Los hermanos Demetrio y Domingo Olavegoya poseían inversiones diversificadas y eran dueños de una casa comercial en Lima. Comercializaban los productos de sus propiedades, estableciendo así una red amplia de actividades entre Lima y la sierra central. Debido a esta multiplicidad de contactos, que los colocaba en posición propicia para vincularse con los negocios del Estado, es que logran obtener un alto reconocimiento de deuda interna en 1852: unos 68 500 pesos en vales, cifra que fue la más alta entre los propietarios de la sierra central. Otros propietarios de la zona que alcanzaron a ser beneficiados por esta medida fueron, entre otros, Francisco Alvariño, hacendado de Tarma y propietario del valle de Chanchamayo, quien recibió 55 800 pesos en vales en 1850, y Manuel Ortiz de Zevallos, propietario en Huancayo, al que se le otorgó 42 000 pesos en vales en 1851.
Sin embargo, muchos arrieros y propietarios de tierras y minas de la sierra central fueron completamente ignorados por la deuda interna, o recibieron exiguas compensaciones, a pesar de haber sufrido directamente las consecuencias de las campañas militares en la zona.
Los grandes terratenientes Pío Tristán, de Arequipa, y Ancelmo Centeno, del Cusco, también se beneficiaron de la deuda interna41. Los casos de Paula Otero, Olavegoya, Tristán y Centeno son ejemplos de hacendados que lograron hacer respetar sus derechos sobre la deuda interna, aunque sea tardíamente. Como en el caso de Carrillo de Albornoz y Novoa, despojados propietarios coloniales, sus contactos con comerciantes notables y figuras políticas de Lima parece que resultaron determinantes en la adecuada satisfacción de sus reclamos. Por el contrario, como veremos en el capítulo dedicado a los «consolidados», los expedientes tachados por la Junta Depuradora en 1855 dan amplias pruebas de que existieron abundantes y desconocidos hacendados, arrieros, propietarios provincianos y mineros que se vieron marginados durante largas décadas en sus reclamos, y acabaron perjudicados por la consolidación de 1850 que los excluyó definitivamente del reparto de los nuevos fondos de la deuda interna, o les proporcionó solo una mínima porción. Entre otros, podemos mencionar a varios hacendados en los valles de Santa (por ejemplo, Manuel Zuloaga), Cajatambo y costa central; mineros de Cerro de Pasco; propietarios provincianos y arrieros en Ayaviri, Tambillo y Huaitaná, marginados por negociantes en vales de consolidación de 185042. La mayoría de los créditos reconocidos por la consolidación de 1850 provenían de deudas por daños y perjuicios durante las guerras de la Independencia y caudillescas, como lo demuestra la descripción del concepto original de las cantidades reconocidas como deuda durante los Gobiernos de Castilla y Echenique. La suma total de los expedientes por daños ocasionados por dichas contiendas ascendía a 16 millones de pesos en deudas que se reactualizan exageradamente de la noche a la mañana después de décadas de olvido. A raíz de estos reconocimientos se enciende una sorda pugna por su acumulación y concentración que despojó a los reclamantes originales y privilegió a los pocos que supieron negociar y especular con ellos.
Los acreedores privilegiados
Aparte de los caudillos premiados con adjudicaciones y con otros fondos limitados destinados al arreglo de la deuda interna, los prestamistas, cuyo giro se concentraba principalmente en la esfera comercial de Lima, lograron hacerse garantizar por el Estado el pago de sus cuentas acreedoras.
El poderío social de este grupo se sustentaba en la concentración del capital comercial en Lima. Los comerciantes obtenían altos beneficios, los más rentables de las actividades en la Lima de la época, mediante la importación-exportación y los préstamos otorgados a crecidos intereses43. Después de un periodo de selección, a través de la competencia comercial durante los periodos de crisis, se reduce el número de comerciantes que domina en la coyuntura de la década de 1840, cuando se incrementa la producción de Cerro de Pasco y empieza a exportarse el guano. Entre los más importantes estuvieron Gibbs e hijos, Alsop y Cía., Huth Gruning y Cía., Templeman y Bergman, Pedro Gonzales Candamo, Graham Rowe y Zaracondegui y Cía.
Al inicio de la República el sector mercantil colonial se vio afectado por la política de secuestros. Sin embargo, este rubro dio signos de recuperación mucho antes que el de los hacendados coloniales. Los comerciantes Pedro Abadía, Francisco Javier de Izcue, José Gonzales conde del Villar de Fuente, Juan Bautista Andraca y Francisco Quirós figuraron entre los principales secuestrados en el periodo 1821-1823. Ellos nos darán la clave de cómo inicia su actividad este sector mercantil bajo condiciones nuevas después de la Independencia. Muchos de ellos fugaron al Real Felipe temerosos de la reacción popular ante el desguarnecimiento de la ciudad de Lima a la salida de las tropas españolas en 1824. Izcue y Abadía fueron denunciados por poseer bienes de los españoles emigrados Zaracondegui, Soregui y otros, lo que coincidía lógicamente con su función de habilitadores y accionistas de empresas mineras y préstamos comerciales (ver tabla 1). Izcue era un importante comerciante que cumplió en varias oportunidades el cargo de cónsul del Tribunal del Consulado entre 1822 y 1823, acompañando en la dirección del Tribunal al conde del Villar de Fuente, prior de dicho gremio. Después de su rehabilitación, Izcue, «habiendo visto frustradas algunas especulaciones mercantiles se dedicó con esmero a la exportación de frutos del país, y teniendo que abandonar los algodones y lanas por los obstáculos que presentaban el cultivo de aquellos, y la competencia en el acopio de éstas, dirigió su atención a los minerales de cobre de que abunda este país...»44. Se embarca en una empresa de extracción de cobre en Tuctu-Morococha juntamente con el alemán, residente muchos años en el Perú, Carlos Renardo Pflucker, formando la Compañía Peruana de Minas de Cobre en 1840; a pesar de estos esfuerzos, Izcue no pudo recuperar su anterior posición de encumbramiento bajo el régimen republicano.
Pedro Abadía fue, junto a José Arismendi, uno de los principales promotores de la Compañía de Máquinas de Vapor de Cerro de Pasco, que en 1815 importó cuatro máquinas que luego de su instalación no resultaron suficientes para desaguar las minas debido a las constantes inundaciones. Hacia 1852 tenemos evidencia de que Abadía se dedicó a comerciar en vales de consolidación, de los que recibió 25 000 pesos nominales en vales a su nombre, que luego serían tachados por la Junta Examinadora en 1855. ¿Será este un caso de exitoso cambio de rubro de un comerciante de origen colonial?
El caso de Francisco Quirós reviste especial interés en nuestro seguimiento de los comerciantes que se iniciaron en la etapa colonial y luego se convirtieron en privilegiados acreedores del Estado. A pesar de haber sido hacia 1820 una autoridad con una actitud favorable a la separación de España en Cerro de Pasco, lugar donde nació en 1798, Quirós fue sindicado como emigrado. En consecuencia se le levantó un expediente de secuestro en 1821 sobre su propiedad en la plazuela de San Lázaro, la Casa de Pastrana, y sobre un almacén en la calle Mercaderes45. En 1822 Quirós viaja a Londres debido a las dificultades que tuvo en Lima, y allí se asoció con capitalistas ingleses interesados en la minería peruana, aportando sus conocimientos del comercio en dicha zona. La fenecida Compañía de Máquinas de Vapor dejó muchas deudas que permitieron al grupo de capitalistas, representados por Quirós, adquirir intereses en la minería a bajo precio mediante el establecimiento de la Compañía Pasco Peruana, al tiempo que cierto exceso de capitales en la Bolsa de Londres permitió a las casas comerciales Brigs, Gibbs, Crawley, Naylor, Kendall, Templeman y Bergman invertir en el ramo, junto con capitalistas nativos como Juan de Aliaga, conde de San Juan de Lurigancho, y Pedro Gonzales Candamo. Los agentes directos de la Compañía Pasco Peruana eran Quirós, Guillermo Cochrane, Joseph Andrés Fletcher y D. T. Holland46. La empresa se reorganizó en 1829 con la participación de Gonzales Candamo, pero finalmente fracasó en 183347.
Quirós también se dedicaba a los negocios de importación de mercancías. En 1825 se le acusó de haber ingresado siete cajones de artículos españoles expresamente prohibidos por decretos de abril y mayo de 1825. Estos cajones habían llegado procedentes de Londres en el bergantín inglés Mackarell y, ante el peligro de decomiso, Quirós argumentaba haber pedido dichos artículos antes que los decretos se conociesen. En tercera instancia Quirós será absuelto de los cargos48. Sus actividades de importador y de intermediario de capitalistas ingleses le darán a Quirós la oportunidad de recuperar el terreno que perdió con el advenimiento de la Independencia, convirtiéndose luego en uno de los principales