Esa primera ejecución —cuya víctima fue Alejandro Marquina, gobernador del distrito y terrateniente local— fue clave en la historia local y regional. Después de esta, vinieron otras ejecuciones a gamonales en Sacsamarca y Lucanamarca. Marciano Huancahuari en Lucanamarca era conocido por tener mucho ganado. Manuel nos contó cómo, luego de repartir su ganado entre gente que llegó de diferentes comunidades, lo amarraron y llevaron a la plaza donde fue asesinado. Incluso dice que después del asesinato mucha gente entró a su casa y se llevaron sus granos, frazadas, ollas. Los asesinatos a gamonales ocurrieron en paralelo con los llamados «arrasamientos», que fueron las entregas de ganado a pobladores de comunidades vecinas. Estos dos hechos activaron la alerta entre la población que comenzó a sentir que debían hacer algo.
Don Antonio le contaba a su hija que, aun al haber oído el disparo contra la sien de Marquina, aun al ver la sangre brotando de su cabeza, aun al verlo caer, el pueblo pensaba que era una broma macabra. Poco después, don Antonio y doña Marcelina se llevaron a su hijo mayor (que en ese entonces tenía tres años) y se escaparon a las punas. Pasaron unos meses y, en febrero de 1983, los sanquinos se rebelaron contra Sendero Luminoso: acorralaron a los principales dirigentes senderistas, ejecutaron a cinco de ellos (López Liceras fue linchado a golpes y patadas por mujeres desarmadas) y perdonaron a los jovencitos del colegio, a quienes les exigieron separarse para siempre de Sendero Luminoso. Eran sus hijos, sus sobrinos, sus nietos: los sanquinos estaban dispuestos a perdonarlos. Poco después de este levantamiento, se instaló una base militar en Huanca Sancos y otro tipo de violencia se hizo pan del día a día. Don Antonio y su familia pasaron cada vez más tiempo en las punas, porque él tenía miedo de que alguien lo denunciara por haber sido obligado a ser jefe de cuadra de Sendero.
Eso sucedía en Sancos. En Lucanamarca, en marzo de 1983, la población, mediante tretas, había decidido acorralar a Olegario Curitumay, hijo de Lucanamarca y jefe senderista en la localidad. Después de asesinar a Olegario, asesinaron a parte de su familia y cerraron la herida abierta, desapareciendo a todos. Pocas semanas después llegó la represalia senderista: el 3 de abril de 1983, el escuadrón senderista que venía desde las punas asesinando e hiriendo a cuanto poblador encontrara en su camino llegó a la plaza. Los últimos fueron masacrados en la iglesia y en la plaza. Hubo 69 víctimas fatales. Estos, junto con Sacsamarca, son los primeros pueblos en levantarse contra Sendero Luminoso. Conocieron su violencia de primera mano y también la del Estado, que les llegó en la forma de puestos policiales y bases militares (helicópteros, represión y patrullajes).
En junio de 1984, la familia de don Antonio bajó a la ciudad para la fiesta del Día del Campesino y para abastecerse de alimentos. El 23 de junio, la serenata en la plaza congregó a todo el pueblo. Los militares también estaban allí, bebiendo con todas las personas. Hasta hoy, algunos sospechan que quienes estaban tomando con los militares (algunos de los jóvenes que habían sido perdonados por el pueblo el año anterior) los emborracharon a propósito para que se distrajeran. En la madrugada del 24 de junio, los senderistas atacaron Sancos. Entraron por los techos a las casas de quienes consideraban soplones o excesivamente prósperos y los asesinaron en sus camas. Don Antonio, como muchos hombres, esa noche llegó algo borracho a la casa y doña Marcelina no le dejó entrar a su cama. Entonces, se fue renegando a la habitación de al lado, se echó sobre unos cueros de oveja y se cubrió con un costalillo que había por allí. Cuando llegaron los senderistas a castigarlo por desertor, no lo encontraron en su cama. Él se despertó por los gritos y la bulla y escuchó los sonidos de los hachazos dirigidos contra su mujer. Doña Marcelina pretendió estar dormida para tapar con su cuerpo a su hijito que compartía la cama con ella. Recibió los hachazos en la espalda sin pronunciar sonido. Unas horas después, su hijito se atrevió a salir de la habitación para buscar ayuda y encontró a su padre en estado de shock en el cuarto de al lado. Al menos dieciséis sanquinos murieron en sus camas esa noche y decenas fueron heridos. Al día siguiente, helicópteros militares llevaron a los supervivientes a Huamanga. Doña Marcelina pasó un mes en un hospital de allá, recuperándose de sus heridas y aprendiendo a volver a caminar. En ese hospital se enteró de que estaba embarazada: su hija Nélida fue, sin saberlo, una superviviente más que nació siete meses después. Años después, doña Marcelina inscribió lo que le sucedió como tortura en el Registro Único de Víctimas (RUV) y esto la convirtió oficialmente en víctima.
Nociones de víctima y violencia5
Las reparaciones, como formas y estrategias de compensación y resarcimiento, aparecieron después de los procesos de paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron como mecanismos bajo los cuales quienes habían perdido la guerra y cargaban la culpa de haberla llevado a cabo debían compensar por lo hecho (García-Godos, 2008; Mani, 2005; Torpey, 2005). Las reparaciones emergen como sinónimo de indemnización. El vocablo se insertó en luchas antirraciales en Estados Unidos, por ejemplo, y adquirió otras connotaciones para rectificar viejas injusticias cometidas. En el caso canadiense, se utilizó para resarcir a grupos indígenas y para la recuperación de ciudadanía (Torpey, 2005).
Lo que se observa en esta historia es que la condición de beneficiario o beneficiaria, en estos casos, da forma al sujeto que está al otro lado, que será el perpetrador o perpetradora. Recién hacia mediados de la década de 1990, mientras diferentes países atravesaban transiciones democráticas, la idea de justicia transicional se instaló con sus mecanismos de comisiones de verdad, reparaciones y procesos de justicia restaurativa (Torpey, 2005). Asimismo, esto se originó de la mano de una serie de documentos e instituciones que le dieron forma: la Corte Internacional de la Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o institutos como el International Center for Transitional Justice (ICTJ), y documentos como Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Violation of International Human Rights and Humanitarian Law (Naciones Unidas, 2005). Aquí también es clave el documento de Pablo de Grieff (2006), en el que define y caracteriza los puntos centrales de programas de reparaciones para sociedades posconflicto.
Las reparaciones se enmarcan en el derecho internacional de recuperación de una condición anterior al daño ocasionado y, como veremos más adelante, se toman formas particulares en los países donde se han desarrollado programas de compensaciones o reparaciones. Para su aplicación, es necesario definir quiénes serán estos/as potenciales beneficiarios/as y, para ello, se usa comúnmente el vocablo «víctima».
Si nos remitimos al Código Procesal Penal peruano, la víctima queda definida como el agraviado o agraviada, esto es, el sujeto sobre quien se ha cometido una falta grave que atenta contra su persona. Esta condición no se remite al pasado, ya que puede ser actual o inacabada. Esta definición nos lleva a una dimensión del trabajo del Estado, pero hay otras dimensiones. Por ejemplo, cuando los Estados implementan políticas en justicia transicional, definen «ciudadanos» como «víctimas» en términos no de su condición, sino siguiendo los instrumentos y mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad o la categoría de víctima (Madlingozi, 2010, p. 208; Fassin, 2008 y 2011).
En comisiones de la verdad, la categoría de «víctima» se contrapone a la de perpetrador. A partir de esta relación casi dicotómica, las comisiones estudian periodos de violencia o de conflicto basándose en hechos (casos), actores (víctimas, perpetradores, agentes del Estado) y el papel del Estado. La CVR asumió esa relación como estructural y dedicó un capítulo extenso a conocer quiénes eran estas víctimas, cuáles eran sus lugares de procedencia, cuáles eran los hechos y quiénes eran estos perpetradores, sus afiliaciones y procedencias, y nuevamente los hechos y las razones.
El Informe final de la CVR plantea comprender el periodo que va entre 1980 y 2000 como:
una inmensa oportunidad histórica para el Perú: la refundación de la democracia, la creación de un nuevo pacto social que verdaderamente incluya a todas las peruanas y peruanos en los beneficios y obligaciones de la ciudadanía y en la riqueza cultural que solo una