El día de la presentación del mensaje relativo a la entrega del primer informe de gobierno cinco mil policías federales custodiaron la sede (Méndez, 2013b), cuya relocalización en la residencia de Los Pinos había sido anunciada el 29 de agosto por la Presidencia de la República.6 Si bien este evento, otrora performance central del presidencialismo mexicano —llamado coloquialmente el “día del presidente”—, había perdido fuerza sobre el final del gobierno de Fox y durante el de Felipe Calderón (Alcocer, 2013a), pretendía ser un ejercicio de recuperación de la ritualidad priista. No obstante, la movilización del magisterio había puesto en cuestión incluso la posibilidad de realizar dicha ceremonia, a tal punto que tuvo que realizarse en la propia residencia presidencial para garantizar el control de su desarrollo.
Ante la promulgación de las leyes secundarias, la CNTE decidió permanecer indefinidamente en el Zócalo e impedir la celebración del Grito. La Segob y el GDF realizaron negociaciones para reubicar a los manifestantes para permitir la celebración del acto cívico, mismas que fracasaron. La noche del 12 de septiembre las autoridades federales advirtieron a la CNTE que al día siguiente desalojarían el Zócalo. Los dirigentes magisteriales respondieron con una asamblea en la que si bien decidieron resistir no pudieron evitar el éxodo masivo de los manifestantes. Al mediodía del 13 de septiembre las autoridades lanzaron un primer ultimátum y ordenaron cerrar las oficinas y los comercios en una amplia zona aledaña al Zócalo y se suspendieron los servicios de las estaciones cercanas del metro (Poy, Jiménez, Martínez et al., 2013). A las dos de la tarde las autoridades lanzaron un segundo ultimátum, a lo que los dirigentes magisteriales respondieron con una solicitud para negociar. Luego de las negociaciones, las autoridades concedieron a los manifestantes dos horas para desalojar el Zócalo (Poy, Jiménez, Martínez et al., 2013). Una parte de los que aún permanecían decidió abandonar la plaza, mientras que otros montaron barricadas, encendieron fogatas y se armaron con piedras, palos y tubos.
Quince minutos después del plazo otorgado, tres mil seiscientos policías federales avanzaron sobre el Zócalo armados con toletes, escudos, chalecos antibalas, cascos, rodilleras y espinilleras, desde los dos ángulos del norte de la plaza. El avance de los policías fue apoyado por carros hidrantes y helicópteros (Martínez, Poy y Jiménez, 2013). A su paso destruyeron el campamento y los maestros fueron conducidos hacia la avenida 20 de Noviembre. Alrededor de las cinco de la tarde ingresaron al Zócalo veinte camiones del GDF para hacer la limpieza y empezar con los preparativos de la ceremonia del Grito (Martínez, Poy y Jiménez, 2013). El grueso de los maestros que emigró del Zócalo se concentró en el Monumento a la Revolución, sitio en el que acordaron con las autoridades continuar con su protesta. Una hora antes del inicio del desalojo, en la sede del Colegio Militar el presidente afirmó que “México [era] un país de paz, de armonía social, y para fortuna de los mexicanos cuenta con instituciones democráticas que están dedicadas a velar por el Estado de Derecho, y tienen la obligación de hacerlo por los derechos de los ciudadanos” (Castillo, 2013).
Cuando los diablos vienen marchando
Como puede observarse, los performances de la CNTE estuvieron orientados a evidenciar su capacidad de organización y su fuerza para tomar el espacio público de la capital del país. Sus movilizaciones buscaron socavar el tránsito de vialidades principales, bloquear el Congreso, así como posicionar sus reclamos en sitios clave que les daban una visibilidad internacional, como su presencia en embajadas y en el aeropuerto de la Ciudad de México. Otro punto central de la protesta fue el que se ubicó delante de las televisoras. Con esto dejaban en claro su rechazo a la reforma educativa frente a los otros actores políticos —en particular los partidos y el presidente de la república— y ante la opinión pública. Generaron así una serie de respuestas, a veces de rechazo y otras de comprensión de su lucha, algo normal en este tipo de disputas. No obstante, las protestas magisteriales adquirieron otro tono cuando fueron colocadas en un registro tal que cuestionaron, para algunos, performances políticos centrales para la reproducción simbólica del poder político, mismos que en ese momento buscaba restaurar el PRI y su gobierno: el informe presidencial, el Grito y el desfile militar. Cuestionamientos que además se hacían desde el centro del poder político del país: el Zócalo. Así, la CNTE puso en juego acciones que la opinión pública evaluó de forma diversa, pero que en el fondo se interpretaban como un desafío a los performances del poder, no solo del gobierno, sino del Estado mismo.
Salvo para los especialistas —cuyas manifestaciones aparecían solo marginalmente en los medios de comunicación—, el debate conceptual sobre la reforma educativa contraponía principios incontrovertibles (González, 2014; CNTE, 2013). Pero más allá de lo irresoluble del debate, este pronto fue puesto en un segundo plano, dando lugar a otro: el relativo al derecho de la CNTE para manifestarse en las calles de la ciudad, fundamentalmente, de ocupar el Zócalo. Aun cuando la pretensión de la CNTE de impedir la celebración de las ceremonias oficiales nunca fue explícita, los observadores la dieron por hecho y así la confrontación con el gobierno federal fue leída a partir de dos conjuntos de discursos binarios. El primero de ellos centró el conflicto en términos de relaciones de fuerza: la CNTE era fuerte por la propia debilidad del Estado para hacerles frente mediante la ley. En este sentido la confrontación era una disputa entre aquellos que no respetaban la ley y quienes no la querían aplicar. El segundo conjunto estableció la premisa de una relación asimétrica de oficio político: la CNTE era clara en su posición y objetivos —lo cual hacía comprensible su actuación— y ello le permitía movilizarse de forma efectiva, mientras que el gobierno había sido torpe y carente de imaginación para evitar la movilización. Por tanto, el conflicto era el resultado de la pericia política de la CNTE frente a la impericia política del gobierno. Ambos conjuntos de discursos binarios no estaban dirigidos a cuestionar la capacidad del Estado para procesar el tratamiento de la reforma educativa, de hecho, tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias fueron aprobadas por amplias mayorías y en tiempos relativamente cortos, sino que se orientaban a la capacidad del Estado para evitar la movilización de la CNTE.
Fortaleza sindical versus debilidad institucional
La capacidad de movilización de la CNTE fue vista por sus críticos como proporcional a la incapacidad del Estado, esto es, como su contracara. Se decía que “los ‘maestros’ exhibieron la debilidad del Estado mexicano” (Alemán, 2013a), que “fuimos testigos de lo que sólo puede ser calificado como ausencia de gobierno” (Ojeda, 2013, p. 4), o que “lo que nunca habíamos visto [era] la rendición anticipada. [...] la confesión de que simplemente la policía de la Ciudad de México no puede hacer el trabajo que se requiere en una de las urbes más grandes, dinámicas y diversas del mundo” (Puig, 2013a, p. 2). Dado que “lo único que [habían] logrado quienes [habían] cedido a los bloqueos y agresiones de la CNTE [era] debilitar al Estado y a las instituciones que son el eje de nuestro sistema democrático” (Turrent, 2013), había “síntomas de ingobernabilidad” (Reyna, 2013, p. 16). Y se esperaba que “la espiral de ingobernabilidad que [habían] desatado las protestas de los militantes de la CNTE” (Alemán, 2013b) fuera incremental.
Frente a esta situación, considerada intolerable, los críticos de la CNTE se preguntaban qué debía hacerse y las respuestas eran diversas, pero en un solo sentido. Se decía que la autoridad debía “cortarles el financiamiento, contener sus afectaciones a terceros y proceder contra sus líderes abyectos” (Loret, 2013a); comenzar por “exhibir los expedientes de los liderazgos de dicho movimiento magisterial minoritario, su situación fiscal, su historia de tropelías y la de sus secuaces” (Reyes, 2013); modificar los incentivos, porque “si por no trabajar les pagan igual que por trabajar, y si los bloqueos y actos de violencia son premiados