Desde el punto de vista conceptual, los servicios públicos domiciliarios giran en torno a las nociones de Estado social de derecho, libertad de mercado e, incluso, a lo que se ha dado en llamar Estado ambiental de derecho, por lo que un concepto integral y actualizado de tales servicios debería reflejar la necesidad de que sean suministrados considerando los requerimientos de manejo, aprovechamiento y consumo responsable y sostenible.
En definitiva, los cambios de comportamiento frente al uso de los servicios públicos de acueducto y energía se estimulan eficazmente a través de medidas de tipo económico, particularmente mediante incentivos incorporados en el sistema tarifario que gestionan los respectivos prestadores. Las medidas normativas adoptadas para desincentivar el uso excesivo de recursos como la energía y el agua, es decir, para incentivar su uso responsable, han tenido en Colombia carácter temporal y no continuo, remarcadamente para responder a crisis puntuales hídricas y energéticas. Convendría profundizar y reflexionar más acerca de la pertinencia de establecer tales medidas legales de forma permanente, teniendo en cuenta que, de hecho, vivimos ya una crisis ambiental arraigada y preocupante, y que tales medidas constituirían una contribución de las prestadoras de los referidos servicios y, en últimas, de los consumidores, a la lucha contra dicha crisis ambiental.
Finalmente, desde el prisma de la libertad de empresa, cabe sostener que establecer jurídicamente condiciones para que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios apliquen incentivos, tales como reducciones o recargos, dependiendo de los límites de consumo propuestos y/o tarifas de discriminación horaria, a efectos de fomentar el consumo responsable de los respectivos servicios, constituiría una limitación legítima a la libertad de empresa por razones de índole ambiental y, por tanto, no cabría ser considerada como vulneración de la libertad de empresa de tales entes prestadores de servicios públicos.
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