Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona

administración, y por lo tanto sin ningún valor contable. El otorgamiento de avales por parte del Estado Nacional, tanto a Empresas Públicas como Privadas, tampoco tuvo un marco normativo adecuado, ni registración sistemática que permitiera brindar información oportuna para seguimiento y gestión. El Ministerio de Economía, a través de algunas dependencias, se limitaba a recibir los ‘avisos de vencimiento’ o reclamos de los acreedores, y proceder a su pago, sin que en todos los casos y mediante procedimientos fehacientes pudiera verificarse la exactitud de la cifra demandada. Las limitaciones mencionadas precedentemente, impedían conocer oportunamente y con precisión el monto de la deuda, perfil de vencimientos, tasas de interés comprometidas, etc. La carencia de registros de la deuda pública en el Ministerio de Economía, alteró la secuencia lógica del proceso contable (...). En sostén de lo mencionado en los puntos precedentes, se debe señalar que el Gobierno Nacional tuvo que recurrir a los registros de los acreedores para obtener información de las deudas que se incluyeron en el ‘Plan Brady’, auditadas y conciliadas a través de una consultora privada. Este proceso de conciliación se prolongó por un largo período (dos años), e insumió cuantiosos gastos. Aun después de haberse firmado el ‘acuerdo’ en 1992, continuaron las conciliaciones y arreglos con los bancos agentes hasta mediados de 1994”⁸. Debía suponerse que, a partir de esos nuevos registros, todo lo referido a la contabilidad del sector externo estaría debidamente organizado, ya que después de las reestructuraciones de la deuda de los años 2005 y 2010, en la contabilidad pública el Ministerio de Economía hacía constar regularmente cada semestre los montos supuestamente adeudados a los holdouts, si bien se trataba de cifras globales sin discriminación por acreedor. Fue entonces que nuevamente hubo que recurrir a informaciones del exterior, ya que las distintas cifras que se reclamaban fueron provistas por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, abogados externos de la República que venían asesorando al Estado desde 1989, ante la carencia de registros en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que no tenían los datos requeridos para ser presentados al Congreso de la Nación en oportunidad de presentar el Proyecto de Ley para pagar a los llamados “fondos buitre” en marzo del 2016.

      Las falencias documentales que señalamos siempre estuvieron presentes en la contabilidad pública, especialmente en lo que hace al sector externo, y si bien actualmente la emisión de bonos se registra con sus anexos en la página web del Boletín Oficial, anteriormente todas estas negociaciones, como los contratos, y aun los conocidos acuerdos con el FMI, fueron parte de una documentación a la que no se tenía acceso. De allí que se pudieran ocultar las habituales negociaciones que invariablemente comprometían a la Nación, sometiéndola a las decisiones de los prestamistas.

El gobernar con deuda se convirtió en un verdadero paradigma, y la renta financiera fue uno de los principales factores de acumulación. La hegemonía del capital financiero sobre el capital industrial se afirmó a partir de la década del 70, y “la deuda” se fue apoderando de las economías a través de préstamos con su carga de intereses, refinanciaciones, defaults, reestructuraciones, nuevos endeudamientos, como si fuera imposible salir de ese círculo perverso y condicionante, y tampoco intentar cuestionarlo. Se honró la deuda de la dictadura, aceptándola sin cuestionamientos, y aun en la reestructuración de los años 2005 y 2010 solo hubo quitas, pero en ningún caso discusión sobre la legalidad y legitimidad de la herencia recibida. Como si fuera imposible salir del sistema, que recibía una especie de renta perpetua, mientras el capital adeudado continuaba generando riqueza para los prestamistas. Como lo asegurara Martínez de Hoz en 1984, “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”⁹.

Salir de la deuda es algo que nadie se permite plantear, ya que, dentro del sistema capitalista, es un problema insoluble, es parte de su estructura, uno de los elementos que lo nutre. En el capitalismo financiero –como señala Lazzarato– la deuda es infinita, impagable, inexpiable, como no sea mediante una redención política, y lo único que se intenta es renegociarla de cualquier forma, y nunca acabar con ella, porque el sistema depredador no lo permite¹⁰. Es así que el Pacto Fiscal Europeo previó veinte años de sacrificios para pagar a los acreedores, que siempre son privilegiados, más allá de algunos ajustes que se puedan realizar para hacer frente al pago de sus acreencias¹¹.

      Una de las singularidades de la deuda argentina ha sido ser parte de un mecanismo en el que los préstamos recibidos fueron generalmente destinados a la especulación financiera, a la fuga de capitales, a la generación de autopréstamos, para el enriquecimiento ilícito por parte de grupos empresarios que luego se desligaron de sus responsabilidades, transfiriéndolas al Estado durante la dictadura, y se asumió como una fatalidad que solo quedaba pagar y refinanciar, aunque existieran evidencias de fraudes cometidos en perjuicio de la administración pública.

      En estas páginas, no he pretendido hacer una historia de la deuda, ya que existe una abundante bibliografía sobre el tema, principalmente económica. Me he limitado a mostrar aspectos legales de su contratación, las evidencias que obran en las investigaciones que tramitan en los tribunales, creyendo necesario plantear algunas cuestiones jurídicas no demasiado debatidas y que están inescindiblemente relacionadas con todos los procesos de endeudamiento, y con los condicionamientos legales que permitieron que, después de décadas, la cuestión de la deuda siga siendo el gran problema de la economía argentina, sin que nadie tomara en cuenta esa estructura legal que nunca se quiso cuestionar. Como si el orden jurídico no le fuera aplicable en ningún caso y solo debieran considerarse las tan enunciadas “leyes del mercado”, y la imposibilidad de dejar de pagar, para no caer en el temido default.

Siempre me pareció muy sugestivo que, salvo excepciones, todas las publicaciones referidas a la deuda omitieran lo referido a las actuaciones judiciales, como si carecieran de toda importancia, reduciendo el análisis a los aspectos económicos y a las consecuencias sociales de las obligaciones externas¹². Las cifras de los distintos procesos económicos se convirtieron en los únicos insumos para cualquier discusión, con prescindencia de conocer los entretelones y los modos en que se efectuaran las distintas contrataciones y las responsabilidades inherentes a los funcionarios que intervinieron, determinando que se suscitaran equívocos sobre los diversos aspectos legales y constitucionales, silenciándose antecedentes de singular importancia para su comprensión. Los economistas se apoderaron de la deuda, analizaron sus falencias, su sustentabilidad, teorizaron sobre las diversas maneras de encarar su solución, implementándose acciones para arribar a una solución definitiva que nunca se produjo, ya que, después de ciertas disminuciones ocasionales, el problema nunca desapareció, asumiendo proporciones inéditas durante la gestión del gobierno de Macri¹³.

      Un ejemplo concreto de la incidencia que la deuda tuvo en el desapoderamiento de las empresas públicas fue la operatoria de la privatización de YPF y Gas del Estado, junto con las restantes empresas públicas, ya que fue una exigencia de los acreedores, con la anuencia y colaboración del FMI, del BM y del BID, para que el Estado ingresara al desafortunado Plan Brady, que no solo no significó una solución a los problemas que se arrastraban desde 1983, sino que fue uno de los aspectos fundamentales de lo que Lozada llamara “el desguace del Estado Nacional”. La mayoría del Partido Justicialista participó de ese desguace, aunque con los años los dirigentes responsables de la venta de los bienes públicos nada recuerdan hoy de sus acciones pasadas. Como hay muchos argentinos que no perdimos la memoria, es importante recordar estos hechos que muestran cómo las políticas instrumentadas profundizaron la decadencia del país; cómo se produjo la enajenación de empresas que fueron construidas por generaciones de argentinos; cómo la sobreactuación permanente y el discurso panfletario de la dirigencia política pretendió echar un manto de olvido sobre sus responsabilidades en la contratación de una deuda espuria; en avalar y respetar escrupulosamente los compromisos económicos que habría que haber investigado.

      Lo aquí expuesto es apenas una síntesis de las causas penales, cuyo trámite solo ha podido sostenerse por el impulso dado a las diferentes investigaciones por el fiscal federal Federico Delgado, que hace años insiste, sin mayores resultados, en que se conozca todo un proceso de desposesión de nuestra riqueza, en beneficio de bancos, de empresarios privados, de fondos de inversión, que hicieron grandes negocios durante el proceso de endeudamiento. He creído importante mostrar todo el andamiaje legal que permitiera que la deuda fuera manejada