En este documento analizo, muy esquemáticamente, las vías posibles de articulación entre movimientos sociales y partidos políticos en el mundo contemporáneo. En breve, afirmaré que dadas las características de los movimientos sociales actuales (más bien, de la movilización social) y las de los vehículos electorales hoy en boga (léase, los equivalentes funcionales de los viejos partidos políticos), dicha articulación es poco probable y, de lograrse, está destinada a la corta duración.
En función de mi conocimiento superficial sobre la realidad de los movimientos sociales, el texto se centra especialmente en analizar los desafíos que hoy enfrenta la estructuración de representación política legítima en nuestras sociedades. El resto de este artículo se estructura en torno a cinco secciones. La primera, argumenta que el caso de Perú constituye un buen heurístico para pensar el futuro de los partidos políticos en la región. La segunda, identifica una serie de factores que complican la tarea de quienes buscan crear y sostener partidos políticos programáticos e institucionalizados. La tercera sección pone en relación las dinámicas emergentes con el déficit de legitimidad que hoy enfrentan los sistemas de representación democrática en la región, y crecientemente en el mundo. Allí se argumenta que los sistemas políticos de la región enfrentan el enorme desafío de intentar generar legitimidad, lo que necesariamente supone la capacidad de sincronizar los tiempos políticos y de la política (si se quiere, los tiempos objetivos), con las necesidades subjetivas de los ciudadanos.
Finalmente, con el telón de fondo que estructuro en base a investigaciones y publicaciones previas, especulo sobre tres vías posibles de articulación entre partidos y movimientos, haciendo referencias esquemáticas a casos contemporáneos. Esquemáticamente señalo allí las principales promesas y limitantes de cada tipo. Al igual que el resto del artículo, concluyo argumentando que no hay soluciones fáciles (i.e. ajustes de los incentivos que estructuran las reglas de juego institucionales; fórmulas probadas de rearticular a partidos y movimientos sociales), en el marco de la crisis que hoy enfrenta la representación política en sociedades liberal-democráticas.
Perú como heurístico de un futuro «sin partidos»
Perú es tal vez el caso que ilustra mejor el fracaso de la ciencia política en dar cuenta de esta realidad. Desde la transición a la democracia (post-Fujimori) en 2000, los expertos en el sistema político peruano se han quejado de la ausencia de partidos y, como resultado de eso, del mediocre funcionamiento de la democracia (Levitsky & Cameron, 2003). Pese a ese reclamo, el Perú actual es un caso que ilustra que la democracia sí puede funcionar por muchos años, sin generar partidos políticos que sean más que una coalición ocasional de liderazgos individuales (Zavaleta, 2005). Incluso muestra que no hay incompatibilidades graves entre una democracia sin partidos y la capacidad de crecer económicamente y manejar con relativa eficiencia las finanzas estatales8.
Perú también ilustra, incluso antes de la elección parlamentaria de 2016 en la cual aumenta a niveles inauditos la fragmentación política, que el vacío de poder que genera la atomización del sistema de partidos no necesariamente conduce a la aparición de liderazgos populistas, como ha sucedido en los casos más resonantes en la región. Pero también sabemos que las democracias sin partido no están exentas de problemas institucionales serios. Solo a modo de ejemplo, identifiquemos tres que prevalecen en el Perú actual. Primero, las elecciones se definen usualmente a último minuto, en base al éxito relativo de los candidatos en las encuestas preelectorales. Ese éxito, y el fracaso de los que van quedando en el camino, define alianzas y apoyos coyunturales que terminan en movimientos electorales (muchas veces motivados por sentimientos negativos o «anti»), que definen la elección (Muñoz, 2018; Meléndez, 2019).
En este marco, los recursos con que cuenta cada candidato para marcar en las encuestas son clave. A modo de ejemplo, César Acuña, un político con fuerte base electoral en el norte del país (donde es dueño de tres universidades que le han dado renombre y una base social a movilizar en la zona), logró hacer sombra en la pasada campaña electoral presidencial a la mayoría de los candidatos que en ese entonces pujaban por convertirse en «la» alternativa a Keiko Fujimori. Antes de la elección, Acuña fue dudosamente inhabilitado por parte del Jurado Nacional Electoral, abriendo campo a dos candidaturas radicalmente opuestas en su plataforma programática: las de Pedro Pablo Kuczynski y de Verónika Mendoza. Lo único que compartían las candidaturas de Kuczynski, Mendoza y Acuña era su capacidad de convertirse en la alternativa viable a la de Keiko Fujimori, heredera del único aparato político con semblanza de partido político existente en el país (Meléndez, 2019).
La elección se definió por pocas décimas en un sprint final con definición fotográfica. En un año negro para las encuestadoras en todo el mundo, las de Perú no se han equivocado, tal vez porque aprendieron a trabajar en un contexto en que los partidos, como los conocíamos, ya no existen. Es interesante notar que los presidentes que resultan electos apoyados por movimientos coyunturales (algunos comenzaron con encuestas que les daban un dígito y terminaron convirtiéndose en «el mal menor» para una mayoría coyuntural en la segunda vuelta), tienen más dificultades para gobernar que para ser elegidos. Comienzan siendo muy populares, se desgastan muy rápido, alcanzando niveles de popularidad muy bajos, y finalmente, en los últimos meses de gobierno tienen un alza leve.
Segundo, el Congreso Nacional presenta tasas de rotación comparativamente altas. En la elección parlamentaria de 2016, 54% de los congresistas intentó la reelección y solo el 24% la logró (JNE, 2016). Aunque ciertos niveles de renovación son bienvenidos, una alta rotación complica mucho la calidad de la gestión legislativa. Esto se agrava porque las bancadas partidarias simplemente se dividen y fragmentan a poco andar del período de gobierno. Los «camisetazos» (cuando un congresista electo por un partido se cambia de bancada) se han vuelto muy difíciles de cuantificar en el caso peruano.
Frente a esta inestabilidad de las bancadas partidarias, algunos analistas peruanos argumentan que se han conformado sólidas bancadas –políticamente transversales–, cuyo denominador común es representar los intereses de quienes financian sus campañas. El dinero que alimenta estas bancadas no viene solo de empresas legales, sino de financistas vinculados a economías ilegales. A modo de ejemplo, Ricardo Soberón, exdirector de Devida (la organización estatal a cargo de la represión del tráfico y consumo de droga en el Perú), me dijo en una entrevista que en la última legislatura peruana la «narco-bancada» (formada por unos diez legisladores de distintos partidos, financiados por dineros ligados al narco) mostró niveles de cohesión interna al votar temas relativos a la regulación y represión de dicha actividad que cualquier partido envidiaría9.
Tercero, el sistema de partidos peruano también registra niveles extremos de desnacionalización. Se entiende por desnacionalización una situación en que los partidos nacionales dejan de controlar la política subnacional, siendo reemplazados por referentes y partidos locales, perdiendo así el control central sobre el territorio y las instituciones. De alguna manera esto es natural, dada la debilidad de los partidos políticos y la introducción de reformas descentralizadoras. Como resultado, de los 25 presidentes regionales elegidos en la última elección de 2014, solo cinco responden a «partidos» nacionales. El resto representa a movimientos independientes (muchos de ellos personalistas) o colectivos regionales.
A nivel municipal y distrital (alcaldes provinciales y alcaldes distritales), la presencia de representantes de partidos nacionales también es sumamente escasa. En este contexto, se han dado dos fenómenos complementarios que vale la pena mencionar aquí. Junto con las reformas descentralizadoras, se introdujo en Perú el mecanismo de revocatoria de mandato. De acuerdo con un estudio de la politóloga Yanina Welp, entre 1993 y agosto de 2013 más de cinco mil autoridades regionales y municipales fueron sometidas a revocatoria de mandato en Perú, y más de mil setecientos fueron revocadas por el voto popular (Welp, 2013).
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