A lo dicho, cabe acotar que, en esta era digital, la globalización no regulada ha producido la potenciación de grandes poderes económicos y financieros, en el modelo de un capitalismo de vigilancia, que han utilizado y utilizan la tecnología digital para transformar el mundo en un gran libre mercado, en el que se ha buscado optimizar la mayor rentabilidad a toda costa y la operatoria financiera ha alcanzado dimensiones desconocidas en la historia de la humanidad.
En este nuevo capitalismo montado en lo financiero-digital su fuerza de capital está en la especulación y manejo de lo financiero, junto con la propiedad de datos fundamentales, tanto de las personas como de las naciones, y gracias a los métodos algorítmicos, se logra también condicionar cada vez más el pensamiento y los procederes.
En el libro se nos recuerda además que, lamentablemente, con la reciente llegada de la democracia al país, a fines de 1983, ningún gobierno se atrevió a efectuar una revisión exhaustiva de lo hecho, limitándose a la aceptación incondicional de las obligaciones, que fueron refinanciadas y reestructuradas en una clara violación al ordenamiento legal. Y se señala con firmeza que el desconocimiento del estado de derecho fue llevado adelante por los gobiernos, silenciado por los grandes medios periodísticos, tolerado por un Poder Judicial que siempre miró para un costado, y con la decisiva complicidad del Poder Legislativo, que no se hizo cargo de las competencias que le asignara la Constitución, delegándolas en muchos casos, para la mayor comodidad, en el gobernante de turno, que contó con mayorías complacientes y subordinadas a sus decisiones.
Se estudia y analiza minuciosamente el tema de la deuda externa ilegítima del país y los cambios en la estructura social, la estructura de la dependencia, la naturaleza de los empréstitos y la instrumentación legal de las emisiones de deuda.
Asimismo, se analiza la realidad, no revertida aún, por la que el endeudamiento externo ilegítimo en América Latina y especialmente en la Argentina estuvo acompañado con acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y permitieron que se ocultara la información relevante a la sociedad sobre dicha problemática. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación cultural, estaba y está asentada en diversas modalidades de manejos de medios de difusión, funcionales al objetivo querido.
Con dicho fin, como parte de la misma lógica de ocultamiento, se apeló a un lenguaje complejo –casi críptico– y de difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación de que solo algunos elegidos eran y son los que podían y pueden evaluar y tratar la temática, con capacidad reconocida solo por los interesados. Y a todo aquel que no perteneciera a ese grupo de elegidos (“debidamente formado” –o adoctrinado– en los centros del poder económico y sus universidades) no se le reconocía autoridad técnica para hablar sobre el tema. A estos últimos, además, se los presentaba como “subversivos” o “desubicados” que no merecían ni merecen respeto, ni consideración, ya que podían o pueden empujar al país al abismo de la indiferencia de los sectores crediticios multilaterales. La descalificación y el miedo siempre se dejaron traslucir, para operar como método paralizante de cualquier acción o reacción ante los latrocinios financieros a los que se nos sometió y se nos somete. Siempre, siguiendo el mandato profético al que se nos acostumbró, se dejaba en claro que, en el “mundo civilizado” del lucro financiero, con modalidades globalizadas, no se puede discutir el cumplimiento irrestricto de las obligaciones contraídas, sin importar si las mismas fueron ilegítimas, ilegales u odiosas y sus efectos fueran injustos y denigrantes, ya que la pena implica desaparecer de ese mundo “civilizado”.
Alejandro Olmos Gaona analiza el Fondo Monetario Internacional, la deuda y su pago como la violación de los pactos internacionales y el Plan Brady y los catastróficos efectos que le produjeron al país. A su vez, trabaja el tema de los avales del Estado y las deudas, el Club de París, la deuda de la dictadura y las investigaciones y la deuda privada, el bono a 100 años, la causa “Olmos II” y las pérdidas del Banco Central.
También señala que la corrupción estructural fue parte del sistema instalado en la Argentina durante décadas, donde se privilegió el abuso de poder, la exponencial transferencia de recursos de los más pobres hacia los más ricos, la inequidad y las ganancias desmedidas de los que utilizan los medios a su alcance en esa carrera desmesurada por enriquecerse cada día más.
Lo referido, como se ha dicho, estuvo y está acompañado de una bien instrumentada manipulación de la información a la opinión pública por los medios de difusión de todo tipo, sobre la conformación de la deuda externa de la Argentina, montado en una desinformación estructural de las obligaciones dinerarias asumidas por el país y la falta de trasparencia en los acuerdos. Baste referir que los contratos por los que se tomaba y toma deuda, por lo general, tienen cláusulas de secretismo. A lo que hay que sumar que en dichos convenios de deuda se obliga a resignar la jurisdicción nacional soberana, para el análisis de las cuestiones que se suscitaran. Aún más, ello permitió que jueces de menor cuantía de Nueva York, como Thomas P. Griesa, pusieran en vilo el futuro del país, ante las acciones deducidas por “fondos buitre” en contra de la Argentina y que los problemas se trataran como si fueran cuestiones entre simple particulares.
En este último aspecto, la moraleja ha sido cruel para los derechos y necesidades de los argentinos, porque se terminó pagando sin discutir nada.
Afirma Alejandro que el gobernar con deuda se convirtió en un verdadero paradigma y la renta financiera se transformó en uno de los principales factores de acumulación. La hegemonía del capital financiero sobre el capital industrial se afirmó a partir de la década del 70 y “la deuda” se fue apoderando de las economías a través de préstamos con su carga de intereses, refinanciaciones, defaults, reestructuraciones, nuevos endeudamientos, como si fuera imposible salir de ese círculo perverso y condicionante, y también intentar cuestionarlo. Se pagó la deuda de la dictadura, aceptándola sin cuestionamiento.
Con dolor se resalta que la decisión de no investigar sirvió siempre para no cuestionar el origen dictatorial de la deuda, y todo el sistema que permitió originarla, así como también la violación del orden constitucional, las complicidades entre bancos acreedores y funcionarios, la falta de registro de las obligaciones externas, la aceptación incondicional de las exigencias de los acreedores, el pago de comisiones abusivas, el daño ocasionado a la economía nacional por los recursos transferidos como resultado de obligaciones espurias.
En ese contexto, Alejandro Olmos Gaona, siguiendo el derrotero valiente y constante de su padre, en este libro logra esclarecer y transparentar el proceso histórico de la deuda externa ilegítima, ilegal y odiosa de la Argentina.
Entre sus múltiples funciones fue miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) del Ecuador (2007-2008), designado por Decreto Ejecutivo 472 del presidente del Ecuador y produjo gran cantidad de investigaciones particulares sobre historia de las relaciones diplomáticas, deuda exterior, asuntos financieros, derecho internacional público.
Su libro La deuda odiosa. Una doctrina jurídica como instrumento de solución política es fundamental en el estudio jurídico profundo de la problemática.
De una manera documentada, amena y de compresión accesible, trabaja el sistema de la deuda, las actitudes inconstantes como país ante la ley, los antecedentes del sistema financiero y las normas propias para la inversión externa.
Queda en claro en la obra que el sistema penal nada hizo respecto de los latrocinios que ha sufrido el país e incluso José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, la única persona que fuera procesada en esta investigación, resultó sobreseído en virtud de operar la prescripción de la acción penal. Pero el accionar delictivo se advirtió en no menos de 477 oportunidades.
Por ello, se deja constancia de que una de las formas habituales del control económico lo constituye la imposición de normas jurídicas que permiten a los controladores del sistema financiero contar con estructuras legales que puedan ser funcionales a sus intereses, y donde el poder del Estado se debilita, al ser considerado como un comerciante convencional que nunca se encuentra en igualdad de condiciones con los bancos que le prestan dinero.
Así, se resalta que en todas las operaciones crediticias