Los bancos deben tener un rol fundamental, en cuanto intermediarios entre el ahorro y la inversión, pero, como señalaba Keynes, el ahorro y la inversión no constituyen por sí solos un mercado de oferta y demanda de crédito, igualadas por el respectivo precio de equilibrio: la tasa de interés. La Ley que rige, de autoría del exministro Martínez de Hoz, prescindió de toda consideración social, respecto de la relación ahorro-inversión, retirando al Estado como orientador del crédito y dejando a las partes sujetas a la libre contratación. Esas formas dejaron cautivos a los tomadores de crédito, la parte más débil del sistema, que se vieron obligados a someterse a las condiciones que les fijaron los bancos, ya que el crédito no era un servicio público, sino un simple servicio del mercado financiero.
Los criterios de supuesta modernización del sistema de la década del 90 no produjeron ningún resultado económicamente positivo, ya que el crédito fue direccionado hacia el utilitarismo de las entidades, sin que importara la inversión productiva. Además, la falta de controles adecuados produjo una descomunal fuga de capitales a través de las entidades del sistema, como lo demostró en el año 2002 la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, fuga que nunca fue detenida y siguiera creciendo. Los últimos informes del INDEC muestran que existen capitales en el exterior por 240.000 millones de dólares, aunque las estimaciones privadas hablan de alrededor de 400.000 millones.
El sistema no puede seguir funcionando como hasta ahora y las últimas reformas a la Carta Orgánica del Banco Central en modo alguno modificaron la estructura de la actividad financiera, a la que se le debe dar una regulación distinta y objetivos que permitan la canalización del ahorro hacia la producción y no hacia la especulación. Las ganancias de los bancos han seguido creciendo, y la actividad crediticia está dirigida especialmente a bienes de consumo, resultando imposible acceder a créditos para vivienda, o para realizar proyectos de inversión generadores de riqueza, ya que las tasas que se cobran hacen imposible una actividad en tal sentido. El sistema rentístico-financiero que opera desde 1976 ha seguido funcionando con algunas variantes, y en los últimos dos años se llegó a extremos inéditos debido al aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central que alcanzó en algunos momentos el 85 %.
1 El 1º de julio de 1824, siendo gobernador de Buenos Aires el general Martín Rodríguez y ministro de Hacienda Bernardino Rivadavia, se firmó en Londres un empréstito con la casa Baring Brothers por la suma de 1.000.000 de libras esterlinas, equivalentes a 5.000.000 de pesos fuertes. Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
La operación se pactó al 70 %, es decir, solo se recibirían 700.000 libras. Pero además los banqueros descontaron la suma de 130.000 libras en concepto de dos anualidades adelantadas, quedando como saldo a enviar a Buenos Aires 570.000 libras, del que debían deducirse los gastos de emisión. Hay algunas discusiones sobre cómo se efectuó la remesa de los fondos y si el convenio suponía la entrega en oro metálico. Lo cierto es que solo llegaron al Río de la Plata 96.613 libras en oro, y el resto en letras de cambio contra comerciantes ingleses y otros de Buenos Aires que supuestamente debían pagarlas. Los intermediarios de la operación, Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, negociaron los títulos en Londres al 85 %, es decir que en la suscripción de estos obtuvieron una ganancia líquida de 120.000 libras.
La garantía del empréstito fueron las tierras de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente la totalidad de la tierra pública de la Nación cuando Rivadavia asumió la presidencia en 1826, aun cuando su cargo fuera puramente nominal, ya que las provincias siempre rechazaron este intento centralista de Buenos Aires, especialmente cuando se dictó la Constitución en 1826.
Después de transcurridos los años que se retuvieron en concepto de intereses adelantados, no pudieron pagarse los servicios y debió recurrirse a la venta de dos barcos para afrontar el pago de las obligaciones. Rosas se enfrentó con una deuda que ya era cuantiosa en 1835 y trató de demorar los pagos, aun cuando las presiones de los banqueros se hicieron cada vez más intensas. En 1842 un representante de Baring, Palicieu de Falconet, trató de llegar a un acuerdo en el pago de los servicios del empréstito. Rosas ordenó a su ministro en Londres, Dr. Manuel Moreno, que explorara la posibilidad de entregar las islas Malvinas a cambio de la cancelación total del empréstito, previo reconocimiento de la soberanía sobre esos territorios. La negociación no prosperó; sin embargo, a pesar de las intervenciones militares europeas y las difíciles condiciones en que se desenvolvía la administración, no se accedió a las exigencias de los prestamistas y solo se pagaron alrededor de 10.000 libras en varios años, lo que resultaba una suma insignificante en comparación con lo que se reclamaba.
El 28 de octubre de 1857, el Dr. Norberto de la Riestra firmó en Londres un acuerdo, contrayendo nuevas obligaciones y renegociando la deuda en su totalidad. A esa fecha los intereses vencidos importaban la suma de 1.641.000 libras y la deuda total era de 2.457.155 de la misma moneda. Todos los gobiernos posteriores continuaron pagando y refinanciando la deuda hasta que se la canceló definitivamente en 1903.
2 Agote, Pedro, Informe del Presidente del Crédito Público Nacional sobre la Deuda Pública, Bancos y acuñación de la moneda, Buenos Aires, 1884.
3 Terry, José A., La crisis, Buenos Aires, Imprenta Biedma, 1893, pág. 241.
4 La construcción del palacio Errázuriz (hoy Museo Nacional de Arte Decorativo), hasta las especulaciones económicas de Alfredo Fortabat, que en 1934 le debía al Banco la suma de 12.500.000 pesos, siendo el mayor deudor del banco, pasando por una larga lista de personajes que financiaban sus actividades con la plata del ahorro argentino. También es posible citar que la construcción del ingenio San Martín de Tabacal de Robustiano Patrón Costas, prominente hombre del régimen conservador y candidato a la presidencia de la República en 1944, se financió con fondos públicos.
5 Cf. Basualdo, Eduardo y otros, El Banco de la Nación Argentina y la Dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2016.
6 Al pedírsele su opinión sobre la estructura del Banco Central, el Dr. Carlos Ibarguren, abogado consultor del Banco de la Nación, expresó en su dictamen de abril de 1933: “… el Banco de la Nación era el banco del Estado, hecho, no para lucrar, sino para fomentar la producción y el comercio del país, y que en la intensa crisis que azotaba al mundo y a nuestra patria, este establecimiento era el apoyo que tenía la Argentina y que había evitado una catástrofe bancaria, comercial e industrial; que el propio señor Niemeyer, en su informe, había anotado que ningún país que sufre fluctuaciones naturales tan acentuadas como la Argentina puede soportar un ajuste automático tan directo y rígido entre la cantidad de medio circulante y el balance de pagos externos, y cuando esta correlación llega a ser demasiado rígida, el engranaje se rompe por su propia falta de elasticidad; y agregaba el señor Niemeyer que esta ausencia