Finalmente la CNTE como institución fue definida por su opacidad, por no funcionar con reglas impersonales y, por tanto, regirse con mecanismos en los que imperaba la discrecionalidad del poder. En particular se señaló el origen de su financiamiento. Así, se cuestionaba el costo de la movilización y ocupación del Zócalo, al que se calificaba como “plantón VIP” dado que “no eran plásticos atados con cuerdas que exhibieran las grietas de otras movilizaciones. No había cartones pegados que se improvisaran ante la decisión de sus líderes. Las tiendas de campaña [eran] de marca Coleman. [Y que los manifestantes habían llegado] en cómodos camiones que los [habían] transportado desde sus estados” (Loret, 2013b). De igual forma se cuestionaba el origen del dinero: “¿de dónde [salían] las carretadas de dinero para mantener en la ciudad de México a un ejército que promedia los 14,000 seguidores?” (Alemán, 2013a). La respuesta que se ensayaba era que los habían “obtenido gracias a que [controlaban] a los gobernadores del Pacífico, pero también a la capacidad organizativa, que [llevaba] décadas de perfeccionamiento” (Schettino, 2013), y a que tenían “el uso y costumbre de extraer rentas del presupuesto educativo” (Pardinas, 2013). Hemos señalado que a los líderes de la CNTE se les acusaba de medrar con las plazas y obtener inmerecidas prebendas, con ello se les imputaba el deseo de obtener beneficios personales a costa de sus representados y del Estado. Por momentos, sin embargo, parecía que el único objetivo atribuido a la CNTE era la movilización. Desde esta perspectiva, los recursos y privilegios obtenidos estarían destinados al financiamiento de las marchas y plantones, y el control de las plazas a garantizar el funcionamiento de la maquinaria y el activismo.
De esta manera se construyó un actor moral que cristalizaba valores contrarios a la democracia, impuro en términos de los fines políticos de un régimen democrático que, por lo tanto, debía ser excluido de la vida social. Se generó en la esfera civil mexicana una suerte de emplazamiento organizado, siguiendo a Alexander (2006), de patrones simbólicos en los que se buscó enmarcar a la CNTE como un agente político impuro con performances inauténticos y contrarios al marco democrático de la política mexicana. No obstante, este discurso no fue suficiente para justificar la salida de la CNTE del Zócalo, al final de cuentas la construcción de actores contaminados en la vida política resulta un proceso propio de las relaciones agonísticas de carácter político, donde las acusaciones sobre la impureza entre los distintos actores es casi permanente. Se tuvo que sacar a la luz de la opinión pública el carácter sagrado del Zócalo en la vida política nacional: un lugar donde la sociedad “oficial” se reproduce. Contrastar el carácter impuro e inauténtico de la CNTE con el carácter puro y auténtico del lugar y el momento que ocupaba fue clave para movilizar a cierta opinión pública a favor de expulsar a la Coordinadora del Zócalo.
El Grito
Conforme los días avanzaban y la ceremonia litúrgica del Grito iba a tener lugar se resignificó la operación hecha desde el discurso contra la CNTE. El conflicto se transformó de uno acerca de la política educativa entre el Estado y los maestros, en otro entre unos ciudadanos de dudosa reputación y la totalidad de los ciudadanos de bien. Al mismo tiempo, la ceremonia del Grito pasó de ser de una ceremonia oficial a una de todos los mexicanos. El Estado pasó de ser sujeto de una disputa a defensor de un oficio republicano que simbolizaba no solo el nacimiento de un país. Como apunta Balandier (1994), cada vez que el presidente da el Grito a las once de las noche, los dirigentes se transforman en los guardianes de la continuidad mística de la Independencia y de la Revolución, creando la ilusión de su permanencia.
Dada la relevancia de este performance, se expresaba la necesidad de su realización en forma de plegaria: “la esperanza [era] que a través de súplicas o amenazas, los dirigentes de la [CNTE] se [apiadaran] o se [atemorizaran] y [dejaran] libre” (Sarmiento, 2013e) el Zócalo y se dimensionaba como insoslayable dado que los símbolos
son importantes para la vida de cualquier país. [Y] si el gobierno de Peña Nieto [mostraba] desde su primer año de gobierno que no [tenía] la capacidad de utilizar la plaza mayor, y que un grupo político [podía] decretar la cancelación o la mudanza de dos de las ceremonias más significativas de la vida nacional, [sería] muy difícil pretender que se [tenía] autoridad para lo que [restaba] del sexenio (Sarmiento, 2013e).
Frente al Grito, las voces discordantes parecieron acallarse. Quienes, como los panistas, trataban a los maestros como vándalos, celebraron que estos “hayan decidido” (De la Redacción, 2013b) desalojar el Zócalo. Los perredistas, quienes desde el GDF se habían negado sistemáticamente a desalojar a los maestros, elogiaron que se “haya acordado el retiro pacífico” (De la Redacción, 2013b) y atribuyeron la necesidad del operativo a actos que “fueron protagonizados por manifestantes ajenos a los profesores, hechos respecto de los cuales los propios maestros se han deslindado” (De la Redacción, 2013b). Si bien algunos actores políticos se expresaron en contra del uso de la fuerza o definieron como absurdo al operativo y reclamaron la falta de concertación para el desalojo del Zócalo, ninguno objetó que el propósito fuera la realización de las ceremonias cívicas del día de la Independencia.
Menos de una hora después de haber ingresado la policía federal al Zócalo de la ciudad, los trabajadores de la Secretaría de Obras del GDF iniciaron las labores de limpieza (Martínez, Poy y Jiménez, 2013). Cuatro horas más tarde, el Ejército comenzaba a instalar el mobiliario para los festejos (Dos ejércitos…, 2013), fueron colocadas doce mil vallas metálicas en todo el perímetro de la plaza y fue encendida la iluminación de los símbolos patrios (Durán, 2013). A partir de ese momento cinco mil elementos de la policía federal coordinados por el Estado Mayor Presidencial vigilaron el Zócalo (Méndez, 2013b). El número de elementos llegaría a diez mil el día del Grito. En torno de la plaza se estableció un perímetro de seguridad que abarcó 20 manzanas del Centro Histórico. El cerco incluyó cuatro cinturones de seguridad, 35 arcos detectores de metales, nueve aparatos de rayos X y perros amaestrados (Méndez, 2013a; Del Valle, 2013). Además, y ante el temor de infiltraciones por parte de los llamados grupos radicales, se desplegaron decenas de “‘indicadores’, que son funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la Presidencia y autoridades locales que [habrían de vestirse] como deportistas, padres de familia y amas de casa, para avisar” (Jiménez, 2013).
La plancha del Zócalo fue dividida en dos. Una franja a lo largo del Palacio Nacional, a manera de primera fila frente al balcón desde el cual el titular del Poder Ejecutivo presidiría la ceremonia, estuvo destinada para los acarreados del Estado de México, quienes, vestidos de rojo (D’Artigues, 2013; Acarrean mexiquenses…, 2013) y/o portando el logotipo y pines priistas, habían arribado entre las quince y las dieciocho horas (Jiménez, 2013; Acarrean mexiquenses…, 2013) en camiones provenientes de los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tultitlán, Nezahualcóyotl y Zumpango, principalmente (Jiménez, 2013; Acarrean mexiquenses…, 2013). Sus expresiones de apoyo “¡Peña! ¡Peña!” buscaban contrarrestar algunas manifestaciones contrarias al presidente (D’Artigues,