llegando a Huanca Sancos
Sancos, 6 de agosto de 2013
El salón consistorial estaba lleno. Nos habíamos propuesto contar a los miembros de la Asociación de Víctimas de Huanca Sancos de qué trataba nuestro estudio. La convocatoria la realizó Nilton Salcedo, el presidente de la asociación. Vino mucha gente. Había dirigentes de los anexos, distritos y comunidades vecinas de Calvario, Caracha, Yanama, Cruzpata, Piscconto, Accorqocha… Después de las presentaciones formales, una señora levanta la mano y dice: