Por nuestra parte pudimos observar en aquellos años que la obra, denominada Misión la Paz en el plano de urbanización, no tomaba debida cuenta del asentamiento preexistente que le da nombre como tampoco de los grupos wichí, chorote, chulupí y aun de algunos criollos que viven en la misión y sus alrededores.
Dos cuestiones requieren ser mencionadas respecto al proyecto. En primer lugar, casi toda la primera etapa y la cabecera del puente se pretendieron construir sobre una gran parte de los campos de cultivo comunitarios, lo que significa un impacto negativo sobre la capacidad alimentaria de la población de la comunidad de Misión La Paz. Esta decisión fue tomada unilateralmente por la provincia sin prever alternativa alguna y menos aún un estudio sobre el impacto alimentario del proyecto.
En segundo lugar, la extensión del damero del proyecto urbano de la segunda etapa estaba pensada sobre lo que actualmente es el espacio de ocupación de las viviendas de la misión. A esto hay que sumarle el hecho de que la falta de acuerdos del gobierno provincial con los miembros de la comunidad alimentaba distintas versiones sobre el destino de la misión incluyendo la posibilidad de una relocalización compulsiva. Esto generó una gran incertidumbre y fundamentaba las sospechas que la comunidad tenía con respecto a las intenciones del gobierno, en palabras de David González (†) cacique por aquellos años de la misión:
Estoy preocupado, tengo miedo, que nos echen a otro lado... que significa eso, aquí esta el campo de nosotros y después quieren que nosotros lo abandonemos y después nos cambien más adentro. Allá no sirve, el agua es salada, allá no sirve para sembrar, allá no hay pescado, entonces ¿qué vamos a comer? Esto significa la muerte, buscan la forma para que morimos ¿te das cuenta?[10]
El conflicto
Hemos mencionado que uno de los proyectos de regularización territorial para pueblos originarios de la Argentina es el referido al denominado “lote fiscal 55” de la provincia de Salta. Desde 1987, año de promulgación de una ley de “regularización” sobre dichas tierras hasta la actualidad se produjeron distintas situaciones de conflicto que aún están vigentes.[11] Al calor del conflicto por la tierra se formó en 1992 la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en el Municipio de Santa Victoria Este con representación de los pueblos wichís, chorotes, nivaklés, tobas y tapietes, y el objetivo de obtener el título de propiedad de la tierra para las comunidades (Trinchero, 1989; De la Cruz, 1989; Carrasco y Briones, 1996).
En 1993, por decreto, el gobierno provincial crea la Comisión Asesora Honoraria para la Regularización Jurídica de los Asentamientos Poblacionales en el Lote Fiscal 55, para definir la modalidad de entrega de tierras.
Durante más de dos años con la comisión integrada por representantes del gobierno provincial, de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), varios asesores técnicos, delegados del Lhaka Honhat, representantes criollos, se desarrolló una propuesta consensuada para la distribución de las tierras y cuyo trámite demoró varios años.
Luego de que asumiera el nuevo gobernador justicialista en los primeros meses de 1996, se intentaron todo tipo de gestiones a través de representantes de las comunidades, tendientes a poner en marcha el proyecto de entrega de tierras que se había elaborado en el marco de la comisión. Pero todos los intentos fracasaron sistemáticamente e incluso el gobierno decidió que había que hacer nuevos estudios y que la propuesta de la comisión le parecía inviable.
Esta actitud de gobierno, junto a las obras del Puente produjo gran malestar en las comunidades y definió la urgente necesidad de un plan de lucha. Desde la organización de los pueblos originarios se decidió como primera medida la toma pacífica del puente internacional Misión la Paz-Pozo Hondo con la presencia y el apoyo de todas las comunidades de los lotes fiscales 55 y 14 como también de representantes aborígenes de Formosa, Chaco, Santa Fe y grupos del Chaco Paraguayo y Chaco Boliviano, además con la solidaridad de numerosas organizaciones nacionales e internacionales.
En la mañana del 25 de agosto más de mil personas tomaron el puente internacional y con ello iniciaron la protesta más importante que jamás hayan manifestado las comunidades del área. También aquella mañana se ponían en marcha lo que luego serían veintitrés días de intensa presión, de permanente negociación, y de una costosa resistencia, dadas la gran concentración indígena, las dificultades para conseguir alimentos, la falta de atención médica,[12] que minaban la resistencia de ancianos, hombres, mujeres y niños, dejando el terrible saldo de cuatro menores muertos.
Lo que las comunidades exigían es que el gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional cuando reconoce los derechos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 75, inciso 17) y con la ley de 1987 Nº 6469 de “regularización dominial” y los sucesivos decretos de reglamentación. Que cumpla con esta normativa respetando los acuerdos alcanzados a partir de la comisión que creara el decreto provincial Nº18/93.
Pedían en el lugar la presencia del gobernador y la firma de un decreto que pueda garantizar la entrega de tierras de acuerdo a ocho principios que se aprobaron en las asambleas realizadas en esos días en Misión la Paz con una masiva participación.[13]
Con el correr de los días crecía la certeza de que el gobierno buscaría todas las formas de debilitar el acto de protesta para tener una posición más ventajosa a la hora de negociar. La gendarmería presionaba permanentemente y amenazaba con conseguir una orden judicial para desalojar el puente. La gendarmería paraguaya al tercer día de ocupación efectúo más de cien disparos con armas de fuego en clara actitud intimidatorio. La empresa constructora presionaba y pedía que intervenga alguna autoridad que les garanticen poder seguir trabajando. Desde medios de prensa escritos y radiofónicos regionales y provinciales se presionaba para la desmovilización de los aborígenes.
Funcionarios como el presidente del concejo deliberante de Tartagal exponían teorías conspirativas que pretendían involucrar intereses europeos para dificultar la integración regional y el Mercosur. Planteaban intentos separatistas tendientes a crear una nación indígena en el área involucrando a territorios en Bolivia y Paraguay.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia se pedía que los aborígenes se organicen en “consejos comunitarios” para poder fijar criterios de negociación con el gobierno desconociendo de este modo la existencia de aquellas formas organizativas que las propias comunidades se estaban dando.
Sin embargo, el objetivo era claro y la determinación de los aborígenes muy firme. Sumado a la solidaridad de numerosas organizaciones hizo posible para las comunidades mantener la protesta, a pesar de tantos inconvenientes, durante más de tres semanas.
A los veintitrés días de toma se presenta el ministro de gobierno (acompañado por un comandante, el secretario de seguridad) y se realiza una asamblea en donde se discutieron los distintos puntos de vista, habla el ministro y varios de los caciques más representativos. Pese a las reticencias del representante de gobierno y a propuesta de la asociación se firma un acta de compromiso en donde se reconoce a la Asociación de comunidades, el gobierno se compromete a promulgar un decreto en un lapso no mayor de treinta días en el que se establezcan etapas y plazos para resolver la tenencia y distribución de tierras de los lotes fiscales 55 y 14, y se consulte a las comunidades afectadas antes de realizar los proyectos de cabecera y acceso al puente internacional.
Los