6. Otorgamiento de libertad para que las instituciones apliquen sus propios modelos de clasificación en la cartera de pequeños deudores.
7. Exigencia a los bancos de publicar en sus oficinas y en sus portales digitales las tasas de interés cobradas en el segmento de personas.
8. Publicación en nuestro portal digital de una encuesta semanal realizada por la Universidad de Chile sobre las tasas de interés cobradas en la banca de personas para facilitar las comparaciones a los clientes.
9. Publicación mensual en nuestro portal digital de las tasas medias efectivas por institución en el segmento de 0-200 UF para efectos comparativos, lo que facilitará la búsqueda de las mejores opciones y la toma de decisiones por parte de las personas.
10. Publicación de las tasas de captación y colocación sobre base anual para facilitar las comparaciones entre operaciones e instituciones, en línea con las mejores prácticas internacionales.
11. Fortalecer la unidad de atención de público y recepción de reclamos de la SBIF.
12. Transparentar tarifas de sociedades de apoyo al giro, vinculadas al sistema de pagos.
13. Transparentar políticas de tasas de interés en tarjetas de crédito.
La SBIF continuará revisando las regulaciones en orden a perfeccionar el funcionamiento del sistema financiero y, en particular, todo aquello que se relaciona con la competencia y la transparencia. En esa perspectiva, uno de los proyectos prioritarios para este año es la revisión integral de las normas sobre clasificación de cartera y constitución de provisiones.
Las investigaciones sobre acciones o conductas contrarias a la libre competencia, en nuestro ordenamiento jurídico, deben ser efectuadas por la Fiscalía Nacional Económica y las resoluciones respectivas deben ser adoptadas por la Comisión Resolutiva. Esta última se ha referido en más de una ocasión a materias bancarias en el último tiempo. La SBIF colaborará con estas instituciones, como lo ha hecho anteriormente, en las investigaciones que se emprendan sobre el sistema financiero.
La SBIF ha identificado otras iniciativas que podrían ser evaluadas. Reconocemos, eso sí, que algunas caen en el ámbito de otras autoridades. Entre ellas están las siguientes:
1. Promover una tarificación diferenciada según el riesgo del cliente.
2. Mejorar la información financiera de los deudores: consolidar la información en el registro nacional de deudores.
3. Autorizar el pago de intereses en cuenta corriente. La actual prohibición es una protección al sistema financiero que se estableció después de la crisis. Tuvo racionalidad, pero hoy no se justifica. Se podría hacer gradualmente, pero sería bueno dar señales en el sentido de que esta protección no puede permanecer indefinidamente.
4. Asignar un rol más activo al Banco del Estado en los segmentos donde las rebajas de las tasas de interés se traspasan más lentamente y en productos como las tarjetas de crédito y los créditos de consumo. En estos últimos, el Banco del Estado puede avanzar mucho porque tiene una participación muy baja.
5. Flexibilizar el tratamiento del impuesto de timbres y estampillas, de manera que resulte indiferente para los clientes quedarse en el mismo banco o cambiarse a otro que le ofrece mejores condiciones. Sería algo en la misma línea que lo propuesto para los efectos de comercio. El impuesto se pagaría por 1 año, independientemente de que el cliente “renueve” su operación en un mismo banco o se cambie a otro.
6. Con los debidos resguardos, permitir que las instituciones no bancarias puedan cumplir un rol más activo en este mercado. Me refiero a las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de compensación, los emisores de tarjetas de crédito, etc. La idea es aplicarle regulaciones, pero proporcionales a los riegos que asumen. La reforma a las cooperativas de ahorro y crédito en trámite en el Parlamento está en esa línea. Recientemente, el Banco Central y la Superintendencia autorizaron a las cooperativas que cumplen ciertos requisitos para que emitan tarjetas de crédito. Todo ello es más competencia en el mercado.
7. Proveer anclas para las operaciones en pesos nominales. La actual política monetaria provee una tasa ancla perfectamente clara en UF, pero no en pesos nominales. Así, el mercado dispone de tasas referenciales claras para dólares y operaciones en UF, lo que permite operar con spread o márgenes sobre dichas tasas. Con ello cualquier baja (o alza) de la tasa referencial se traslada automáticamente a los clientes. No ocurre lo mismo en pesos nominales, donde la práctica es fijar la tasa total y no el spread. Ello introduce rigidez para el traslado de las rebajas decretadas por el Banco Central a los clientes.
Presentación efectuada en el marco de un
seminario organizado por la SBIF en abril
de 2004.
Tendencias en regulación y supervisión bancaria
Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a las principales tendencias que orientan la regulación y supervisión bancaria en nuestro país.
El objetivo de un sistema de regulación y supervisión bancaria es preservar la estabilidad y brindar protección a los depositantes. Ello no implica reducir a cero la probabilidad de fracaso de cada una de las instituciones bancarias. Los riesgos bancarios no se pueden eliminar. Solo se pueden acotar, reducir o mitigar. Por ello, la regulación debe contemplar mecanismos o fórmulas para solucionar ordenadamente los problemas que puedan enfrentar las instituciones.
Es importante señalar, al mismo tiempo que, la estabilidad no es un objetivo absoluto. Este debe ser compatibilizado con otros igualmente importantes como la eficiencia, la innovación y la competencia entre las instituciones que conforman el sistema financiero.
Las tendencias que voy a mencionar responden en buena medida a nuestra realidad, al camino que hemos recorrido y al que tenemos aún por delante, pero recogen también las recomendaciones internacionales emanadas de instituciones como el Comité de Basilea y otras que se ocupan de estas materias.
La primera tendencia se refiere al fortalecimiento de la regulación prudencial, que es aquella orientada a prevenir las crisis. En nuestro país, hemos dado recientemente un paso importante en esta dirección. La Superintendencia ha emitido una nueva normativa en materia de clasificación de cartera y constitución de provisiones. Lo que hemos hecho es dejar atrás un sistema bastante rígido, muy anclado en la crisis financiera que vivimos en los años ochenta. Se ha introducido una normativa mucho más flexible, que sitúa bien la responsabilidad donde debe estar, esto es, en las propias instituciones financieras.
Una segunda tendencia es la focalización de la supervisión en la gestión de los riesgos. Tradicionalmente, la supervisión bancaria estuvo referida a la verificación del cumplimiento de disposiciones formales. Esta era y sigue siendo una fiscalización importante, pero por su propia naturaleza no permite anticipar la ocurrencia de problemas, más bien los verifica con posterioridad.
El modelo de supervisión que aplicamos en nuestro país, ha desplazado su foco a la gestión de los riesgos. La Superintendencia evalúa la gestión en cada institución y propone acciones correctivas cuando son necesarias. Bajo este modelo de supervisión, el cumplimiento de la normativa es solo uno de múltiples antecedentes que se tienen en cuenta para la evaluación integral de la gestión.
Una tercera tendencia es el otorgamiento de flexibilidad para la gestión comercial. En el pasado, con relativa frecuencia, la regulación fue más allá de lo estrictamente necesario por razones prudenciales. Se establecieron prohibiciones, restricciones o limitaciones, que resultan innecesarias y costosas. La tendencia moderna apunta a despejar la normativa de todo lo que no tiene un carácter preventivo y a dejar suficiente espacio para que las instituciones realicen adecuadamente su gestión comercial. Con ello se favorece el desarrollo y la innovación financiera.
Una cuarta tendencia es el fortalecimiento de los gobiernos corporativos. El tema de la gobernabilidad