El barómetro del ODSA publicado en julio de 2015 reveló que en la Argentina al menos 1 de cada 10 hogares presentaba déficit en algunos de los indicadores de pobreza estructural, relativos a la seguridad alimentaria y al acceso a recursos estructurales de bienestar. A ello se sumaba un sostenido incremento de la pobreza que llegaría casi al 29 %, y de la indigencia hasta el 6 %. Si bien es cierto que entre 2003 y 2014 hubo un incremento de los programas sociales y que la Asignación Universal por Hijo (AUH) implicó un paliativo en la falta de recursos de los sectores más necesitados, mostrando un sensible aumento en el gasto social, ello no determinó un cambio estructural significativo asociado a la superación de la mera estrategia por la subsistencia de los hogares. Durante la gestión gubernamental de los años 2016-2019, esos índices fueron largamente superados, no solo respecto a los enormes pagos de la deuda pública, sino en cuanto a los índices de pobreza, que llegaron al 35 %, de acuerdo a las estadísticas más rigurosas.
La situación mostrada refleja, por un lado, cómo opera el sistema de endeudamiento causando situaciones concretas de injusticia en la distribución del gasto. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el pago de las obligaciones externas opera decisivamente para acotar los gastos en salud, educación, planes de desarrollo, ya que siempre se prioriza ese pago sobre esos otros rubros que son significativos para tener una mejor calidad de vida. Hace treinta y cuatro años esto lo pudo señalar con rigurosidad la Pontificia Comisión “Iustitia et Pax” de la Santa Sede en su documento “Una consideración ética de la deuda internacional” (1986). También lo indica el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, pero, más allá de tales pronunciamientos, el análisis de los presupuestos de los países citados muestra con toda evidencia que no ha sido posible aumentar los gastos que son fundamentales para el desarrollo y las políticas sociales, debido a la exigencia de pagar los servicios de la deuda, que continúan siendo una pesada carga, y que debido al mecanismo de acumulación de intereses al capital, a pesar de los pagos que se hacen, siempre insuficientes (porque muchas veces se deben refinanciar parte de las obligaciones), la carga de la deuda siga aumentando.
Mientras la gran deuda social pendiente (entendida como el déficit en las condiciones de desarrollo humano e integración social de la población argentina) persiste, se destina gran cantidad de recursos para el pago de los intereses de una deuda que, tal como lo señalaran los peritos en la conocida causa judicial iniciada por Alejandro Olmos en 1982, no tenía fundamentación jurídica, administrativa ni financiera.
El impacto social y político que tienen las relaciones jurídicas que se dan entorno a los contratos de endeudamiento remite indudablemente a la categoría “acumulación por desposesión”, para indicar la desposesión de activos a través de la acción de las instituciones del capital financiero, lo cual posibilita que las economías resulten sitiadas y sus activos recuperados por el capital financiero, viabilizando así la acumulación por desposesión, usualmente mediante programas de ajuste estructural.
Los contratos firmados, carentes de legitimidad y licitud, dan cuenta de la caracterización de la deuda argentina como “odiosa”. Este tipo de deudas tienen consecuencias jurídicas directas, restringiendo la soberanía del Estado, contraviniendo normas del ius cogens (normas imperativas) y principios generales del derecho; consecuencias políticas, referentes al margen de autonomía de los países deudores, y económicas, al generar dependencia de las economías nacionales respecto de los vaivenes financieros internacionales. Aunque todo ello siempre es desconocido en las negociaciones que se llevan habitualmente a cabo cuando se acuerda con los acreedores externos. No ocurre lo mismo con la deuda intra-Estado, que es compulsivamente refinanciada, de acuerdo a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno.
Algunos resultados preliminares del análisis de la deuda pública y los gastos sociales
En diciembre del 2005 se anunció el pago al FMI de 9500 millones de dólares con las reservas del Banco Central, lo que representaba menos del 9 % del total de la deuda externa pública, disminuyendo un 35 % las reservas. Si bien se sostenía un discurso de “Cancelación Total” de deuda externa, el saldo total de la deuda no disminuyó con ese pago. Por un lado, aunque se canceló la deuda con el organismo, se efectuó un nuevo canje de la deuda, que alcanzó el 92 % de la deuda en default, con su ampliación en el año 2010, que, si bien en principio disminuyó el capital nominal de la misma, volvió a aumentar debido a cupones de intereses acumulativos, y otros reajustes pactados. Por el otro, los gastos sociales, en términos comparativos con las sumas que se manejan en torno a la deuda pública, resultan insignificantes.
En el 2010, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, se creó el Fondo del Desendeudamiento para pagar la deuda externa argentina con una capitalización inicial de 6600 millones de dólares provenientes del Banco Central. También se impulsó un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central para poder, así, intervenir en los créditos para la producción, en la economía y realizar adelantos de recursos al Tesoro Nacional por parte del Banco Central.
Para esa fecha, el Banco Mundial tenía el 10,4 % de la deuda a través de préstamos directos; el 52,2 % correspondía a deuda intra-Estado: Banco Central, ANSES y Banco de la Nación Argentina, entre otros, y el 33,4 % restante en manos del sector privado.
GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA ENTRE 2005 Y 2015
Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2015)
Para dar cuenta del impacto social que produce el cargo de las deudas soberanas, identificamos, por un lado, relaciones significativas o asociaciones de interdependencia (coeficiente de Spearman) entre los gastos anuales destinados al pago de la deuda pública (intereses, servicios, parte de capital) y los gastos nacionales destinados a servicios sociales en educación, salud, ciencia y tecnología, y por otro lado, correlaciones significativas entre las medias de pagos de deuda pública y nuevos créditos (coeficiente de Spearman) que se tomaron durante todo el período bajo estudio, según se desprende de la categoría “financiamiento de los presupuestos anuales” de la Administración Central.
Como se advierte en los gráficos 2 y 3, al comparar los montos destinados a las obligaciones externas con los destinados a salud, educación, ciencia y tecnología, se podrán advertir las grandes diferencias. Siempre se ha privilegiado el pago de las obligaciones externas, respecto de otras más prioritarias.
GRÁFICO Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN SALUD, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DEUDA PÚBLICA Y NUEVAS DEUDAS CONTRAÍDAS EN MILLONES DE DÓLARES ENTRE 2006-2012
Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2013)
GRÁFICO Nº 3: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN SALUD, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DEUDA PÚBLICA Y NUEVAS DEUDAS CONTRAÍDAS EN MILLONES DE DÓLARES ENTRE 2013-2015
Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2015)
A la distribución de las mencionadas variables se suma la evolución de los nuevos créditos que se obtienen anualmente de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y por convenios bilaterales. Estos nuevos créditos figuran en la cuenta de financiamiento de la Administración Nacional