Por su parte, la CCALCP (2012) también se propone describir la historia de las dinámicas de violencia en la región, de manera que ubica sus orígenes en la década de los treinta del siglo XX, cuando el Gobierno, a través de la Concesión Barco, entrega los derechos de explotación sobre el Catatumbo a las empresas petroleras estadounidenses Colombian Petroleum Company o Colpet, y a la South American Gulf Oil Company o Sagoc (CCALCP, 2012, p. 14). Tanto el CCALCP (2012) como Martínez (2012), y Carvajal (s. f.), coinciden en relacionar las dinámicas de explotación de recursos energéticos en el Catatumbo con la conflictividad territorial y la aparición de organizaciones guerrilleras en la zona.
El conflicto presente en la región del Catatumbo lo caracteriza Loingsigh (2008) como resultado de los planes estatales y empresariales en la zona, motivados por la riqueza de recursos tanto naturales como minero-energéticos que promueven desde los sectores poderosos con la intención de instalar un modelo social y económico acorde con el neoliberalismo. El análisis del autor se concentra en la acción estatal y paramilitar a partir de la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región en 1999, de modo que define la dinámica violenta en dicha región como un conflicto económico decidido a implementar un nuevo modelo de desarrollo en el que la guerra garantiza la explotación de los recursos:
La violencia allí se debe entender como una faceta más de una pugna por los recursos naturales, donde se considera a la población civil como una población sobrante asentada sobre riquezas naturales y como parte de una estrategia militar para derrotar a la insurgencia. (Loingsigh, 2008, p. 22)
El conflicto que vive la región del Catatumbo lo explica Ordóñez (2007) como una disputa por el control del territorio, producto de la importancia económica y geopolítica que reviste dicha zona. El autor, al igual que Loingsigh, se concentra en estudiar el conflicto a partir de la incursión paramilitar en 1999 (el periodo más cruento en cuanto a violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario), hasta el 2007, después de la desmovilización de las AUC, cuando se instaló una violencia basada en la estigmatización hacia la organización social y el campesinado por parte del Estado y su estrategia de seguridad democrática, y de reconversión de los paramilitares a grupos armados como, por ejemplo, las Águilas Negras.
Así, Ordóñez pone como corolario del conflicto en la región la disputa por los recursos, en la medida en que esta violencia es garante de la explotación petrolera, minera y agroindustrial emprendida históricamente en la zona, la cual ha tenido como medios predilectos el despojo y la militarización de la vida:
La militarización en el marco de la seguridad democrática ha beneficiado exclusivamente a los propietarios de cultivos agroindustriales de palma aceitera y de caucho, quienes por el contrario no han sido objeto de abusos por parte de la fuerza pública, también la militarización intenta demostrar la presencia y control estatal del Catatumbo para la puesta en marcha y ejecución de los megaproyectos anteriormente mencionados. (2007, p. 177)
La Ascamcat, en compañía de ACT Alliance, el Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP) y la Iglesia Presbiteriana de Colombia realizó también, en el 2014, una aproximación al conflicto territorial en la región del Catatumbo en el estudio Catatumbo; un territorio en disputa. Notas aproximatorias al conflicto (2014). En este estudio, los autores se proponen entender el conflicto colombiano de forma multidimensional, contrario –según ellos– al entendimiento convencional, propio de los sectores socioeconómicos y políticos dominantes. Así, conciben el conflicto colombiano (económico, social, político, ambiental, cultural y armado) como consecuencia de políticas económicas generadoras de carencias materiales en la población y fragmentaciones de los tejidos sociales, y de un régimen político excesivamente cerrado. Estos rasgos se reproducen particularmente en los escenarios locales y regionales, por lo que son, a su vez, constitutivos de las conflictividades territoriales en estas escalas.
Los autores comienzan por proporcionar un contexto que analiza la configuración de un Estado burocrático autoritario en Colombia y la implantación de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, pasan luego por su declinación y el tránsito hacia un “Estado permanente de anormalidad territorial” (Ascamcat, 2014). A continuación, los autores enmarcan su objeto de estudio, esto es, el conflicto territorial del Catatumbo, como una disputa en el ejercicio de poder que se realiza a través de la estrategia neoliberal de la desterritorialización y el despojo. Junto con este panorama, el estudio presenta las implicaciones de la propuesta de constitución de una zona de reserva campesina en la producción del espacio social. En un tercer momento, el texto discurre sobre una aproximación a la naturaleza de Ascamcat como sujeto colectivo (la organización en cuanto expresión del movimiento campesino del Catatumbo, las causas y los momentos que han cruzado sus objetivos, su constitución como alternativa de paz y la estigmatización y persecución política que ha sufrido en la región).
Movilización social
Este eje no cuenta con tantos abordajes como los anteriores dos temas, dado que es un tópico de reciente incursión en la bibliografía sobre la región y se presenta de manera secundaria en las aproximaciones que pretenden dar cuenta de la dinámica de conflictividad y de construcción de paz en la zona. Así, Carvajal (s. f.), en su caracterización de la región del Catatumbo, realiza un balance tanto de los ejercicios de movilización y protesta popular como de los diversos actores no armados que convergen en el territorio.
La autora comienza por anotar que la movilización en esta región no es coyuntural, ni reactiva, sino que, por el contrario, obedece a luchas históricas por parte de los sectores populares a causa de la represión y la conflictividad, la falta de condiciones mínimas de vida y el abandono e incumplimiento estatal:
Como correlato al sistemático abandono del Estado, el campesinado del Catatumbo empieza a configurarse como sujeto político, dándose inicio a un fuerte proceso de movilización social que se mantiene vigente y que ha demandado, desde la década del ochenta y de la mano de la comunidad indígena barí y otros sectores populares del territorio, la garantía de sus derechos y el reconocimiento de su agencia e independencia por parte del Estado colombiano. (s. f., p. 18)
También afirma que la movilización social en la región ha sido profundamente estigmatizada y criminalizada por parte tanto del Gobierno, como de las élites locales y los grupos paramilitares, lo cual evidencia una persecución a líderes. En el diagnóstico de actores en el territorio Carvajal menciona a la Iglesia, a organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de víctimas y organismos internacionales. Asimismo, resalta la participación de organizaciones sociales centrales en el territorio tales como la Ascamcat, el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca), la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (Asocbarí), la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (Asodepo) y las Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander (p. 32).
Por su parte, Cruz (2017) lleva a cabo un análisis del Paro del Catatumbo en el 2013 desde el enfoque de procesos políticos en el análisis de los movimientos sociales, para lo cual toma como factores estructurantes de las movilizaciones tres elementos: las estructuras de oportunidad política, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva. Estos elementos, ubicados para la movilización de estudio, se reflejan para el primer punto –según el autor– en los elementos de contexto político que favorecieron la gesta de diversas expresiones sociales como, por ejemplo, dicho paro; estas las caracteriza el autor como producto de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, y de la relativa apertura política que se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos en comparación con su antecesor. Las estructuras de movilización que viabilizaron la protesta las ejecutó, principalmente, Ascamcat, la cual se vio en la capacidad de organizarse tanto interna como externamente y convocar así a diversos sectores de la sociedad. Por último, el marco de acción colectiva que guió el sentir de los campesinos participantes fue la construcción de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (ZRC-C).
Este autor describe el paro en cuestión, y establece tres momentos correspondientes a los cambios de la contienda política: