Los grandes ecosistemas como Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, Netflix, Expedia y muchos otros ofrecen sus servicios, y es el mercado el que regula; incluso son extremadamente alérgicos a una regulación estatal, especialmente en la América de Donald Trump. Esas megaempresas intentan por todos los medios aplicar ese régimen por todo el mundo. Incluso ello se vuelve norma para aprovechar los beneficios de la economía digital.
El capitalismo de vigilancia
El escándalo de Facebook, cuyos pormenores explicaremos en el próximo capítulo, solo es un episodio de la influencia de las GAFAM sobre el Estado y la política. El conjunto de la privatización de la web y el fenómeno de la creación de plataformas de servicios informatizados es un indicador de la importancia que ha alcanzado la digitalización en la economía contemporánea. Por otra parte, observamos el fenómeno de la toma de control de la industria digital privatizada sobre gran parte de los gastos públicos relativos al consumo, la salud, la educación, el transporte y otros servicios públicos. La experta Shoshana Zuboff (2018)3 describe el capitalismo de vigilancia en la jerga de los economistas políticos. Ella sostiene que a partir de la lógica de racionalización del trabajo se pasó a una sociedad de mercado cuyos comportamientos individuales y colectivos son cuantificados, analizados, vigilados, gracias a los big data, y que todo ello concurre al advenimiento de un régimen socioeconómico regulado por mecanismos de extracción de los datos, de su procesamiento, de su mercantilización y de su control.
Sin embargo, ese régimen no se enfrenta al Estado como desearían los defensores del neoliberalismo, y peor aún, los del libertarismo, que considera al Estado como una instancia que restringe las libertades individuales y estorba la productividad de las empresas creativas. Una sociedad digital funciona con la innovación, y lo que se adora como el becerro de oro por parte de las GAFAM son los millones que ellas invierten en investigación y desarrollo (I&D). Pero si miramos más lejos, podemos decir que existe una dialéctica entre el Estado y el mercado que podría ser beneficiosa para todos y conduciría a una forma de equilibrio aceptable. Pero no es ciertamente el caso.
La alianza entre los regímenes políticos y los grandes ecosistemas
Se torna necesario observar cómo la política se vuelve un punto de apoyo para los grandes ecosistemas tecnológicos, a medida que los sistemas políticos ya no son capaces de administrar las grandes corporaciones públicas. Así, los gobiernos privatizan (en parte o totalmente) los grandes servicios públicos, como el correo, las telecomunicaciones, el tren, la electricidad o el gas, bajo pretexto de que ya no son rentables (porque están contaminados por el nepotismo, los escándalos políticos o las élites financieras cercanas al poder). Frente a los déficits abismales de los ministerios de Salud y Servicios Sociales, de Educación y de Obras Públicas, muchos sueñan con alejar esos organismos de la política y de los políticos, en favor de reestructuraciones administrativas y tecnológicas. Incluso los gobiernos son confiados a técnicos, como aconteció en Bélgica, donde no hubo gobierno electo durante más de un año (el abogado Yves Duterme se ocupó de los asuntos corrientes), y en Italia con el gobierno “de los técnicos”, bajo la dirección de Mario Monti4. Pasamos de un régimen político a un régimen apolítico, que organiza los equilibrios sociales sobre los principios de la oferta de mercado. Los instrumentos de esta organización son los big data y la capacidad de modelar la sociedad a partir de la oferta (Masutti, 2016).
La sociedad actual ya no puede ser analizada como un régimen ultraliberal al que se opondrían valores de igualdad o de solidaridad. Esta dialéctica está superada, porque el contrato social cambió de naturaleza: hoy la legitimidad del Estado se basa en mecanismos de experticia mediante los cuales el capitalismo de vigilancia impone una lógica de mercado en todos los niveles de la organización socioeconómica, desde la decisión pública al compromiso político. Para comprender hasta qué punto cambió el terreno democrático, y lo que ello implica en la organización de una nación, es necesario analizar sucesivamente el rol de los monopolios digitales (por ejemplo, las GAFAM), las opciones de gobernanza que implican, y comprender cómo esa ideología no es teorizada sino de alguna forma autolegitimada, casi vuelta necesaria porque no se le opone ninguna otra opción política. Como los gobiernos son incapaces de imponer las normas de control de la contaminación (porque tienen que hacerse reelegir cada cuatro o cinco años y trabajan básicamente a corto plazo), algunos sueñan con confiar la cuestión ecológica a una instancia independiente de la política, de los políticos y de los lobbies de toda clase…
¿El capitalismo de vigilancia implicaría el fin de la democracia?
Las empresas desarrollan prácticas de extracción de datos que aniquilan toda reciprocidad del contrato con los usuarios, hasta crear un mercado de la cotidianidad (nuestros datos más íntimos y, a la vez, los más sociales). Nuestras conductas y nuestra experiencia cotidiana se convierten en el objeto del mercado y condicionan incluso la producción de bienes industriales (cuya venta depende de nuestros comportamientos como consumidores). Más aún, ese mercado no está más sometido a las vueltas del azar, del riesgo o de la impredecibilidad, como pensaban los chantres del liberalismo del siglo XX: el mercado se ha vuelto maleable porque son nuestros comportamientos los que son objeto de una predictibilidad tanto más exacta cuanto que los big data puede ser analizados con métodos a gran escala y cada vez más fiables.
¿Por qué afirmamos que pasamos de un régimen político a uno apolítico? Porque la mayor parte de las decisiones y de los órganos operativos de hoy están motivados y guiados por consideraciones relativas a situaciones declaradas imperativas y no por perspectivas políticas. El capitalismo de vigilancia induce no solo el fin del mercado liberal (visto como lugar de intercambios equilibrado de bienes y servicios competitivos), sino que excluye toda posibilidad de regulación por parte de los ciudadanos: estos son considerados únicamente como “usuarios de servicios”, es decir, como consumidores, y el Estado como un proveedor de servicios públicos. Y la decisión pública, por su parte, es un asunto de acuerdo entre los monopolios y el Estado. Un “gobierno de los técnicos”, como se ha visto en Europa, se presenta, por un lado, como el gobierno de la objetividad y de las cifras, que puede rendir cuentas a la Unión Europea y al sistema financiero internacional, y, por otro lado, como el primer gobierno independiente de los partidos. La tecnocracia, como la experticia, se sitúa fuera de los partidos y responde usualmente a los límites de la centralización propios de la decisión pública, y no del poder político y de la discusión de los ciudadanos.
La conjunción entre la concepción del mercado como único organismo gubernamental de las relaciones sociales y de la experticia que determina los contextos y las necesidades de la toma de decisión ha permitido la emergencia de un terreno favorable al Estado-GAFAM. Para convencerse de ello, basta con echar una mirada a lo que se ha llamado la “modernización del Estado”. Las concepciones de la economía mencionadas se resumen de la siguiente manera:
Capítulo 2
Lo que nos revela el escándalo de Facebook sobre la utilización de los datos personales
Urge reconocer que el ciberespacio está constituido por ciudadanos, y no solo por consumidores que prestan su consentimiento.
(Trudel, 27 de marzo del 2018)1
Recordemos brevemente el escándalo de Facebook, que a fines de febrero del 2018 reveló a la opinión pública que la firma Cambridge Analytica había utilizado sin autorización los datos personales de 80 millones de usuarios de Facebook para influir en la elección americana de Donald Trump y la victoria del brexit en Inglaterra. Esa explotación vilmente mercantil de los datos personales de millones