Mientras tanto el gobierno pone en juego la posibilidad de un proyecto a su juicio más viable que consiste en entregar la tierra parcelada por comunidades, lo que en los hechos por lo menos significa desconocer el arduo trabajo anterior y empezar todo de nuevo con una propuesta a la que se niegan las comunidades.
Las treinta y cinco comunidades en un comienzo mantuvieron su postura planteando la entrega con un titulo único en defensa de su organización y de un mejor aprovechamiento de los recursos que ofrecen el monte y el río.
Este largo proceso de desgaste de las organizaciones indígenas fue acompañado por medidas de gobierno que apuntaron a la división de la organización de las comunidades. Para ello se inició un proceso restringido de entrega de fracciones de la tierra reclamada con título único a familias criollas y a comunidades que aceptarían un título individual por comunidad.
Ello dio lugar a dos posturas al interior de la Asociación: comunidades que continuaban sin aceptar esta política del gobierno y otras que decidieron negociar por comunidad. La decisión de la Asociación fue no aceptar ninguna entrega de tierras fuera del acuerdo logrado de unificación territorial fue acompañada al mismo tiempo por la postura de no permitir ningún tipo de proyecto de intervención para las comunidades si antes no se aceptaba la entrega en aquellos términos. Esta postura significó para el gobierno una herramienta de fuerte impacto dadas las condiciones de precariedad en todos los órdenes (salud, educación, vivienda, trabajo, etc.) de las comunidades ya que le permitiría a las autoridades gubernamentales generar diferencias al interior de la asociación por la vía de acuerdos específicos más allá del reclamo territorial.
Luego de la toma del puente y ante el incumplimiento de lo firmado por el gobierno en el acta que permitió el levantamiento de la toma, la Asociación Lhaka Honhat decidió hacer una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de frenar la construcción de las obras del puente y las complementarias exigiendo la regularización territorial previa. Sin embargo, más allá de estas denuncias, la comunidad de Misión La Paz decide acordar directamente con las autoridades la continuidad de la construcción del puente internacional y el puesto fronterizo a cambio de la obtención de viviendas y en otras comunidades por la entrega parcial de tierras.
Dividida la resistencia indígena, el proyecto del puesto fronterizo adquiere un nuevo dinamismo y los imaginarios sobre el desarrollo de la región vuelven a los titulares de los medios de comunicación regionales.
Del lado paraguayo, la localidad de Pozo Hondo fue planificada como una futura ciudad comercial. En una infografía plano publicada por el periódico ABC Color, se define para la urbanización un centro comercial, un centro administrativo, una zona industrial, zona habitacional, y accesos para tránsito pesado y tránsito liviano. El 25 de julio de 1999 el mismo diario titulaba “Pozo Hondo se convertirá en la ciudad más comercial del país”.
En una entrevista que realizamos en 1995 a un funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ente a cargo del control fronterizo en Pozo Hondo) nos decía:
Tengo mucha experiencia en esto, yo estuve en Ciudad del Este cuando era casi un descampado y mire lo que es hoy. Pozo Hondo será tanto o más que Ciudad del Este, en pocos años sé vera el crecimiento. Esto es el centro del corredor bioceánico que unirá el Mercosur.
Es que terminado de construir el puente y con el inicio de las obras del puesto de control fronterizo en Misión La Paz (Argentina), se buscó darle impulso a la urbanización de Pozo Hondo. Se abrieron las picadas, futuras calles en damero, se instaló una delegación municipal, registro civil, una comisaría, un expendio de combustible, un “mercado” para puesteros y se comenzó el loteo de la localidad.
A partir de la crisis de 2001 en Argentina este proyecto perdió dinamismo, nada nuevo se construye, los comerciantes en su mayoría se fueron, no hay interesados en los lotes, no circula el servicio de transporte a Asunción que había iniciado su recorrido en 1999, y tomó fuerza la alternativa del corredor a Chile por Bolivia por lo cual los camiones pasan de largo a varios kilómetros de Pozo Hondo. Esta declinación del proyecto se inicia sobretodo después de la crisis argentina de diciembre de 2001, y la devaluación del peso argentino estableció una relación desfavorable para la venta de productos paraguayos, lo que frenó toda actividad comercial.
En tanto en la cabecera del lado argentino y a partir del proceso mencionado anteriormente, lo concreto ha sido el desarrollo del puesto fronterizo de significativa magnitud en el marco de un desgaste de la organización de los pueblos originarios de la región. Efectivamente, después de diez años el puente internacional sigue siendo un puente sin rutas, las mejoras en infraestructura, al menos para la población local, no llegaron, los desarrollos urbanísticos de un lado y el otro de la frontera quedaron truncos, la regulación dominial no se hizo efectiva y el área en términos generales presenta las mismas carencias que en los años de construcción del puente.
A modo de conclusiones provisorias
El corredor bioceánico, en el discurso político prevaleciente, posibilitaría la libre circulación de bienes, se argumentaba que parte del comercio del Mercosur pasaría por el puente. Sin embargo y, mas allá de discursos altisonantes sobre el desarrollo de la región, lo que era posible evaluar incluso desde el sentido común, era su posible impacto como una vía de paso y que nada indicaba la emergencia de algún impacto positivo sobre las enormes carencias infraestructurales del área. En teoría el puente uniría mercados, capitales, puertos, pero nada se mencionaba sobre la situación de la población local. Al contrario, la instalación de puestos de gendarmería y otras instituciones ligadas al control aduanero, ha tendido a generar, entre otros aspectos, una agudización de los controles fronterizos sobre la población cuya reproducción de la vida depende en gran parte de los vínculos transfronterizos con comunidades semejantes en el lado paraguayo y boliviano.
El reclamo territorial de los pueblos originarios, al menos en este caso, se enfrenta al modelo de expansión de la frontera agraria. Al inicio de este texto se comentaba el proceso de expansión agraria (sojera y porotera) en el Departamento de San Martín en Salta. En los últimos años dicha expansión se ha dado sobre los dos ejes que representan las dos alternativas para unir Tartagal con Misión la Paz: las rutas nacional 86 por Tonono y la provincial 54 por Campo Duran, en un proceso que penetra entre 40 y 50 kilómetros desde la ruta 34 para el este (una zona considerada hasta no hace mucho tiempo agronómicamente inviable para cultivos de escala) con capitales nacionales pero también en gran medida chilenos y australianos. Además, se hacen intentos de diversificación de cultivos siendo los más importantes el algodón en los años 2000 a 2003 y actualmente maní.
Por otro lado, se dio una gran expansión del cultivo de soja en el Chaco boliviano con participación mayoritaria de capitales argentinos. Esto es interesante por que aporta a entender el fortalecimiento de la alternativa de corredor bioceánico por Paraguay y Bolivia.
En definitiva, la triple frontera Argentina-Bolivia-Paraguay adquiere un dinamismo económico particular en la actualidad tal vez no previsto durante la emergencia del Programa de Regularización de Tierras en la década de los 80. De allí que lo antes se consideraba una política de “reparación histórica” hacia las comunidades de los pueblos originarios, paulatinamente fue visto como un obstáculo al desarrollo agropecuario capitalista. Las obras, concebidas como proceso de integración del Mercosur a partir del denominado Plan Maestro, terminan configurando una situación de exclusión de dichas comunidades para un desarrollo que las contenga en función de sus demandas económicas, políticas y culturales. Mientras se erigen discursos de integración, lo concreto es la regulación fronteriza que lejos de favorecer la integración transfronteriza de los pueblos se configura como un modelo de control social frente a sus reclamos.
Referencias bibliográficas
Adamoli J. y otros (1989), “Apropiación