Por otra parte, se puede observar la problemática de la legitimidad vinculada al modo de ejercicio del gobierno, más precisamente a la evaluación de la ciudadanía respecto de la eficacia de las políticas públicas; nos referimos a la “legitimidad de ejercicio” como un fenómeno relativamente novedoso que representa las expectativas en torno a la figura del “buen gobierno”; se trata de una realidad que ha ido cobrando presencia a partir de los procesos de transición democráticos que emergieron en la década de los años ochenta y en los cuales convergieron las esperanzas democráticas ligadas a la vigencia de las libertades públicas y a la realización de niveles de bienestar y promoción social de la población. También podemos incluir un tercer tipo de legitimidad referida al liderazgo; nos referimos a la cualidad que reúne el gobernante, en virtud de su personalidad, capacidades y prestigio. Se trata de un fenómeno contingente que tiende a complementar y perfeccionar la calidad legítima que cabe a la vigencia de las normas del régimen democrático.
Como resultado de la confrontación entre las capacidades de los gobiernos democráticos surgidos de procesos post autoritarios y las demandas de la ciudadanía, se produjeron en América Latina procesos de crisis y recambios gubernamentales determinados por la pérdida de confianza ciudadana debido a situaciones de corrupción y déficit de gestión de las estructuras gubernamentales. Estos procesos fueron caracterizados por diferentes autores como manifestaciones de “crisis de legitimidad” en los regímenes democráticos, advirtiendo sobre los riesgos de que esta pérdida de legitimidad fuera más allá de la desconfianza manifestada en las instancias gubernamentales y pudiera afectar al modo de vinculación democrático entre gobernantes y gobernados. Estas consideraciones se extendieron a caracterizar la dinámica de estas relaciones como inmersas en un clima de creciente desencanto y frustraciones de la ciudadanía ante las limitaciones de las estructuras de gobierno por garantizar una nueva sociabilidad caracterizada por crecientes grados de libertad y bienestar personal y colectivo.
Finalmente, la legitimidad pone de relieve al mismo tiempo los modos de la convivencia política y el valor que cada sociedad asigna al modelo de convivencia. La aceptación de las normas del régimen se expresa en el consenso al que arriban ciudadanos autónomos (Dicc).
El Poder
En términos genéricos, el poder es fundamentalmente capacidad de actuar y de producir efectos en la naturaleza, las cosas y las relaciones humanas. Nos interesa aquí el poder como fenómeno social, como la capacidad y la disposición de los seres humanos para imponer la voluntad particular y determinar la conducta de otros semejantes.
Aristóteles distinguía entre tres tipos de poder, en función de quién lo ejercía y a quién estaba destinado. El poder paterno, ejercido por el padre en beneficio del hijo; el poder despótico, ejercido sobre los súbditos y en interés del déspota; el poder político, una forma específica de poder no particularista que se ejerce en beneficio del común, de la polis, de quien gobierna y de los gobernados.
El poder constituye una relación social y por tanto cada persona es al mismo tiempo sujeto y objeto de poder, según se ejerza la voluntad de imposición entre ellas. Algunas concepciones subrayan la posesión de los medios de poder por encima del aspecto relacional. Hobbes consideraba al poder como algo material, constituido por la suma de los medios y recursos disponibles para ser utilizados en función de un beneficio o ventaja futura. Sin dudas, el poder adquiere consistencia en función de los medios o recursos disponibles, pero ello no debe ocultar la dimensión relacional que implica la voluntad de condicionar la conducta de las personas en una esfera de acción determinada.
En toda relación de poder concurren la intencionalidad, en el sentido de que se trata de una acción consciente para determinar la conducta del otro, en beneficio de un interés particular de quién ejerce el poder o compartido con el destinatario de la acción de poder. Cabe señalar en este punto que la relación de poder no constituye una causalidad necesaria y mecanicista sino probabilística, por lo que existen diversas posiciones teóricas respecto de la condición necesaria y/o suficiente que cumple el comportamiento de un actor respecto de la conducta esperada del otro.
En el ámbito político, el poder adquiere otras dimensiones específicas. De acuerdo con Max Weber, cabe señalar que el poder político no se funda en la disposición de los medios sino que reconoce un fundamento de “legitimidad” que se expresa como “autoridad” o la predisposición más o menos voluntaria de prestar obediencia a un mandato. Weber distingue tres tipos ideales o puros de “legitimidad”: Legal: basada en un orden racional, objetivo y de cumplimiento universal –burocracia de Estado moderno–; Tradicional: fundada en la sacralidad de creencias heredadas –súbditos, orden patriarcal–; Carisma: fundado en las aptitudes extraordinarias del gobernante –heroicidad, convicción–.
Weber sostiene que: “Debemos entender una relación social de lucha cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes. Se denominan ‘pacíficos’ aquellos medios de lucha en donde no hay violencia física efectiva. La lucha ‘pacífica’ llamase ‘competencia’ cuando se trata de la adquisición formalmente pacífica de un poder de disposición propio sobre probabilidades deseadas también por otros” (43).
La evolución de la teoría del poder incluye diversas perspectivas sociológicas y también psicológicas, referidas a la personalidad de quienes ejercen el poder político. Los estudios empíricos de Harold Lasswell arrojaron importantes conocimientos sobre las relaciones entre poder y personalidad autoritaria; también las teorías funcionalistas que estudian el fenómeno del poder como la capacidad de cumplir con eficacia los objetivos de naturaleza pública, el poder es considerado un medio circulante que permite la institucionalización y legitimación de la autoridad. También, la concepción del poder como “influencia” que está más relacionada con la práctica de la democracia y más precisamente a la poliarquía, en términos de Robert Dahl. La noción de “influencia” denota una comprensión más amplia que la definición hobbesiana del poder; en efecto, subraya el carácter relacional, interactivo que reconoce la existencia del conflicto de intereses entre los actores; en la dinámica de la relación política, la influencia se confunde con el poder en cuanto reconoce la coerción como última “ratio”; la posibilidad cierta de la amenaza como recurso que el adversario reconoce como parte de la interacción.
Parsons, a su vez, define al poder político como la “capacidad generalizada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones vinculadoras de un sistema de organización colectiva, en el que las obligaciones están legitimadas por su coesencialidad con los fines colectivos, y por lo tanto pueden ser impuestas con sanciones negativas, sea cual fuere el agente social que las aplica” (44). Lo que caracteriza al poder político es la exclusividad del uso de la fuerza respecto de todos los grupos que actúan en un determinado contexto social, exclusividad que es el resultado de un proceso que se desarrolló en toda sociedad organizada hacia la monopolización de la posesión y del uso de los medios con los cuales es posible ejercer la coacción física. Entre los atributos del poder político se destacan: la exclusividad en el uso de la coerción, la universalidad o la capacidad de tomar decisiones legítimas que obligan a los miembros de la comunidad y la posibilidad de intervenir imperativamente para mantener el rumbo del proceso o modificarlo implicando a todos los miembros de la sociedad política.
Otras perspectivas teóricas incluyen al modelo comunicacional de Deutsch (45) que se asienta en los flujos informativos del sistema social. Deutsch sostiene que la autoridad crece en la medida en que desarrolla su aptitud