El derecho al uso del suelo y los vándalos del movimiento magisterial
Quienes criticaron la posición de la CNTE interpretaron la ocupación del Zócalo como un ejercicio de privatización del espacio público. Se decía que “no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea ‘confiscada’ por unos cuantos, impidiendo a los demás que también la transitemos” (Carbonell, 2013). De ello se derivaba que todo acto público en el Zócalo que fuera convocado por cualquier grupo particular de la sociedad civil podía ser objetado por la misma razón. De este modo, solo los actos hechos a nombre del pueblo mexicano —de una manera más o menos creíble— y/o convocados por el Estado podrían ser calificados como legítimos y estarían por encima del derecho de todos a transitar. Con ironía se afirmaba que “quizá el jefe de Gobierno [debió] cambiar [...] el uso de suelo del Paseo de la Reforma y dejarlo como sede permanente de las manifestaciones y plantones de la CNTE o de cualquier otro grupo político” (Sarmiento, 2013b). De esta manera se puso en el centro del debate un conflicto entre derechos, enfocando la confrontación no ya entre el Estado y un grupo movilizado de la sociedad sino entre particulares, y exigiendo del Estado no la conciliación de derechos sino la declaración administrativa de la superioridad de unos derechos sobre otros y la utilización de la fuerza para imponerlos. Coloquialmente se hablaba del derecho de unos pocos frente al derecho de todos los particulares.
La inferioridad de los derechos de asociación y manifestación estaría dada per se, pero también por el uso que de ellos hacía la CNTE. Se afirmaba que resultaba “preocupante y lamentable que las instituciones [hubieran] cedido ante las presiones y chantajes de quienes [utilizaban] la violencia como herramienta política. En una democracia [era] inadmisible que los intereses sectoriales o particulares [estuvieran] por encima del bien general, y que la ley y el Estado de Derecho se [vieran] alterados por la presión violenta” (Castañón, 2013) y que no había democracia “donde la minoría [repudiaba] violentamente las formas establecidas de deliberación. La distancia entre ese estilo de protesta y un ‘golpe de Estado democrático’ [era] [...] demasiado corta” (Krauze, 2013, p. 4).
Desde el inicio del conflicto, pero sobre todo a partir del bloqueo de las cámaras legislativas y del aeropuerto, la mayor parte de la prensa cuestionó los “métodos” de la CNTE. “La forma en que [operaban] los profesores [merecía] la condena de todo aquel que [buscara] la resolución civilizada de los conflictos. [...] Los métodos de la ‘lucha’ empleados por los profesores disidentes [perjudicaban] en mayor medida a los ciudadanos que ninguna culpa tienen” (“Los límites…”, 2013), rezaba un editorial. Sus métodos fueron calificados de “desafío en toda su línea al Estado mexicano” (Curzio, 2013), de causar “daños y el desprestigio internacional a la nación” (Fuentes, 2013), de haber “rasgado el tejido social y desafiado a la legalidad” (Camacho, 2013a). Se aseguraba que “la violencia [era] el único método de utilización por parte de esos vándalos” (García, 2013), y que “los ‘maestros’ [conocían] y [practicaban] una sola dialéctica: el monólogo de la imposición y el chantaje” (Sánchez, 2013b; Turrent, 2013), que tenían como rehenes “la estabilidad política del país, la conectividad de nuestro principal aeropuerto y el derecho de libre tránsito en la capital” (Pardinas, 2013). Los actos que la CNTE realizaba eran calificados como “infracciones, contravenciones y delitos” (Revueltas, 2013, p. 2) y su aceptación por parte de la autoridad como “el fin de la democracia” (Sarmiento, 2013c). La crítica sobre el uso del Zócalo se interpretó, por tanto, a través de una narrativa en la que se trataron de enmarcar los motivos particulares y heterónomos, que fincaban relaciones opacas, discrecionales, racionalmente orientadas para beneficios personales por parte de una institución (la CNTE) con reglas de funcionamiento poco claras, personales, excluyentes, que se anclaban en el uso discrecional del poder, tanto a su interior como frente a otros actores.
En la esfera de los motivos, se cuestionaron los objetivos que perseguía la CNTE, a los que se consideró que no estaban orientados a mejorar el sistema educativo nacional. Los verdaderos objetivos que los críticos le atribuían se agruparon en aquellos que resaltaban sus intereses gremiales. Se afirmaba que “su único propósito [era] garantizar sus canonjías” (Curzio, 2013), y que “lo suyo, lo realmente suyo, no [era] honrar las plazas que [regenteaba], sino medrar con éstas, paralizar escuelas y aprovechar el pretexto que sea para succionar del erario inmerecidas prebendas” (Marín, 2013, p. 4). Para ello bastaba con dar cuenta de cómo “la CNTE ha derivado en rentable y eficiente la industria de la protesta y el chantaje” (Alemán, 2013d), y que para la CNTE era “inconcebible dejar pasar coyunturas emblemáticas [...] sin demostrar que [podían] llevar a la Ciudad de México al borde del Apocalipsis” (Guerrero, 2013). Por lo que su radicalidad respondía sobre todo a un interés por sabotear el desarrollo del país. Era un “intento de descarrilar la transformación del país” (Schettino, 2013), con el fin de “cristalizar un movimiento político similar al de López Obrador, pero aparentemente más radical” (Bartra, 2013), agudizando las contradicciones sociales. “El propósito [era] acumular fuerzas y promover un ascenso del conflicto a un plano superior. De lo laboral y educativo a lo político” (Fernández, 2013). En suma, lo que realmente buscaban era “en un primer momento, someter a los poderes constitucionales y, más allá, reemplazar, por las buenas o por las malas, al ‘sistema económico y político burgués’ y poner en su lugar un ‘gobierno popular’” (Zárate, 2013). Todo lo cual colocaba los motivos de la CNTE en las antípodas de los referentes universales democráticos de la esfera civil.
Por otro lado, la tipificación de las relaciones al interior de la CNTE fue sometida a un proceso similar de contaminación. Se señaló que tenía una estructura relacional de carácter mafiosa, que “más del 90% de los maestros que siguen a la CNTE [eran] rehenes de la cúpula mafiosa, que los [chantajeaba] con quitar plazas y prebendas si [dejaban] el activismo”. Y se movilizaban “porque el chantaje político [era] la más rentable de las actividades políticas, en un México en donde la palabra maldita [era] ‘represión’” (Alemán, 2013d). De hecho, se consideraba que sus integrantes no se movían por los ideales de izquierda típicos de los luchadores sociales, sino que eran “individuos y mujeres que algo [ocultaban] y que durante lustros [habían] sido manipulados por líderes perversos” (Fuentes, 2013). Incluso se llegó a decir que era una “una organización fascista que [buscaba] obtener privilegios del gobierno a través del secuestro de los inocentes. [...] Su táctica [era] la de los secuestradores que [golpeaban] a un indefenso para que el poderoso les dé dinero” (Sarmiento, 2013d). A tal grado fue considerada como un ente impuro que hay quienes llegaron a señalar que la CNTE pertenecía “al viejo mundo de la cultura nacionalista revolucionaria que lentamente se [estaba] desvaneciendo y [estaba] contaminada por la putrefacción de una cultura sindical que se [resistía] a desaparecer del panorama político” (Bartra, 2013). No había duda de que eran “una suerte de ‘Criminales y Negociantes del Terror Educativo’ (CNTE)” (Alemán, 2013e), y que “la PGR de Jesús Murillo [tenía] documentados secuestros cometidos por ‘maestros y dirigentes’ de la ‘Sección XXII de la CNTE’ contra familias pudientes de Oaxaca” (Alemán, 2013a).
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