A todas las demás personas que participaron en la ejecución de este proyecto, que supone numerosas diligencias académicas y administrativas, les manifiesto asimismo mi sentida gratitud. Quisiera mencionarlas a todas, pero a falta de espacio escrito lo haré personalmente. Confío, como lo he hecho con mis anteriores trabajos, en que esta investigación sirva de precedente para otras de este tipo a fin de dilucidar el significado social de una creciente producción literaria dedicada a la criminalidad.
LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ESPAÑA
Durante años, Occidente se ha identificado principalmente por el capitalismo, entendido este a un mismo tiempo como modelo económico y como sistema de organización social. Según Adam Smith (1723-1790), considerado por muchos su fundador intelectual, este modelo se desarrolló en Europa cuando la urbanización, la monetización, el autoempleo, el mercantilismo y la aparición de intermediarios en la distribución de bienes y servicios sustituyeron el sistema feudal. En términos generales, en el capitalismo el dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción determina el nivel de influencia, movilidad y autonomía de los individuos. Su estructura se fundamenta, por tanto, en una organización racional del trabajo y los medios de producción; y en la estructura social derivada de ello: las clases pudientes controlan el capital y se benefician de la plusvalía generada por los obreros; y estos, por su parte, trabajan por un salario que les permite adquirir bienes y servicios.
Este modelo económico se ha mantenido a lo largo del último siglo, por oposición al modelo comunista, que fracasó tras la caída de la Unión Soviética en 1991. La pugna suscitada hasta entonces entre estas dos formas de organización social y política, el capitalismo y el comunismo, favoreció la asociación del primero con la democracia liberal y del comunismo con la llamada “tiranía” soviética, de acuerdo con la propaganda estadounidense diseñada en su contra. De este modo, hasta finales del siglo pasado, periódicas crisis del capitalismo (la Gran Depresión de 1929; los acuerdos de Bretton Woods de 1944; las crisis del petróleo de 1973, 1979 y 1980; el denominado Lunes Negro de 1987 y la crisis de Asia de 1997, entre otros) sirvieron de pretexto para llevar a cabo intervenciones específicas para salvar el modelo, que favorecían, de acuerdo con organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el orden político global. En los primeros años del siglo XXI, sin embargo, las crisis económicas subsecuentes y las medidas tomadas por los órganos reguladores de la economía mundial han revelado una lógica puramente económica que favorece a los dueños del capital en desmedro de las clases trabajadoras.
Lo anterior, se evidenció a partir del año 2008 tras el colapso del sistema financiero mundial, cuando el mundo fue testigo de una de las periódicas crisis económicas del capitalismo: la denominada Gran Recesión causada por “el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos” (Croce, 2018, párr. 1). Todo comenzó en el año 2005, con el otorgamiento descontrolado de créditos hipotecarios de los bancos a personas sin condiciones de pago. Estos créditos fueron convertidos después en bonos de vivienda, comercializados por los mismos bancos entre inversionistas “con la complicidad de las agencias calificadoras, que hicieron la vista gorda y se lucraron con la jugada” (Ibídem, párr. 3). Aunque al principio los bancos involucrados registraron récords en ganancias, no pasó mucho tiempo para que empezaran a acumular pérdidas. El 16 de marzo de 2008 se produjo la quiebra del Banco de Inversiones Bear Stearns y el 6 de septiembre del mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el rescate de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, que se enfrentaban entonces a una mora de 1,4 trillones de dólares, equivalente al 40% de todas las hipotecas en Estados Unidos (Amadeo, 2019). Por su parte, el banco Lehman Brothers, cuya deuda ascendió a 691 mil millones de dólares, la más alta en la historia de Estados Unidos, fue puesto en venta. Dicha transacción, sin embargo, no alcanzó a materializarse, pues el 15 de septiembre de 2008 el Banco —uno de los “mayores bancos de inversión del planeta” (Ibídem, párr. 2)— tuvo que declararse en quiebra, arrastrando consigo la economía mundial. Su derrumbamiento fue tan devastador que ha sido considerado “la mayor quiebra en la historia estadounidense” (Croce, 2018, párr. 4), al menos hasta la crisis de 2020 desatada por la pandemia del covid-19, cuyos efectos sin duda resultarán demoledores. Esta última crisis sanitaria, sin embargo, no es considerada en este análisis, en primera instancia, porque aún está en curso y su implicación en la literatura solo será tangible en el futuro y; en segundo lugar, porque desde la perspectiva de este análisis solo confirma la falibilidad del capitalismo. De hecho, el FMI ha anunciado que “en 2020 se producirá la peor crisis financiera global de la historia” (RTVE, 2020).
La crisis financiera de 2008 no solo quebró a miles de compañías y dejó a millones de empleados en las calles, sino que generó una ola global de suicidios, con una cifra que se estima aproximadamente en 6.566 muertes, según una investigación que incluye treinta y seis países (Lambe y Wisniewski, 2018, párr. 5). Con todo, la peor consecuencia del problema financiero fue la crisis de legitimidad que afectó a los gobiernos y partidos políticos de todos los colores, pues “en lugar de apoyar a las personas comunes, se ayudó a los banqueros” (Croce, 2018, párr. 14). En Estados Unidos, de acuerdo con Timothy Geitner, exsecretario del Tesoro del gobierno de Barack Obama, se inyectaron unos 7 billones de dólares a los bancos, a pesar de que el rescate original aprobado por el Congreso estadounidense en 2008 fue de 800 millones de dólares. Este dinero sirvió
[…] para sostener otros treinta billones de productos especulativos (más de dos veces el producto bruto anual de los Estados Unidos). Desde entonces, el FED [Federal Reserve System] ha creado más de 3 billones de dólares de liquidez a través de su programa de flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing Program, QE), permitiendo que la tasa oficial de interés (préstamos de un banco a otro) fuera cero durante casi seis años. (Damon, 2014, párr. 11)
En Europa, el colapso del sistema financiero internacional generó dos recesiones (2008-2010 y 2011-2013) que provocaron efectos sociales y, con el tiempo, demostraron la inestabilidad anómica del sistema, esto es, los efectos de la ausencia de normas justas de convivencia democrática o de la falta de aplicación de otras que retóricamente buscaban el bien común. La crisis puso en evidencia que este régimen protegía los intereses de los sectores dominantes, banqueros en particular. La corrupción del orden financiero internacional se sumó al premeditado fraude fiscal en la eurozona: en 2011, el Banco Central Europeo (BCE) tuvo que prestarles dinero a los bancos nacionales a bajos intereses (1%), dinero que ellos invirtieron en comprar una deuda pública a intereses del 5%. El propósito era salvar a la banca a fin de que su estabilidad permeara a la sociedad entera y esto garantizara el orden social. No obstante, estos estímulos no solucionaron la crisis de liquidez, pues cinco años después de finalizar la última recesión, en 2017, el BCE volvió a inyectarle dinero a los bancos, esta vez a una tasa de interés del 0% “para dotar a las entidades financieras de todo el dinero que quisieran para prestar” (Lalo, 2017, párr. 1).
En este último caso la realidad desbordó el plan inicial. Las poblaciones de la eurozona fueron fuertemente castigadas con las medidas de austeridad impuestas por la llamada Troika, que como su nombre lo indica está conformada por tres instituciones europeas: 1) el BCE, 2) el Consejo Europeo y 3) la Comisión Europea. Esto último con el respaldo y asesoramiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encargó de mantener a raya las economías nacionales. En Chipre, para poner solo un caso, la Troika, el Eurogrupo y el FMI impusieron un verdadero “corralito” financiero, pues ordenaron “bloquear un porcentaje de los depósitos de los ahorradores para pagar parte del rescate financiero del país” (La Vanguardia, 2013, párr. 1), además de imponer un impuesto extraordinario del 9,9% sobre los depósitos mayores a cien mil euros y otro de 6,75% para los depósitos