Mucho de este trabajo de campo fue conducido en castellano, ya que es el idioma dominante en la región, pero hay una diferencia en el uso del castellano y del quechua de acuerdo con el género y la clase social. En quechua fueron realizadas entrevistas y conversaciones con mujeres adultas mayores y con los pastores. Si bien a lo largo de la investigación hicimos un esfuerzo en recoger la mayor diversidad de experiencias vinculadas con las reparaciones, las voces dominantes siempre fueron las de la élite local. Este ya era un problema que habíamos notado con los testimonios recogidos por la CVR y se convirtió en un reto de nuestra etnografía ir más allá de esos círculos. Las fotografías y el tiempo de trabajo de campo ayudaron a construir una imagen más diversa.
El contexto de posguerra dibuja un panorama complejo en el que las políticas públicas definirán nuevas identidades y formas asociativas de ciudadanías colectivas, como las asociaciones de víctimas entremezcladas con ideales de desarrollo, progreso y reconocimiento. Estas consecuencias directas de la aplicación de programas nacen de lo que se conoce en el contexto internacional como «políticas de justicia transicional», es decir, políticas que se implementan en Estados de posguerra que han sufrido las consecuencias de la violencia interna. En el caso peruano, la posguerra se desarrolló en un contexto de autoritarismo político y resurgimiento económico. La represión y leyes antiterroristas más severas ocurrieron en la década de 1990. Al mismo tiempo que el país abría su economía al mundo, vendía sus empresas públicas a capitales privados para garantizar el libre mercado. La posguerra sucedió en algunos lugares, como Ayacucho, a través de programas sociales que reconstruyeron infraestructura, llevaron alimentos y fomentaron el retorno de los migrantes y desplazados a sus lugares de origen.
La posguerra no se entendió como el momento propicio para generar una institucionalidad democrática que garantizara la equidad y la autonomía. Las demandas por verdad y justicia siguieron apareciendo sin mayores bríos, hasta que, en 2000, apareció la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad con la salida del corrupto expresidente Alberto Fujimori. Así, entre 2001 y 2003, el Perú tuvo una Comisión de la Verdad a la que se añadió el mandato de la Reconciliación. En ese marco, se formula por primera vez el contar con un PIR para las víctimas del conflicto armado interno.
El PIR y las expectativas construidas alrededor de este constituyen uno de los elementos más notorios de esas búsquedas. En medio de este contexto, a pesar de la inconmensurabilidad del dolor del pasado y de los muchos problemas que hubo acerca de definir a un sujeto víctima que sería a su vez sujeto de reparaciones, estas aparecen como la señal más aprehensible de avance frente a las conclusiones y recomendaciones dejadas por la CVR.
Sin embargo, no todas las personas que han tenido o padecido alguna consecuencia directa del conflicto se han inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) para resultar en potenciales beneficiarios de los programas del PIR. Todos los inscritos tampoco han recibido alguna forma de compensación. Antes de pasar a presentar el PIR y las estructuras del Estado que la acompañan, es necesario detenernos brevemente en la historia del lugar.
Huanca Sancos y Lucanamarca, 1979
La historia de violencia en la provincia de Huanca Sancos comenzó a finales de 1970, con el arribo de profesores provenientes de otras provincias de Ayacucho y de Lima. Es en Sendero Luminoso Los hondos y mortales desencuentros que Degregori (1985b) describió el proceso de descampesinización iniciado con las primeras olas de migración del campo a la ciudad en la primera mitad del siglo XX y los desencuentros que tienen los jóvenes provincianos, sus expectativas y el mundo de sus padres. Esto mismo lo encontramos entre quienes eran jóvenes provincianos educados fuera de Huanca Sancos, y que es explicado en esta entrevista a un antiguo profesor, quien dice: «Ellos ya querían mandar a los padres diciendo que “ahora ya las cosas están cambiando, así que nosotros no vamos a estar sujetos a ustedes”»4.
El colegio secundario Los Andes, el único de la zona, se había convertido en una plaza interesante que articulaba a alumnos de diferentes comunidades —especialmente Lucanamarca y Sacsamarca—, en una ciudad pujante económica y políticamente. La llegada de los nuevos profesores fue percibida con buenos ojos por los pobladores de la localidad: era un símbolo de estatus. Parecía que finalmente estaban cambiando las cosas para bien y que Sancos dejaría de ser el «lugar de castigo» donde se enviaba a profesores o policías cuando habían cometido algún error en su trabajo. Los notables locales conducían los trámites necesarios para hacer de Huanca Sancos una provincia independiente. Hasta ese entonces, Sancos, junto con Lucanamarca, Sacsamarca y Carapo, pertenecía a la provincia de Víctor Fajardo. Las tiendas prosperaron y la granja comunal tenía más ganado que cualquier hacendado de la zona.
Sin embargo, quizás esta prosperidad y su carácter de zona en transición atrajeron a jóvenes discípulos de Abimael Guzmán. No es en vano la interpretación de Degregori (1985b y 1990) para explicar el surgimiento de Sendero Luminoso y detenerse a mirar dos grandes fracturas. La primera describe las fracturas territoriales de Ayacucho y las grandes brechas de distancia entre la capital y el resto de la región: era más fácil ir por el sur de Ayacucho a Ica antes que a Huamanga. La segunda gran fractura describe un problema estructural, que es la distancia que separará a jóvenes que no se reconocerán como parte del mundo de sus padres y que tampoco se hallarán en la ciudad (un cuerpo humano que no encontraba espacio ni lugar en un país que tampoco le ofrecía mayores posibilidades para sus vidas).
Como hemos visto en la cita anterior, los jóvenes discrepaban con sus padres. A la par, creció la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y una élite intelectual que comenzaba a tener prestigio y poder. Mientras tanto, estos jóvenes abrazaban los procesos de descampesinización y se trasladaban a las ciudades a estudiar (principalmente): se empezaba a formar una élite mestiza y provinciana que no necesariamente encajaba con las formas de pensar de sus padres. Esos cambios estructurales fueron dramáticos en algunas zonas de Ayacucho, como veremos en las páginas que siguen.
En Sancos y en Lucanamarca, desde 1979, se comenzaron a dictar clases extracurriculares de «escuela popular». Para 1980, estas se habían convertido en parte importante de la malla curricular del colegio Los Andes de Huanca Sancos. Juan López Liceras, también conocido como «camarada Víctor», era profesor de matemáticas en Los Andes; sin embargo, cuando entrevistamos a sus exalumnos, nos contaron que jamás les enseñó matemáticas. Comenzó la adoctrinación de los adolescentes y jóvenes sanquinos con textos de Mao Tse Tung y pronto pasó a darles clases prácticas preparándolos para la guerra popular. Don Antonio, por ejemplo, aprendió a armar y desarmar una carabina en sus clases de matemática.
Hacia fines de 1982, Sendero Luminoso logró desarticular las funciones de las autoridades locales y tomó control total de la zona, con López Liceras y otros profesores de Los Andes a la cabeza. La mayoría del cuerpo senderista en Sancos estuvo conformada por alumnos de secundaria entre trece y dieciocho años. Cuando los senderistas reemplazaron a las autoridades locales, muchos sanquinos adultos se vieron obligados a colaborar con Sendero y don Antonio no fue la excepción. Él había acabado el colegio unos años antes y López Liceras había sido el tutor de su promoción. Cuando López Liceras nombró a don Antonio como «jefe de cuadra», él no se atrevió a negarse. Además, al principio, antes del primer asesinato, muchos sanquinos como lucanamarquinos