En torno a la evaluación de estas experiencias, es que surge cierto requerimiento en el ámbito académico, principalmente en los países centrales, de revisar la noción misma de desarrollo como coordenada conceptual indiscutible. Es precisamente a partir de la década de los años 70 que se produce un salto cualitativo en el proceso de institucionalización creciente de la práctica antropológica en agencias de desarrollo, al calor de las crisis mismas de la noción de desarrollo. Habían pasado ya más de veinte años de experiencias desarrollistas de posguerra en los que la preeminencia de un discurso hegemónico de la modernización parecía requerir únicamente de aquellos instrumentos y profesionales técnicos que no cuestionaran aquella noción sino que la instrumentalizaran “correctamente” (agrónomos, ingenieros, economistas, etc.).
Dentro del campo disciplinario de la antropología social y a la luz de distintas experiencias de intervención antropológica en proyectos y programas de desarrollo dos son las corrientes de pensamiento que se involucran y se apropian actualmente del intercambio reflexivo entre desarrollo y antropología, especialmente en Norteamérica. Por un lado, la denominada Antropología para el desarrollo, cuyos profesionales se encuentran implicados como asesores, diseñadores, evaluadores y/o ejecutores de proyectos de desarrollo en agencias, principalmente internacionales; y por el otro, lo que podríamos denominar “antropología del desarrollo” que se orienta a reflexionar, desde una mirada crítica, externa y por lo tanto relativamente distanciada respecto a los enunciados y resultados de los programas de desarrollo (Viola, 2000: 27).
Es que, como se dijo, desde los años 70 viene siendo cuestionada la misma noción de desarrollo desde múltiples enfoques disciplinarios. Sin embargo, estos cuestionamientos, han alcanzado cierto grado de consenso y legitimidad recién hacia la década del 90. Ello ha intentado ser expresado en múltiples adjetivaciones del sustantivo desarrollo por parte de los organismos de planeamiento internacionales, los gobiernos y las agencias no gubernamentales (por ejemplo, sustentable, étnico, apropiado, etc. Estas formas adjetivas más recientes de nominar al desarrollo han pretendido reflexionar sobre la experiencia histórica mencionada en torno a la relación inversa entre crecimiento económico y el combate de la pobreza intentando proponer modos alternativos de desarrollo. Sin embargo, según nuestro entender, no en tanto discurso académico han logrado sobreponerse a la dinámica concentradora que caracteriza al capitalismo agrario. No nos detendremos, en este texto, en el análisis genealógico de semejante aggiornamento de la formación discursiva en torno al desarrollo.[4] Por el momento, intentaremos restringirnos en el análisis del significado concreto de la noción de desarrollo sostenible en los proyectos en cuestión.
Economía política del desarrollo sostenible en la cuenca del río Pilcomayo
En Argentina, las políticas de desarrollo y los procesos de expansión de las fronteras agropecuarias, han seguido históricamente un eje vertical cuya orientación dominante configuró la denominada cuenca platina. El puerto de Buenos Aires y los puertos enclavados en el litoral del río Paraná se proyectaron como uno de los principales sistemas articuladores del modelo económico agroexportador complementados con el desarrollo de una poderosa infraestructura vial, ferroviaria, energética y urbana. Como lo expresamos en el proyecto anterior relacionado con el seguimiento del Programa de Acción Estratégico (PEA) en la cuenca del río Bermejo (PICT 6547 1999-2003) tal sistema económico y social ha tendido a invisibilizar e incluso a subsumir otras estructuraciones posibles o probables del espacio. De esta manera la desarticulación del eje oeste-este que implica a sistemas tales como el NOA y el NEA, con subsistemas bióticos, climáticos y estructuraciones económicas, poblacionales y culturales de gran diversidad y heterogeneidad ha sido en parte una consecuencia de tales políticas de desarrollo. En tal sentido, la cuenca del río Pilcomayo (al igual que la del Bermejo), que por sus características configuran ámbitos “naturalmente” articuladores del señalado eje NOA-NEA conectando distintos subsistemas socioculturales y ambientales, es actualmente objeto de un excepcional despliegue de proyectos y programas de desarrollo vehiculizados tanto por iniciativa de los gobiernos nacionales y provinciales y distintas agencias. En su momento, distintos estudios han dado cuenta del proceso de expansión de la frontera agraria en la región, principalmente en el Departamento de San Martín, Salta, dado que aquí es donde dicho proceso alcanzó una intensidad manifiesta desde la década de los años 70 (Morello, 1983; Reboratti, 1989, 1996; Trinchero y Leguizamón, 1995; Trinchero, 1998a.). Sin embargo, el desarrollo capitalista en la región adquiere en la actualidad una complejidad mayor al intervenir no únicamente capitales agrarios sino también y principalmente capitales vinculados a la energía y la explotación minera.
La complejidad social de estos ámbitos y su significación socioeconómica no ha sido suficientemente considerada en los recientes debates nacionales en torno a las políticas agropecuarias a implementar pues se presume como de interés central el desarrollo de la frontera agraria sin profundizar en las complejidades del desarrollo capitalista en regiones que otrora eran consideradas “marginales”.[5]
Independientemente de lo anterior, el auge de inversiones capitalistas en la cuenca del Pilcomayo ha conllevado a la emergencia de políticas públicas tendientes por un lado al desarrollo de una infraestructura vial susceptible de acompañar el mencionado proceso de inversión y por el otro a pretender regular el recurso hídrico que implica dicha cuenca en virtud de sus características particulares (irregularidad de su cauce, en su región baja, arrastre de sedimentos en toda su extensión, etc.).
Por las características específicas de su dinámica ambiental, la cuenca del río Pilcomayo es objeto en la actualidad de una serie de intervenciones por parte de los Estados involucrados (cfr. Plan Maestro) y proyectos de desarrollo tendientes a limitar los “efectos negativos” que sobre el recurso hídrico y la población presentaría dicha dinámica.
Lo expresado anteriormente no implica que el interés por el desarrollo de políticas hacia la cuenca sea un proceso novedoso. Por el contrario, la mayoría de dichas políticas se reconocen en “antiguas” problemáticas de la región. Así, por ejemplo, los planes para canalizar tramos del río se remontan a la década de 1930, cuando se produjeron las tensiones entre Argentina y Paraguay en torno a la problemática sobre cuál de los brazos del estero Patiño era el “verdadero Pilcomayo”. Estos primeros planes respondían a la pretensión de establecer de manera consensuada el cauce que en los hechos operaba como frontera internacional. Sin embargo, en un proceso que gradualmente provocó la desecación del estero Patiño y la formación de nuevos bañados, entre la década de 1940 y mediados de la década de 1970 el río retrocedió unos 170 kilómetros, a un promedio de 5 kilómetros por año, por lo que el fenómeno geográfico dejó de ser un hito claro en la disputa fronteriza generando nuevas situaciones conflictivas.
Por el impacto de las inundaciones producidas, desaparecieron bajo las aguas asentamientos territoriales (comunidades) como Misión El Toba (1975), Misión El Carmen, Puerto Yrigoyen, Misión El Yuto y Misión San Andrés, además de otras comunidades más pequeñas, lo que dio lugar a masivas y permanentes relocalizaciones de la población de la zona, sin que ello fuera resultante de planificación alguna. El primer intento de canalización fue en 1970, aunque fracasó. En 1991 los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia aprobaron un proyecto de obras hidráulicas a realizarse a la altura de las localidades de Santa Teresa y María Cristina (Argentina) y estancia La Dorada y Mayor Alberto Gardel (Paraguay), zona hasta donde llegaba el cauce del río. Este proyecto, conocido como “Proyecto Pantalón” (o de “colmatación controlada”) se basaba en la construcción de dos tomas con sus respectivos canales, con el objeto de derivar las aguas “equitativamente” hacia Argentina y Paraguay[6]. Si bien nunca se desarrolló en su totalidad, este proyecto dio lugar a la construcción de los canales derivadores que hoy tiene consecuencias en la zona con relación a la estabilidad de los asentamientos poblacionales, a la disponibilidad de agua y a las políticas de frontera (Gordillo y Leguizamón, 2002).
El carácter precario de las obras por el permanente proceso de sedimentación que también colmata los canales